Rechazamos criminalización de víctimas en gobierno de Yunes: ONEA

*Conmina a las autoridades de Veracruz para que apeguen su actuación y discurso a las premisas contenidas en la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”

| | 16 Feb 2018

Ante la circunstancia innegable de que el Estado de Veracruz padece una crisis en materia de seguridad, transformada en actos delictivos y de violencia en contra de los ciudadanos y, en particular, frente a la desaparición, el pasado 3 de febrero, de cuatro personas (Julio César Hermida Viñas, Julieta Gómez Güemes, Maricela Zarmiento Villalobos y Julián Antonio León Guzmán), la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), estima necesario emitir un posicionamiento frente a la sociedad al tenor siguiente:

1.- ONEA deplora, en primer lugar, que la violencia y la comisión de delitos en el Estado de Veracruz, se presente como un fenómeno ante el cual las autoridades se muestren, cuando no indolentes, incapaces de garantizar a las personas el Derecho Humano a la seguridad.

2.- En el discurso oficial del Gobierno de Veracruz, frente a delitos de alto impacto (secuestros, ejecuciones, desapariciones), la constante es la tendencia a criminalizar a las personas que han sido víctimas, exponiéndolas al desprecio de la sociedad, al asegurar que se encontraban involucradas con el “crimen organizado”, o utilizando expresiones como el no ser “gente de bien”. Se pierde de vista, entonces, que —en donde impera el Estado de Derecho— solamente los jueces pueden decidir si alguien es o no delincuente, y que a nadie se le puede revocar el derecho fundamental de ser considerado y tratado como inocente.

3.- Por tanto, ONEA conmina a las autoridades del Estado de Veracruz, en primer lugar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y al fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, para que apeguen su actuación y discurso a las premisas contenidas en la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, en la que preconiza (inciso 4), que “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad”.