<em>Los puntos sobre las íes. Microhistoria de un gobierno</em>

Ninguna se ha cumplido. En 2023, quinto año de gobierno, el PIB creció 0.6 % y decreció en 2019-2022. El PIB per cápita hoy es 0.3 % menor que en 2018. La cifra de homicidios superó en 2023 los 173 000 homicidios, la más alta desde que se mide este indicador. La corrupción no ha cedido: Consulta Mitofsky reporta que al 3 de diciembre el 71.6 % de la población pensaba que había “mucha o regular” corrupción en el país. Finalmente, aunque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) reportó con cifras de 2022 una disminución de 6.9 % de la población en situación de pobreza, la misma institución informó sobre un aumento en la pobreza extrema (de 8.7 a 9.1 millones de personas), un ligero aumento de pobreza por ingresos de 9.1 a 9.3 millones de personas, pero un aumento de 18.8 millones a 50.4 millones de personas sin acceso a la salud, además del rezago educativo, que pasó de 22.3 a 25.1 millones. En este último sector, el reporte general de PISA reveló que los resultados de los estudiantes mexicanos en matemáticas y ciencias fueron inferiores a los de 2018.

A las promesas iniciales, siguieron otras: desmilitarización de la seguridad, un sistema de salud “como el de Dinamarca”, educación de calidad, justicia para las víctimas del pasado y prohibición de adjudicaciones directas.

No cumplió.

En su primer discurso como presidente electo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, López Obrador ofreció que el Ejecutivo no sería nunca más “el poder de los poderes” ni buscaría “someter a otros poderes”. “El Estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad”.

No cumplió.

El día de su toma de posesión, empeñó su palabra en que “se acabaría la vergonzosa tradición de fraudes electorales… y que quien utilizara el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, iría a la cárcel sin derecho a fianza”.

Tampoco cumplió.

Pocos presidentes han llegado a su encargo con tanta legitimidad como López Obrador. El 53 % del voto popular, la mayoría simple en ambas cámaras y la calificada con sus aliados en la de Diputados. Una oposición fragmentada y desprestigiada. Empresarios expectantes dispuestos a llevar la fiesta en paz y a dejar atrás la idea de que AMLO era un peligro para México. Organizaciones de todas las causas sociales abrigaron una esperanza de interlocución con el nuevo gobierno.

La mesa estaba puesta para cumplir sus promesas, para gobernar apegándose a la Constitución, sin violar la ley ni recurrir a facultades extraordinarias; para reclutar al mejor talento y para dialogar con la oposición debilitada.

Hizo todo lo contrario. Ordenó a su partido y a sus aliados decenas de leyes y emitió decretos que han sido impugnados en todo tipo de tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Despreció el talento para dirigir áreas especializadas del gobierno. Poco a poco se apartó de amplios sectores que le dieron su voto: mujeres, víctimas, personal médico, jóvenes, universitarios, el mundo de la cultura, organizaciones de la sociedad civil. Muchas restas y una sola, preocupante, suma: las Fuerzas Armadas.

Su gobierno ha sido el reino de las muchas íes: ilegalidad, impunidad, incompetencia, incongruencia, (des)información y (des)institucionalización.

Tomaré tres casos para ejemplificar lo que digo: 1. El operativo para capturar a Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, conocido como el Culiacanazo. 2. El manejo de la pandemia de covid. 3. La respuesta al huracán Otis que arrasó Acapulco y las costas de Guerrero.

El Culiacanazo

La (des)información fue el sello de arranque del Culiacanazo. El jueves 17 de octubre de 2019 corrió la noticia de una balacera en Culiacán. El caos informativo fue monumental. La balacera comenzó a correr en videos por las redes. Se supo horas después que había sido la respuesta del crimen organizado a un operativo militar para detener a Ovidio Guzmán, hijo del famoso Chapo. Se supo más tarde que el detenido había sido liberado en la misma casa donde lo capturaron.

