Días aciagos en México que anuncian un sismo político de gran magnitud

22 Sep 2017 /

La dimensión de la tragedia que causaron los sismos sobrecoge. Las notas periodísticas, imágenes, videos, crónicas, reportajes y el cúmulo de información que hemos visto y escuchado en televisión y radio, en medios digitales o impresos y, de manera destacada, en redes sociales, conmueve.

La destrucción, la muerte, la desgracia y el miedo de millones de compatriotas nos mantiene en vilo en estos días aciagos en que la fuerza de la naturaleza se hizo presente con toda crudeza en México. Pero ver en medio de la emergencia a miles y miles de voluntarios, de jóvenes, mujeres, adultos y familias enteras salir a la calle a dar la mano a los caídos, a remover escombros, a solidarizarse con el prójimo, a dar aliento, cobijo, alimento y apoyo a quienes auxilian a los damnificados, a quienes buscan sobrevivientes, es aún más emotivo. Es la prueba fehaciente de la grandeza de los mexicanos, de su voluntad de superar la adversidad, de no doblegarse ante el infortunio. Es muestra, incuestionable que son más los buenos que los malos en este país, que la sociedad es más grande que su gobierno, más respetable y admirable, por mucho, que la parasitaria clase política que padecemos.

Las ondas expansivas de los sismos que causaron gravísimos daños en Oaxaca y Chiapas hace un par de semanas y el fatídico martes 19 de septiembre en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero y el Estado de México arrasaron con muchas construcciones, con vidas, seguridades y certezas, pero amenazan con derribar o dejar inhabitable y listo para demolición el edificio de la simulación oficial, el de las complicidades, la arrogancia y desdén de los políticos, el que alberga a una partidocracia voraz alimentada por el barroco y oneroso sistema de competencia electoral que tenemos, diseñado ¿por quién cree?, pues por los propios partidos y políticos que se nutren de él.

Para infortunio de los privilegiados de siempre, los que se frotaban las manos ante los más de 25 mil millones de pesos que pensaban gastarse el próximo año en las elecciones federales y locales, los sismos y la consiguiente tragedia despertaron de su letargo a millones de mexicanos.

Gracias a las redes sociales, las benditas redes que nos permiten hoy conocer al momento lo que sucede, donde cada cibernauta es un reportero, camarógrafo o activista, han sido miles quienes han reaccionado airados ante el mutismo y la ausencia de senadores, diputados, dirigentes partidistas y políticos de toda laya frente a la destrucción y las ingentes necesidades de los afectados.

Frente al heroísmo de ciudadanos de a pie, la generosidad de gente pobre que dona víveres, participa activamente en centros de acopio, lo inmediato era y es exigir a los partidos políticos renunciar a buena parte o a todo ese botín que pensaban repartirse. Por eso a través del hashtag #PartidosDenSuDinero, en redes sociales se comenzó a solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que los casi 7 mil millones de pesos que se destinarán a los partidos políticos para el proceso electoral de 2018, lo que es decir para tirarlo a la basura, comprar voluntades o embolsárselo, sea destinado para las tareas de reconstrucción, luego de los dos sismos que, en menos de un mes, sufrió el país.

Una petición iniciada en la plataforma Change.org se ha viralizado en redes sociales y en menos de dos días ha logrado que un millón 475 mil 879 simpatizantes la firmen, un récord mundial en la historia de este mecanismo cibernético de apoyo a causas de interés colectivo.

