Ex Ruta 100, Crímenes de Estado…

*Este 8 de abril se cumplen 29 años de la tragedia que siguen viviendo 12,004 ex trabajadores tras la quiebra de esta central camionera urbana, donde permanece abominables “Décadas de sangre”

Blas A. Buendía . | Ciudad de México | 07 Abr 2024

Masacre y genocidio es el panorama que sigue tristemente padeciendo ex trabajadores de la extinta Ruta-100, que este 8 de abril cumple 29 años sin que el gobierno de la Ciudad de México, de una legítima solución al conflicto social y laboral, dejando una estela de más de seis mil personas fallecidas, siendo la última víctima, la de su líder moral Jorge Cuellar Valdez, acaecido el 26 de septiembre de 2023.

Al hacer un recuento histórico, la ex Ruta 100 detalló que en enero de 1981, el entonces Regente del Departamento del Distrito Federal (DDF), Carlos Hank González, anunció la revocación de concesiones otorgadas a los particulares para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en autobuses.

Ante esta situación, el DDF y la alianza de camioneros de México, celebraron un convenio para mejorar la calidad del servicio de transporte. Los concesionarios se comprometieron a renovar 2 mil 400 unidades, racionalizar los recorridos y ofrecer seguro del viajero.

Sin embargo, después de siete meses, los acuerdo firmados no se cumplieron en su totalidad por lo que el 18 de agosto de 1981, el presidente José López Portillo, emitió un decreto por el que se creó un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Autotransportes urbanos de Pasajeros Ruta-100, con el objetivo de prestar servicio de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y zonas conurbadas. Ruta 100, empresa descentralizada, fue un ejemplo en transporte de pasajeros en México y a nivel Latinoamérica.

El sábado 8 de abril de 1995, el DDF, encabezado por Óscar Espinoza Villarreal, decretó la quiebra de Ruta 100, según las autoridades capitalinas, por su insolvencia económica y la deficiencia de su servicio.

A las dos de la mañana fueron expulsados de todos los módulos de Ruta-100, a todos los trabajadores —como si fueran delincuentes— con el uso de la fuerza pública a través de un cuerpo de granaderos armados con escudos y toletes.

La represión policiaca de aquel entonces, tomó el control de los 27 módulos operativos (encierros) e impidió el ingreso del personal, que a las tres de la mañana se presentaban a sus respectivos lugares de trabajo para iniciar sus labores del día. También ese día y los subsiguientes se detuvo a quienes se convertirían con posterioridad en traidores de defraudadores del SUTAUR-100, Ricardo Barco López y otros 11 líderes del SUTAUR, siendo acusados de desviar nueve millones de pesos del fondo de ahorro de los trabajadores.

Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en complicidad gubernamental con importantes  connotados funcionarios de su época, como Esteban Moctezuma Barragán (secretario de gobernación), Óscar Espinoza Villarreal (Regente del DDF), y el magistrado Saturnino Agüero Aguirre (presidente del Tribunal Superior de Justicia del distrito Federal), fraguaron la desaparición del SUTAUR-100.

Según la ex Ruta 100, a éste último personaje se le culpó ser el responsable de la quiebra de Ruta-100, dejando sin trabajo y sin sustento a más de 12 mil trabajadores y sus familias; y responsable de los crímenes ocurridos en la quiebra de Ruta-100.

Tras la declaración de la quiebra ocurrieron misteriosos sucesos que a la fecha no han sido esclarecidos, los cuales fueron calificados como Crimen de Estado.

Ex Ruta 100, enumeró puntualmente cada hecho de sangre: el suicidio del entonces secretario de Transporte del DDF, Luis Miguel Moreno, el 10 de abril.

El acribillamiento de Humberto Priego, Fiscal asignado a la causa contra los líderes del SUTAUR-100 y su secretaria, el 18 de junio y la ejecución del magistrado Abraham Polo Uscanga, quien denunció presiones del entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, magistrado Saturnino Agüero,

Arriaz de la quiebra de Ruta-100, se firmó un convenio político en el que se sentaron las bases tendientes a la solución del conflicto entre trabajadores y gobierno, donde liquidaba el gobierno a los 12,004 trabajadores a un 72% y quedaba un 28% para otorgar concesiones de transporte público de pasajeros, a los trabajadores de la R-100.

