Instituciones educativas, de salud y organismos civiles, piden reasignaciones presupuestales

*Aportaciones se integrarán al análisis del PEF 2023: diputado González Robledo

| | 14 Oct 2022

Al clausurar los trabajos de la Mesa de Diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto, con la temática de Desarrollo Social, el diputado Erasmo González Robledo (Morena), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que los objetivos de desarrollo social son una tarea que requiere la participación coordinada de los sectores de la producción, organizaciones sociales y ciudadanía.

Agregó que los planteamientos enriquecerán el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, buscando el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en los rubros de cultura, educación, salud, vivienda, deporte, vulnerabilidad y los que se vinculan al desarrollo humano.

Estaremos atentos, dijo, porque sus planteamientos se integrarán al dictamen del Proyecto de PEF 2023 que se propondrá al Pleno. “Las y los diputados de las comisiones que acompañaron estos trabajos tomaron nota y se llevan la tarea de incluir en la discusión y análisis las sugerencias de este primer Parlamento Abierto”.

La diputada Claudia Selene Ávila Flores (Morena) manifestó que los elementos aportados en este foro abonarán para detectar áreas de oportunidad en el PEF 2023.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Ivonne Cisneros Luján (Morena), estimó que se tiene que abordar con la SEP y con la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, cómo se va a resolver el acceso a salarios y prestaciones de las y los trabajadores y de diversos sistemas de educación media. “Tenemos que mirar hacia la precarización de los salarios de los trabajadores administrativos de las universidades”.

La diputada Sonia Rincón Chanona (Morena), secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Púbica, dijo que este espacio permitió escuchar datos importantes que ayudarán a enriquecer el presupuesto. “Analizaremos con detenimiento el gasto social para que sea más eficiente y efectivo, que más que un gasto sea una inversión para mejorar el futuro inmediato de millones de mexicanas y mexicanos.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI) se pronunció por que las y los legisladores hagan una revisión exhaustiva de todos los datos e información aportada por las y los participantes, con estricto apego a la legalidad y la realidad para brindar un proyecto de salud al pueblo que sí resuelva y haga efectivo el derecho a la protección a la salud.

Participantes

De la Secretaría de Cultura, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Omar Monroy Rodríguez, refirió que el presupuesto planteado para 2023 es de 15 mil 925 millones de pesos, de los cuales se prevé destinar 188 millones de pesos al programa de apoyos a la cultura, mil 196 millones al de fomento al cine mexicano, que sustituye los fideicomisos con que contaba el cine, y 600 millones al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Con los recursos solicitados también se atenderá la infraestructura cultural.

Eréndira Cruzvillegas Fuentes, abogada general de la Secretaría de Cultura, señaló que se ha trabajado por descentralizar esta actividad con programas de cultura comunitaria impulsados en 579 municipios de alta prioridad, para generar procesos de participación. Indicó que se han sustituido los fideicomisos por sistemas centrados en la participación de comunidades indígenas y afromexicanas y populares, la integración de nuevas y nuevos creadores y mecanismos de acceso a becas y fomento cultural.

Sergio Olhovich Greene, presidente de Federación de Sociedades Cooperativas de Cine y Medios Audiovisuales, solicitó financiamiento directo a los cineastas organizados en cooperativas o mediante el Sindicato y que el Estado impulse una cadena de salas cinematográficas.

Daniel Hernández González, coordinador sectorial de Planeación y Administración de la Subsecretaría de Educación Media Superior, comentó que esta área sufre la ausencia de reconocimiento de relación laboral de docentes, rezago en infraestructura y cobertura lo que afectará en la educación a 3 millones de estudiantes.

Alejandra Llanos Guerrero, coordinadora de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) A.C., afirmó que el PEF 2023 no presenta ni garantiza una estrategia de recuperación del aprendizaje en educación básica, no recupera la caída de la matrícula, no prioriza el bienestar sicosocial de las y los alumnos ni aborda la brecha digital.

Jehú Joksán Tinoco Hernández, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación Media Superior de Morelos, consideró necesario un reajuste salarial para recuperar parte del poder adquisitivo de los trabajadores. Solicitó que se fije un monto que subsane los bajos salarios y las deficiencias de infraestructura.