Ha sido de tal magnitud la reacción ciudadana que hizo recular a consejeros del INE y a atemperar su discurso inicial, expresado luego de que el líder del partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador, afirmara que esta fuerza política donaría un 20 por ciento de sus prerrogativas para las tareas de reconstrucción en Oaxaca y Chiapas, y que los llevó a calificar de “ilegalidad” esta iniciativa. Esta postura obviamente sirvió a legisladores y dirigentes del PRI, PAN, PRD y otros para enderezar descalificaciones a la propuesta y aferrarse, al igual que los consejeros del árbitro electoral, al discurso legalista e hipócrita de que el dinero de las prerrogativas es intocable porque deriva de un mandato constitucional. Como si en México la competencia electoral fuera impoluta, impecable y legal, y no tuviéramos ejemplos abundantes de torcimiento de la ley, fraudes avalados por el INE y consentidos por el Tribunal Electoral, como en la reciente elección del Estado de México. Discurso legalista que es creíble en Suecia pero no en México, el país de la simulación y donde a la porosa legalidad se antepone, cuando conviene, la justicia y gracia para los cuates, como dijo el presidente Juárez.

Si nos atenemos al espíritu de la ley, y si el fin último de la Carta Magna es tutelar las garantías y derechos individuales y sociales, no puede haber obligación más importante que garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda y la educación de las mayorías que hoy urge apoyar, de los millones de mexicanos que literalmente se quedaron en la calle, sin casa, sin escuela, con clínicas y hospitales seriamente afectados, con infraestructura urbana quebrada, en la mayor indefensión. En esta coyuntura las enormes cantidades de dinero que por concepto de financiamiento recibirían los partidos, esas “entidades de interés público” que en realidad funcionan como entidades de intereses privados y de grupo, es una ofensa y resulta poco menos que inmoral.

Ese es el sentido de la demanda ciudadana que hoy recorre el país, y que ha puesto contra la pared al INE y a las dirigencias partidistas, reacios siempre, como los legisladores y la clase política en general, a perder privilegios. Pero cuando el pueblo dice que es de noche más vale ir prendiendo las farolas y por sobrevivencia lo menos que pueden hacer las élites partidistas es atender el llamado. Lo cual, desde luego, los mete en un brete. O se ponen en sintonía con la exigencia social o que se vayan despidiendo de sus aspiraciones políticas., pues la gente los va a repudiar y se los mostrará en las urnas.

En esta hora de emergencia la gente no ha visto cerca de ellos a sus representantes populares ni a quienes elección tras elección buscan su voto. Lucen por su ausencia o pretenden lucrar con su desgracia. Por ello la desconfianza y el descrédito de los partidos políticos y sus cuadros legislativos o en los gobiernos estatales llega ya a cotas altísimas. Les han colmado la paciencia. Véase si no cómo en estos momentos mucha gente está siguiendo las recomendaciones que se hacen en redes sociales para marcar y rotular con leyendas de apoyo los empaques de alimentos enlatados y botellas de agua que se entregan en los centros de acopio para damnificados, a fin de que no sean utilizados para el reparto de despensas por parte de candidatos y partidos en las próximas campañas políticas. Un solo ejemplo del humor social respecto a los políticos que hoy impera.

Si el terremoto de 1985 en la Ciudad de México fue el parteaguas de la organización y movilización ciudadanas que inauguró la alternancia en 1989 en el estado de Baja California, cuando el PAN gana su primera gubernatura, y que al final del día echó al PRI de la Presidencia de la República en el año 2000, las consecuencias de los sismos de este 2017 y la insurgencia ciudadana que se avecina, es probable que lleve a situaciones hoy inimaginables. Suenan las alarmas, pues, de un terremoto político de intensidad aun no cuantificable.

A los damnificados de toda la vida, quienes viven en la pobreza, se suman ahora millones más víctimas de los sismos, la corrupción y la inseguridad que a todos agobia.

Por lo pronto buena tarea tienen frente a sí el INE y las dirigencias partidistas, así como los ciudadanos que deben proponer, y vigilar sobre todo, el mecanismo idóneo para hacer efectiva la retención parcial de las prerrogativas, su correcta administración y su puntual aplicación en las enormes tareas de reconstrucción.

La voracidad y mezquindad de la clase política no puede tener ya cabida y menos en estos días trágicos.

Los mexicanos damnificados y los ciudadanos solidarios y ejemplares que están en tareas de apoyo no lo merecen y, como se avizora, no lo aceptarán más.


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