Estos acontecimientos, y con el correr de los últimos 29 años, el 14 de diciembre de 2021, el Congreso de la Ciudad de México, ratificó un Punto de Acuerdo del 19 de noviembre de 2014, a través del cual se exhortó al GCDMX, instruyera a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas, para que conforme a acuerdos institucionales con la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, analizaran la problemática de la Comisión Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100.

El tres de noviembre del 2022, el mismo Congreso de la Ciudad de México, emitió un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a analizar la posibilidad de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2023, se determinen los recursos económicos necesarios para proponer una solución paulatina y progresiva al pendiente histórico de los trabajadores de la ex Ruta-100, proponiéndose la creación de un fondo que permita al gobierno local, contar con los recursos económicos necesarios para atender y solucionar el conflicto histórico de los trabajadores de la R-100.

En este historial de hechos, en su momento, el presidente de la Comisión Liquidadora Jorge Cuellar Valdez, dejó un legado terminado y firmado para que el Gobierno de la Ciudad de México, cumpliera con el Punto de Acuerdo del 19 de noviembre de 2014 y ratificado el 14 de diciembre de 2021, por el propio Congreso de la Ciudad de México II legislatura.

El Gobierno de la Ciudad de México, en lugar de darle cumplimiento al Punto de Acuerdo del 19 de noviembre de 2014 y ratificado el 14 de diciembre por el Congreso de la Ciudad de México II legislatura, al adeudo del 28% que les fue descontado de su liquidación a los trabajadores de ex Ruta-100 y adeudos de los convenios políticos, prefirió dar un apoyo a un universo de 12,004 trabajadores que llegaron a la declaratoria de quiebra y no darle cumplimiento al Punto de Acuerdo que quedó asentado en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y Congreso de la Ciudad de México, que por años se luchó para lograr el Punto de Acuerdo y exhortos que el Gobierno de la capital, no respeto, y sigue sin respetar.

En cada movimiento laboral siempre surge la figura de los lacayos, esquiroles y defraudadores donde Ricardo Barco López, Gabino Camacho Barrera y Arturo Mendoza Larraguivel, con base de mentiras y engaños, prometieron que los trabajadores en lucha obtendrían mejores ganancias, salario y prestaciones superiores a las que tenían en Ruta-100, reparto de utilidades, intereses del Fondo que se conformó, lo que deslumbró a los trabajadores dejando el 30% de su liquidación laboral, que de forma estrujante fueron despojados, engañados y defraudados de un patrimonio económico logrado a través de sus esfuerzos de servicio en dicha empresa paraestatal.

En este contexto, siete mil 12 trabajadores dejaron el 30% de su liquidación laboral con la finalidad de participar como “socios de las empresas de grupo metropolitano de transporte, pero nunca se nos ha considerado como socios”, consumándose un monstruoso e incalificable fraude que en tribunales civiles y penales, aún sigue la lucha de ex Ruta 100, en los escritorios del juzgado primero en materia civil.

Con las cantidades aportadas se creó un fideicomiso F/100-7 en banco IXE con un capital de $172,934,552.00 (ciento setenta y dos millones de novecientos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Derivado de lo anterior, se autorizó la creación de las empresas denominadas: Servicio Metropolitano de Transporte “17 de marzo, S. A. de C. V.”; Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, S. A. de C. V.; Transportes Urbanos Nuevo Milenio, S. A. de C. V.; Sistema de Transporte en Taxis, S.A. de C.V.; y, Talleres Industriales en Diésel.

En medio de los fraudes que ya eran palpables, un gravoso proceso sucedió cuando al registrar las empresas, en el Registro de la Propiedad y del Comercio, se omitió registrar el nombre o la relación de los aportantes del capital de las empresas constituidas.

“Exigimos a estos traidores defraudadores de la clase obrera que nos regresen a los inversionistas de las empresas de GMT, nuestra inversión del 30% con intereses generados hasta la fecha y rendimiento de las mismas, que dejan doscientos millones pesos mensuales libres de polvo y paja, hoy día”, acusaron trabajadores de la ex Ruta 100.

“El Gobierno de la Ciudad de México y los lideres traidores defraudadores de la clase obrera Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, han causado una masacre de daño moral, económico y psicológico de 29 años de lucha sin que el gobierno les pague el 28% que les descontaron de su liquidación y adeudos de los convenios políticos firmados en 1996 y 1999”, concluyeron lanzando vítores de ¡SUTAUR VIVE, LA LUCHA SIGUE!; ¡SI NO HAY JUSTICIA NO HABRA PAZ!; ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!; POR EL RESCATE DE LA DIGNIDAD, LOS DERECHOS Y EL PATRIMONIO DE LA CLASE TRABAJADORA.