El maestro Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, supervisor de zona escolar 044 en el municipio Benemérito de las Américas, Chiapas, se refirió al programa “La Escuela es Nuestra” y dijo que el presupuesto de 13 millones de pesos se incrementará este año al doble, por lo que se deben definir líneas de acción, montos y reglas de operación claras.

La maestra Adriana Concepción Sosa Rodríguez, directora técnica en la escuela primaria Benemérito de las Américas, Chiapas, mencionó que el presupuesto planteado para el programa “La Escuela es Nuestra” es de 27 mil 52 millones de pesos, “pero no sirve contar con más recursos si no es claro cómo se destinarán a cada componente”.

Arianna Cruz González, oficial de Política Social de UNICEF México, recomendó una mayor inversión pública para la infancia, evitar recortes significativos a inversiones prioritarias, así como mejorar la metodología del Anexo Transversal para Niñas, Niños y Adolescentes.



Dámaris Sosa de Antuñano, coordinadora de Incidencia Federal de Pacto por la Primera Infancia, advirtió que hay reducciones significativas en programas clave como el de Vacunación, en donde la cobertura ha sido apenas de 27.5 por ciento, una de las más bajas en los últimos años, lo que significa que solo 3 de cada 10 de niños recibe el esquema.



Vía plataforma digital, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del CONEVAL, recomendó fortalecer la política de gasto público para revertir los efectos negativos registrados por el incremento en la inflación y el valor monetario de la canasta alimentaria. Sugirió mantener la política orientada a recuperar los salarios mínimos. Propuso impulsar la adopción de incentivos tributarios y promover una política encaminada a elevar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, y continuar con una estrategia de formalización laboral.

Mireya Mondragón Cervantes, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEP, A.C., refirió que el presupuesto 2023 pone como prioridad el gasto federalizado, el pago en pensiones y el costo financiero de la deuda que concentran 63.2 por ciento del gasto total, que está por encima del de salud, educación y cuidados, lo que implicaría el crecimiento de los gastos ineludibles y, en consecuencia, la reducción del espacio fiscal disponible.

De México Evalúa, A.C., Jorge Eduardo Cano Anaya externó que en el Presupuesto 2023 se proponen 950 mil millones de pesos para el programa de subsidios, 124 mil millones más que el año pasado. Expresó que es necesario reconsiderar la forma de priorizar el gasto en subsidios para fortalecer más programas e incidir en un mayor número de problemáticas sociales, corregir la opacidad y la mala distribución geográfica de los programas de subsidios para evitar su uso político y electoral.

El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Marco Vinicio Gallardo Enríquez, señaló que hay una reducción de 16.2 millones de pesos al programa de vacunación, que modificó el monto para los biológicos anti Covid-19 ante a la incertidumbre sobre la necesidad de repetir los esfuerzos de inmunización.

La directora adjunta de Investigación y Especialista en Salud y Finanzas Públicas, Judith Senyacen Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) A.C., expuso que en el Proyecto de Egresos se prioriza el primer y segundo nivel de atención de salud, pero se deja desprotegidas a enfermedades como VIH y cánceres en adultos e infantil. Alertó que México no cuenta con las finanzas públicas mínimas para hacer frente a nuevas pandemias o lo que ocasione el cambio climático.

María del Carmen Cabrera Bolaños, jefa de División Homóloga de la División de Política Presupuestaria y Evaluación del Desempeño del IMSS, explicó que a causa de la pandemia el Instituto sufrió afectaciones en sus finanzas, por lo que el siguiente año se pretende priorizar la atención médica, ampliar la capacidad y calidad y superar el rezago, promoción y prevención de la salud.

José Osvaldo Salas Jácome, colaborador del área de Monitoreo y Evaluación a Programas Presupuestarios del IMSS, explicó en qué consiste cada uno de los seis programas de la estructura programática que lleva a cabo el Instituto.

Vía digital, Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, A.C., indicó que para 2023 se plantea un incremento del gasto en salud de 3.9 por ciento, lo que corresponde a 33 mil millones de pesos más de lo aprobado en 2022; sin embargo, una parte de este incremento es para aportaciones a fideicomisos e inversiones; el problema es que no queda claro en qué se van a gastar. Además, preocupa el corte que se plantea para el programa de vacunación.

Salvador Arguelles López, subdirector de Programación y Presupuesto del ISSSTE, consideró que para este año se requiere un incremento de 65 por ciento en el rubro de servicios personales, con el fin de sufragar el gasto de la plantilla médica y fortalecer la atención al derechohabiente.

