El ejercicio del criterio
Por: Francisco Domínguez Canseco
Seguridad Pública y gobiernos municipales
2017-12-05 /
Cuando el gobierno estatal minimiza la existencia la violencia, ofende a la sociedad veracruzana y niega el horror que los medios de comunicación registran día a día en sus espacios informativos; niega los reclamos de cientos de familias que exigen la aparición con vida de sus seres queridos; niega el asesinato de periodistas y la muerte de policías que se han enfrentado a los grupos delincuenciales.


II
Las cifras no mienten, del “1 de enero al o al 31 de octubre de 2017, los medios de comunicación han reportado 218 asesinatos de mujeres en el Estado de Veracruz. Del total, 155 presentaron características para ser considerados como feminicidios, señaló el Proyecto Asesinatos de mujeres y niñas por razón de Género, Feminicidio en la entidad veracruzana, elaborado por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Dicho estudio, coordinador por la antropóloga Estela Casados González, señala que sólo 2016 cerró con el reporte de 190 casos, de los cuales al menos 142 con características de feminicidio.” (8 de noviembre de 2107, Formato7)
La violencia feminicida es sólo un síntoma de la crisis humanitaria que vimos en Veracruz; las violencias tienen causas sociales profundas que se asocian a la cultura machista, la exclusión social, la corrupción gubernamental, la impunidad, la ineficacia y corrupción de los sistemas de impartición de justicia, la inutilidad y corrupción de los aparatos policiacos y la ausencia de políticas públicas de prevención social de las violencias han generado el clima que ahora vivimos en Veracruz.


III
Ahora el gobierno estatal pretende responsabilizar a los gobiernos municipales de la seguridad pública, así le llaman, además afirman que los gobiernos municipales deberán pagar los gastos que implican bridar dicho servicio. Los gobiernos municipales han sido víctimas o cómplices de la situación de violencia que vivimos; durante 12 años de gobiernos estatales, del PRI, fueron debilitados, endeudados y sometidos a la política estatal y al fomento de la corrupción; pocos gobiernos municipales resistieron a los embates.
La debilidad institucional de los gobiernos municipales es histórica, muy pocos gobiernos municipales tienen capacidad económica, técnica, administrativa, equipamiento adecuado y equipo humano profesional para atender las tareas de policía preventiva municipal. Los reportes de las Comisiones de Derechos Humanos son contundentes: muchas las policías municipales son violadoras de derechos humanos. Otros estudios afirman que ha sido cooptadas por los grupos delincuenciales.
Las policías municipales carecen de preparación profesional y sus niveles de educación son bajos, no tiene una formación en Derechos Humanos ni capacitación para sus tareas de prevención, trabajan largas jornadas, su equipamiento es precaria, bajos salarios y prestaciones sociales muy por debajo de las mínimas legales. Ser policía municipal es una tarea social no reconocida ni valorada por nuestra sociedad, el policía municipal lo es mientras encuentra otra oportunidad de empleo no peligroso o mejor remunerado.


IV
El articulo 115 de nuestra Constitución General establece que los municipios los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, el inciso h, establece que la “Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito” El referido artículo 21, establece que la “investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
Define que “compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.”

Determina que la “seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. El Ministerio Público y las instituciones policiales es de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública que estará sujeto a las siguientes bases mínimas”, de las cuales cito sólo tres, por razones de espacio, pero que son claves para comprender el mandato constitucional y dar cuenta que los gobiernos municipales siempre han pagado el servicio de la policía preventiva municipal, ver el inciso e. En nuestro estado así ha sido, aun cuando las policías han sido intermunicipales.
“a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
c)La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
d)Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.”

V
La policía municipal es preventiva, quienes pretende obligarla a enfrentar a los grupos delincuenciales, deben reconocer que las policías municipales tienen como tarea sustantiva la prevención; que para lograr que cumpla su función legal de prevención deben pasar por un proceso de fortalecimiento institucional que implica una mejorar sustancial de sus salarios y prestaciones, un proceso de formación en Derechos Humanos e Igualdad de Género, una permanente evaluación de su trabajo por la comunidad y el gobierno municipal. Así mismo las y los integrantes del ayuntamiento, los ediles, requiere capacitación en prevención social de las violencias, sistema de justicia penal, Derechos Humanos e Igualdad de Género, además de conocer sus funciones y atribuciones legales. Los nuevos gobiernos municipales seguirán teniendo bajo su mando la policía preventiva municipal, por mandato constitucional, y la tarea sustantiva dignificar la labor de la policía preventiva municipal, hacerla confiable y coordinada con la comunidad, para que sea recocida y respetada; nos corresponde como sociedad municipal vigilar y evaluar ese trabajo. Usted qué opina amable lectora o lector.

frandcanseco@gmail.com
 
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