Historial

Se cumple este lunes 8 de abril, 29 años del histórico conflicto laboral de la ex Ruta 100, lo que ha representado una vergüenza para los gobiernos de izquierda que han administrado a la Ciudad de México, que inexplicablemente soslayan su propia voluntad para hacerle justicia a los ex trabajadores de esta paraestatal, herencia que se ha ido traspalado entre gobiernos de múltiples colores partidistas.

Esas autoridades, por Omisión, se han negado sistémicamente a darle solución definitiva a este emblemático conflicto laboral que dejó como sucesión, en primera instancia, la última regencia del Partido Revolucionario Institucional, consecutivamente por el PRD y finalmente con Morena, constituyéndose un Crimen de Estado en contra de 12,004 ex choferes, quienes quedaron en la orfandad gubernamental, abatiéndose los rostros del hambre y la miseria, generados por el desempleo.

Esas casi tres décadas se han traducido como una interminable épica lucha sindical contra la apatía de las administraciones públicas de la Ciudad, transfigurándose como culpables de las tantas víctimas de Estado que se han generado en su contra, sobresaliendo el líder moral de la Ruta 100, Jorge Cuellar Valdez, fallecido por enfermedad el 26 de septiembre del 2023.

Otro de los tantos Crímenes de Estado que se han sumado, fue el artero asesinato del ilustre magistrado  Abraham Polo Uscanga, ejecutado por las balas criminales el 19 de junio de 1995 en su despacho de Insurgente Sur 300, al negarse a desconocer la legítima lucha del Sindicato Único de Trabajadores Urbanos de Pasajeros Ruta 100, en época en que el magistrado Saturnino Agüero Aguirre fungió como presidente del entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Ríos de sangre han corrido entorno a esta lucha sindical, toda vez que ese tinte rojo también se mudó entre la base sindical de la ex Ruta 100, ya que en estos 29 años, conforme a estadísticas propias del gremio, suman más de seis mil personas que han ido falleciendo por diversas causas, particularmente por enfermedades congénitas, generadas por cesantía.

En esta compilación de hechos sangrientos, en el Poder Judicial aún se recuerda la fatídica tarde del 19 de junio de 1995, cuando un sicario sorprendió a Don Abraham para acribillarlo a mansalva, dejando en la impunidad muchos elementos de prueba sobre las complicidades que se ejercieron por parte de funcionarios, incluyendo al asesino material que hasta hoy día, subyace en el laberinto.

Los meses de cada abril, de cada junio y ahora de cada septiembre sucesivamente, marcaron a la ex Ruta 100 como fechas aciagas.

Primero la desaparición de la fuente de trabajo el 8 de abril de 1995; luego, el 19 de junio de 1995, el crimen de Polo Uscanga, para finalmente, el 26 de septiembre de 2023, la desaparición de su líder moral, Jorge Cuellar Valdez.

No obstante de ello, los trabajadores de la extinta Ruta 100, que formó parte de la red de transporte público del entonces Distrito Federal, siguen reuniéndose año tras año, pese a que han pasado “décadas de sangre”, recordando a sus muertos, entre ellos, el del jurista Abraham Polo Uscanga, que para muchos sectores de la sociedad, siguen llamándole como un “Crimen de Estado”.

Vale la pena recordar que el 19 de junio de 1995 tuvo lugar uno de los hechos de la historia judicial mexicana que ha dejado más interrogantes sin resolver, pues ese día fue abatido con dos tiros en la cabeza el magistrado del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Abraham Polo Uscanga.

El ominoso suceso se consumó en un momento clave en el que el Gobierno del Distrito Federal y las autoridades policiacas, hablaban de endurecer su lucha contra la corrupción y las mafias.

Don Abraham fue uno de los principales personajes que pretendía erradicar a aquellos que buscaban dañar la imagen de la justicia, pero desafortunadamente para él, esto también fue lo que lo llevó al final de su vida, y cuyos restos yacen en el Panteón Jardín de San Jerónimo de la Ciudad de México.

Sin embargo, ese fin ya se veía venir, pues el magistrado habría alertado que “su vida corría peligro”; días antes debía girar una orden de aprehensión contra los dirigentes del sindicato de la central camionera urbana, a petición del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Saturnino Agüero, pues sus integrantes se proclamaron opositores del gobierno y exigieron que se hicieran validos sus derechos laborales luego de que se diera a conocer la quiebra de la empresa de Transporte Ruta 100.