Anahí Vargas Vargas, subdirectora de Pensiones del ISSSTE, afirmó que el gasto pensionario representa alrededor de 70 por ciento del presupuesto asignado al Instituto. “Es importante mencionar que cuenta con 1.2 millones de pensionados vigentes”.

El director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, Alfredo Hidalgo Miranda, solicitó un incremento de recursos fiscales por un monto de 114 millones 514 mil pesos para iniciativas de la institución como resolver la crisis forense en México de 53 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes, dar respuesta a emergencias sanitarias y detectar portadoras de alteraciones genéticas que elevan el riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario.

La colaboradora de Salud Justa Mx, Adriana Rocha Camarena, destacó que hay diversas necesidades que no se han cubierto presupuestalmente en materia de salud. Propuso aumentar la cuota impositiva a los productos de tabaco, de un peso por cigarrillo, lo que incrementaría la recaudación en 21 por ciento y reduciría la incidencia de fumadores en 58 por ciento.

Diana Iris Tejadilla Orozco, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, indicó que hay un subregistro de suicidios a nivel nacional, además de que la mayoría de los medicamentos psiquiátricos no son controlados, aunado a que hay en México menos de 4 mil 500 psiquiatras para atender a la población, por lo que se requiere de plataformas digitales que ayuden a llegar a la población. Históricamente no ha habido recursos para atender la salud mental.

Evangelina Tapia, directora de Estrategia y Procesos del Consejo Nacional de Salud Mental, puntualizó que hay un rezago importante tanto en la atención como en los presupuestos otorgados, por lo que se requiere del recurso humano capacitado e infraestructura física para atender a la población, para lo que se necesitan 97 mil millones de pesos.

El jefe de Departamento de Oncología Torácica, del Instituto Nacional de Cancerología, Oscar Gerardo Arrieta Rodríguez, precisó que requieren recursos por 2 mil 500 millones de pesos, pues además de las necesidades, prácticamente hubo el doble de pacientes atendidos en radioterapia, muchos de ellos referidos desde otros hospitales y médicos particulares que carecen de equipo.

Patricio Miguel González Huerta, de Hematored México, pidió incluir a las enfermedades hematológicas en el Fondo Nacional de Protección para Gastos Catastróficos, para su atención inmediata.

Gabriela Concepción Alamilla García, oncóloga médica del Instituto Nacional de Cancerología, habló sobre el Programa de Sarcomas, y solicitó apoyo para etiquetar recursos a dicho programa que atiende a pacientes con este tipo de cáncer.

Miguel Ángel Jiménez Ríos, jefe de Departamento de Urología del Instituto Nacional de Cancerología, refirió que en México se presentan anualmente 26 mil casos de cáncer de próstata, que es más frecuente que el de mama; sin embargo, los apoyos y la información no son de manera equitativa, porque siete de cada 10 pacientes que llegan al Instituto están una etapa incurable.

Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del STUNAM, estimó que requieren un incremento salarial de 20 por ciento por encima de la inflación anualizada, debido a que en los últimos cinco años se ha perdido el poder adquisitivo en más de 70 por ciento. “Una partida presupuestal etiquetada para ampliar la infraestructura de la UNAM y cubrir el aumento de la matrícula estudiantil”.

De la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas, Karla Araceli Mendoza Alcántara planteó una asignación adicional del presupuesto de tres por ciento para esos padecimientos, que equivale a 663 mil 452 millones de pesos.

La presidenta del Frente de Enfermería Oaxaqueña, Noemí Nolasco Salinas, propuso incrementar el presupuesto para el sector salud en todo el país al 6 por ciento del Producto Interno Bruto, actualizar los catálogos sectoriales para enfermería, así como los tabuladores salariales.

A su vez, Juan Jaffet Millán Márquez, rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, informó que 50 por ciento de sus recursos son estatales, 29 por ciento ingresos propios y 21 por ciento federales, por lo que solicitó apoyo para que contemplen a esa universidad en el PPEF 2023.

El comisionado estatal de Pueblos Indígenas de Hidalgo, Prisco Manuel Gutiérrez, expresó que existen necesidades de infraestructura, sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación e importantes retos en salud. Indicó que al año se etiquetan 50 millones de pesos para proyectos de infraestructura y no hay recursos para proyectos productivos.