El manejo oficial de la información fue caótico, inexacto, cambiante y contradictorio. La primera versión fue del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, acompañado de los secretarios de la Defensa y de la Marina, del director del Centro Nacional de Inteligencia y del titular de la Guardia Nacional. Durazo dijo en ese momento que a las 15:30 horas una patrulla de treinta guardias nacionales y militares cruzaba por el fraccionamiento Tres Ríos de Culiacán, cuando fue agredida desde una casa. La patrulla repelió el ataque, entró a la casa y detuvo a cuatro ocupantes, uno de ellos Ovidio Guzmán. Esto provocó que sicarios del detenido rodearan el inmueble, abrumaran a las fuerzas del orden, al tiempo que desataban acciones violentas en distintos puntos de la ciudad. Ovidio fue liberado.

Al día siguiente, el propio Durazo corrigió su historia. Dijo que su información había sido incorrecta pero que no había tenido intención de mentir. El titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó que el incidente había resultado “de una acción directa para la captura de un presunto delincuente, al contar con orden de aprehensión provisional, con fines de extradición, emitida por un juez federal”. El grupo responsable de la acción había sido “personal de la policía ministerial”:

Este personal, en un afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores (…) y dar el tiempo que tardaría la obtención de la orden de cateo.

El secretario de la Defensa reconoció parte central de los hechos:

al advertir el alto índice de violencia generalizado que se produjo, este Gabinete de Seguridad decidió ordenar el retiro de las fuerzas del domicilio en la ciudad. Con la acción anterior, el grupo delincuencial suspendió las agresiones y liberó al personal militar que había sido retenido”.

El secretario dijo entonces, el 18 de octubre, que el presidente no había sido informado de los hechos, pues se encontraba en un vuelo a Oaxaca. En su conferencia de prensa de días después, el 31 de octubre, el mismo secretario dijo lo contrario: que el presidente había sido informado de los hechos a las 15:45 horas. El presidente dijo en esa misma conferencia que había sido el Gabinete de Seguridad quien había decidido de manera colegiada suspender el operativo. Ocho meses después de los hechos, semiolvidado el conflicto, el presidente reconoció en público que quien había dado la orden de liberar al cautivo había sido él, para evitar más daños a la ciudad de Culiacán.

La desinformación no pudo ser más patente. También lo fue la falta de institucionalidad. No hubo coordinación alguna entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Presidencia.

La intervención de la diputada Lucía Rojas, cuando el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, compareció en la Cámara, fue más que elocuente:

Alguien rompió la cadena de mando el jueves 17 de octubre y es enteramente su responsabilidad. Si usted sabía del operativo y no lo detuvo, es usted responsable. Si no lo sabía, es usted responsable. Si le mintieron, es usted responsable, si le ocultaron información, es usted responsable.

La incompetencia fue obvia. En unas cuantas horas la incursión tuvo que ser suspendida. La imagen que quedó fue la de un gobierno desafiado y doblado por las amenazas del cártel.

La ilegalidad fue flagrante: según el artículo 150 del Código Penal Federal, comete el delito de evasión de presos aquella persona “que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado”. En el caso de Ovidio Guzmán, las imágenes del operativo muestran el momento en que el probable delincuente fue sometido y detenido por las Fuerzas Armadas. Ocho meses después se supo que quien ordenó su liberación fue el mismo presidente.

La impunidad sigue vigente. Nadie respondió a estas preguntas: ¿quiénes fueron los responsables del saldo oficial de la incursión que fue de ocho muertos y diecinueve heridos, más la fuga de 39 reos federales y diez del fuero común? ¿En qué quedó la investigación sobre el responsable “intelectual” y los responsables operativos del Culiacanazo? ¿Dónde los delincuentes que privaron de su libertad a elementos de la Guardia Nacional y del Ejército? ¿Dónde los que liberaron a los reos del penal de Aguaruto?

La incongruencia cubrió todo lo anterior. El gobierno en su conjunto no actuó con base en lo prometido en campaña: ni con la ley en la mano ni con transparencia ni con castigo a los culpables.