Abraham Polo Uscanga no cumplió con la petición, estaba seguro de que no existían pruebas suficientes, por lo que comenzó a recibir diferentes amenazas, denunciando las mismas ante la prensa, “no estaba de acuerdo con dichos actos”.

—“Recibí yo una recomendación del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, para que yo resolviera un asunto de determinada forma… Lo que no era procedente, se lo indiqué.

—“Me dijo: ‘Aténgase a las consecuencias’”.

—“Me retiré de la oficina, y en virtud de ello, presenté y/o solicité mi licencia pre-jubilatoria y posteriormente mi renuncia, cuando se venza ésta, “porque no estoy de acuerdo que se pisotee al Poder Judicial”, se rescata como una de sus últimas declaraciones.

Tras la magnitud de estos hechos, el magistrado fue privado de la vida al interior de su despacho y hallado por su chofer, quien tras esperarlo por más de seis horas, entró para revisar qué sucedía.

Las autoridades, sin embargo, intentaron ocultar el hecho afirmando que se habría tratado de un suicidio. Esta conclusión fue ridiculizada, por lo que Alejandro López Villanueva, alias “El Grandote”, líder del Frente Popular Francisco Villa, fue detenido gracias a las declaraciones de diversos testigos.

El caso, que conmocionó la escena política, quedó impune, pues tras la negativa de López Villanueva, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), giró una orden de aprehensión en contra de 10 líderes del mismo frente.

Más tarde, se establecieron las siguientes hipótesis: el conflicto Saturnino Agüero Aguirre-Abraham Polo Uscanga; el conflicto de la Ruta 100; y la posible participación de su chofer, pero el caso ya era bastante complejo, pues desde el inicio, las autoridades contaron con más de 14 retratos hablados.

El 30 de junio de 1999, la nueva administración de la PGJDF, a cargo de Margarita Guerra y Tejada, subprocuradora “A”, informaba que se tenían ubicados a los presuntos autores materiales y prometía resultados en días.

No fue hasta el 7 de diciembre de dicho año que Guerra y Tejada, detalló que se detuvo al chofer de Polo Uscanga como presunto responsable de encubrimiento, al negarse a colaborar en las investigaciones.

Pese a ello, los miembros del desaparecido Sindicato Único de los Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, siguen recordando este y entre muchos otros casos más, el suceso sangriento del magistrado Uscanga, considerando o afirmando que es inverosímil que siga en la completa impunidad, porque pareciera que el tiempo será el encargado de sepultar todo vestigio, pero la historia no se borra. 

“Murió por defender la autonomía del Poder Judicial; exigimos que le rindan un homenaje, le pongan una estatua o un retablo de mármol, porque lo que él hizo fue ofrendar su vida para defender la autonomía del Poder Judicial y luchar contra la corrupción y la impunidad”, fueron algunas de las consideraciones de Don Jorge Cuellar Valdés, quien fue líder moral de la ex Ruta 100, hasta su muerte.

Muchos como él, hoy en día, siguen luchando contra viento y marea, ante la impasividad y arrogancia de las autoridades gubernamentales y judiciales de aplicar la ley contra los malhechores, como es también el caso de los defraudadores Gabino Camacho Barrera y Ricardo Barco López, quienes se han hecho archimillonarios  a costa de la explotación de los Rostros del Olvido que simbolizan quienes fueron trabajadores y trabajadoras de la Ruta 100.

El legado de Cuellar Valdez quedará para la posteridad, ya que en su momento, sentenció que “los rostros de la miseria, el abandono y el hambre de ex Ruta 100”, forman parte de los Crímenes de Estado de quienes detentan el poder en toda su expresión.

Especificando: “En la ex Ruta 100, aun gobiernan impunemente los delitos de despojo, fraude maquinado y traición por parte de Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, quienes son los culpables intelectuales y materiales del abandono de más de doce mil servidores públicos que se quedaron sin empleo.

“Transformaron a hombres de buena voluntad en condiciones de calle, y lo peor, en medio de la pandemia del Coronavirus, se ahondó la crisis económica y política hasta transformar a México en un país de harapientos y miserables”, puntualizó.

Reportero Free Lance *

Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021

filtrodedatospoliticos@gmail.com