PRD y PAN reivindican fallo de la CIDH tras caso Digna Ochoa

*En dicha sentencia, se resolvió que México debe elaborar, presentar e impulsar –a través del Legislativo- una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los Servicios Periciales, como órganos especializados, imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio

| | 18 Oct 2022

Los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, a través de Gabriela Sodi Miranda y Santiago Torreblanca Engell, respectivamente, refrendaron una Iniciativa que reforma los artículos 21 y 73 constitucionales, para atender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicada el 25 de noviembre de 2021, en el caso Digna Ochoa y familiares vs el Estado mexicano.

En dicha sentencia, se resolvió que México debe elaborar, presentar e impulsar –a través del Legislativo- una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los Servicios Periciales, como órganos especializados, imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio; y plena autonomía técnica y de gestión, en un plazo dos años contados a partir de la notificación de esta sentencia, los cuales vencen en noviembre del año próximo.

Sin embargo, la diputada Sodi Miranda refirió que el 15 de marzo pasado, presentó una iniciativa para dar cumplimiento al fallo, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales que encabeza Juan Ramiro Robledo Ruíz, donde -apenas la semana pasada- se dictaminó en sentido negativo bajo el argumento de que “no es necesario reformar el párrafo primero del Artículo 21 de la Constitución, debido a que la Fiscalía General de la República ya goza con personal de servicios periciales quienes, en ejercicio de su encargo, tienen libertad y autonomía técnica para emitir y determinar el sentido de sus informes, opiniones o dictámenes…”

Con este argumento, expuso Sodi, la Comisión de Puntos Constitucionales pretendió echar abajo el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana, aludiendo asimismo que “las solicitudes de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación o de los y las agentes de Policía Federal Ministerial y de los demás sujetos legitimados, no influyen, dirigen, condicionan, ni afectan los criterios que los peritos emiten en sus informes, documentos, opiniones y dictámenes, de conformidad al Artículo 43 de la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021.”

Los legisladores de oposición agregaron que, por lo que toca a las Fiscalías Generales de las entidades federativas, se argumentó que tampoco procede reformar el párrafo primero del Artículo 21 constitucional, “toda vez que, de los 31 estados y la Ciudad de México que integran la República Mexicana, en 25 de ellos, sus Fiscalías Generales tienen servicios periciales autónomos, independientes y profesionales y solamente en 7 entidades federativas, sus Fiscalías Generales carecen de dichas características”.

Sodi Miranda y Torreblanca Engell destacaron que los argumentos de la Comisión de Puntos Constitucionales utilizados para la elaboración del dictamen, “no atienden el espíritu de la sentencia del Tribunal regional en materia de derechos humanos, ya que, si bien la Ley de la Fiscalía General señala las personas peritas en ejercicio de su encargo tienen libertad y autonomía técnica para emitir y determinar el sentido de sus informes, opiniones o dictámenes, también es cierto que siguen estando bajo la dirección y mando de una persona titular de una Fiscalía o Procuraduría, por lo que su trabajo jamás será autónomo, estando subordinado”.

Con ello, aseveró el diputado Torreblanca, “el Proyecto de Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados le decía a la Corte Interamericana: ‘No me importan tus sentencias’; ¡prácticamente ese era el mensaje de Morena!, y tuvo bien la Diputada Soria retirarla para lograr un mayor consenso, generar presión social y lograr que salga delante”.

El legislador panista recordó que la Corte Interamericana falló a favor de la familia de la abogada y activista de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, luego de la anarquía generada en los peritajes derivados de su asesinato en 2001.

“En un primer momento, los peritos que analizaron la escena del crimen, los forenses, y una prueba de la procuraduría (en ese entonces) decían cosas diferentes: En una, hablaban de una sola herida de bala que –aparentemente- había sido un “suicidio”. La segunda hablaba de dos lesiones de bala, una en el muslo con entrada y salida, y otra en la sien sin herida de salida, y un hematoma en el muslo. Y se descubrió que, realmente, esas pruebas periciales eran fabricadas siguiendo los prejuicios y la línea de investigación que, previamente, había dado la Fiscalía”.

Es decir, aseveró Torreblanca, la Fiscalía (Procuraduría en esa época), primero llegaba a una conclusión y, posteriormente, trataba de armar un proceso “a modo” para que se ajustara a la conclusión que ellos querían. Es por eso que la Corte Interamericana, después del proceso, ha otorgado el falo en favor de los familiares de Digna Ochoa y condenó al Estado mexicano -entre otras cosas- a realizar esta reforma constitucional en esos términos”.

Concretaron, que la sentencia de la Corte señala que es una carencia del sistema penal mexicano, el que los servicios periciales no cuenten con la autonomía e independencia necesarias para garantizar que sus determinaciones no sean influidas por ninguna persona.

“Tal y como lo dice la sentencia, debemos hacer las adecuaciones normativas y administrativas necesarias para que los servicios periciales sean independientes de las fiscalías estatales y federal, y que se garantice normativamente que las pruebas periciales aportadas por las víctimas sean incorporadas a las investigaciones sin necesidad de validación o autorización del Ministerio Público”, indicaron.

“Por ello, desde aquí, exhortamos al presidente, así como a las y los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales a elaborar un dictamen que atienda el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, remató la diputada Sodi Miranda, no sin antes externar su preocupación de que “el partido mayoritario, y su bancada, estén haciendo el ejercicio del no respeto al Estado de Derecho ni a las sentencias de las cortes”.