La pandemia

Desinformación: los efectos de la pandemia de covid se desestimaron desde un inicio. El 4 de junio de 2020 el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, declaró que un escenario catastrófico para el país sería llegar a más de 60 000 muertes. Cuando, dos meses después, se llegó a la cifra, atribuyó las muertes a factores como el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión y la obesidad, al sistema alimentario, a la desigualdad social, al déficit de médicos, a la corrupción y al discurso de “encono” de las farmacéuticas reproducido por los medios.

En agosto del mismo año, cuando se alcanzaron las 62 000 muertes, insistió en que se había llegado a una “meseta” y comenzaba el descenso. Sucedió todo lo contrario: una espiral ascendente, cientos de miles de muertes más. La última cifra de muertes estimadas por covid del gobierno de México fue de 511 000 personas. La cifra de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue de 612 000. Según sus propias cifras oficiales, México fue el quinto país del mundo con mayor número de muertes por la pandemia, sólo después de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia. En 2020 tuvimos también la cifra más alta del mundo de personal de salud fallecido: 1320 profesionales. El exceso de mortalidad acumulado para 2023 fue de 644 000 personas. Recientemente supimos que México perdió cuatro años de esperanza de vida.

La incompetencia de las autoridades fue palmaria. Primero, se negó la existencia de una pandemia diciendo que, en todo caso, estábamos frente a una epidemia. Después se minimizó su gravedad. “No es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza”, dijo el presidente López Obrador.

Las primeras muertes por covid se registraron de manera oficial el 18 de marzo de 2020. Pero el presidente insistía el 23 de ese mes: “No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase”. Para mostrar la exageración sobre la facilidad del contagio, el propio presidente se dejó ver en público, en un restaurante, compartiendo los alimentos, abrazado por los comensales y expresando: “Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar; hay que abrazarse, no pasa nada”. Acto seguido, literalmente, le mordió la mejilla a una menor. Llegó a afirmar que lo del coronavirus era pura propaganda.

Salvo en un viaje a Estados Unidos y por disposición de las autoridades de ese país, nunca durante la pandemia el presidente usó el cubrebocas. Mostraba así su desprecio a la evidencia médica. Tampoco suspendió eventos públicos: giras, conferencias matutinas o reuniones que no obedecieran a una urgencia nacional. La vida pública en Palacio Nacional siguió su curso normal.

Ya declarada la pandemia, ante la pregunta en una de las conferencias matutinas sobre las medidas de su gobierno para contener el covid, el presidente mostró una estampita del Sagrado Corazón de Jesús al tiempo que declaraba:

El escudo protector es como el detente (…) el escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción (…) Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.

Finalmente, dijo que estábamos muy preparados para enfrentar el virus.

Nunca lo estuvimos. Los hospitales no se dieron abasto, el Seguro Popular ya había desaparecido, al personal médico no se le otorgaron los materiales necesarios ni suficientes para atender a los enfermos, tampoco para evitar que se contagiaran; se adquirieron y aplicaron vacunas no avaladas por la Organización Mundial de la Salud (la rusa, Sputnik, y la cubana, Abdalá). La vacuna que desarrollaría el gobierno mexicano —Patria— se quedó en promesa.

Tampoco hubo recursos extraordinarios para atender la emergencia sanitaria. Según un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de 2021, los recursos para el Seguro Social (IMSS) y el de asistencia para la burocracia (ISSSTE) crecieron en 2021, pero por el aumento de las pensiones no porque que se destinara un mayor presupuesto para salud. El gasto en servicios y acciones de salud, increíblemente, decreció en términos reales: 1.5 % menos para el IMSS y 1.8 % para el ISSSTE.

De haber tenido un gobierno que creyera en la ciencia y la experiencia, el país no habría tenido tantas muertes. La disposición de prestigiosos científicos y médicos de poner sus conocimientos al servicio de la emergencia fue rechazada por haber servido en administraciones anteriores. En septiembre de 2020 un grupo de seis exsecretarios de Salud ofreció al gobierno un dossier con catorce recomendaciones viables, como hacer 127 000 pruebas semanales (la proporción más baja entre los países integrantes de la OCDE); el uso obligatorio de cubrebocas; mejorar la cantidad y calidad de los datos para focalizar las urgencias; aumentar el presupuesto de salud; un plan de coordinación nacional; otro de apoyo económico para el confinamiento; un comité científico para evaluar y discutir las decisiones, y una campaña extra de vacunación contra la influenza.

Estas simples recomendaciones recibieron una rotunda y burlona descalificación por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, López Gatell, quien les respondió que por qué no patentaban su receta. El subsecretario no necesitaba recomendaciones, contaba ya con un Decálogo Para Salir Del Coronavirus y Enfrentar la Nueva Realidad:

i) Mantengámonos informados; ii) actuemos con optimismo; iii) demos la espalda al egoísmo y al individualismo; iv) alejémonos del consumismo; v) recurramos a la prevención; vi) defendamos el derecho a gozar, del cielo, del sol… y de toda la naturaleza; vii) alimentémonos bien; viii) hagamos ejercicio; ix) eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias; x) busquemos un camino de espiritualidad.

La desinformación en todos sus aspectos llegó a destiempo, fue deficiente y alejada de la realidad. La ilegalidad estuvo presente desde un inicio, al igual que la desinstitucionalidad. La Constitución y la Ley General de Salud establecen que compete al Consejo de Salubridad General aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las declaratoria de emergencia y demás acuerdos que permitan a la Secretaría de Salud “instrumentar las acciones necesarias para enfrentar circunstancias epidemiológicas extraordinarias en el país”, así como “certificar la calidad de los establecimientos de atención médica, determinar los instrumentos y criterios para tal efecto y determinar las demás enfermedades transmisibles que requieren actividades de vigilancia epidemiológica”.

En abierta violación al orden jurídico, dicho Consejo fue convocado hasta el 30 de marzo de 2020, doce días después de que se registraron las primeras muertes.

Seguramente al secretario y a los subsecretarios encargados de la pandemia, las leyes y los protocolos les estorbaban en la toma de decisiones. Se hacían eco de la convicción del presidente de que este tipo de instituciones semiautónomas o colegiadas sólo son más burocracia de gastos superfluos. Poco después, el partido del presidente aprobó una modificación a la ley que eliminó del Consejo de Salubridad a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional y a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), ente otras.

A la falta de información, de institucionalidad, a la incompetencia y la ilegalidad, se sumó también durante la pandemia la impunidad. Nadie hasta ahora ha sido castigado por delitos cometidos entonces, que ameritaban demandas penales. Entre ellos la violación a la Ley General de Investigación para la Salud, que se castiga con tres a cinco años de cárcel. No se abrieron carpetas de investigación ni hubo investigación judicial. Los responsables no enfrentaron la justicia.

Para terminar, estuvo la incongruencia. López Obrador prometió que habría transparencia absoluta en los contratos de vacunas de covid. El 12 de enero de 2021 había dicho:

Nosotros no vamos a reservar nada, es transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el gobierno.

Esta orden no se cumplió con la pandemia. Al contrario: las secretarías de Estado encargadas de negociar y suscribir los contratos de compra de vacunas ordenaron poner en secreto la información respectiva entre dos y cinco años.

El huracán Otis

En la respuesta del gobierno ante la destrucción del huracán Otis en Acapulco y otros municipios de Guerrero también estuvieron presentes las seis íes.

La más evidente fue la ineptitud, pues las autoridades mexicanas reaccionaron veinte horas tarde a las alertas emitidas por el Centro Nacional de Huracanes de Florida. Desde las 2:00 de la tarde del 23 de octubre, este centro avisó que las lluvias fuertes tenían condiciones de huracán. El presidente ni mencionó ese riesgo en su conferencia mañanera del día 24. No fue sino hasta las 10:00 horas que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dijo que la tormenta tropical podía volverse un huracán categoría uno. A las 13:00 horas dijo que categoría dos. A las 14:00 horas —diez horas antes de que tocara tierra— el centro de Florida advirtió que Otis había intensificado peligrosamente su velocidad. Tres horas más tarde dijo que el huracán era categoría cinco y habló de una “tormenta potencialmente catastrófica”. A las 20:00 horas el mensaje fue: “Un escenario de pesadilla”.

La población de Guerrero se mantuvo ayuna de información oficial hasta que, a las 8:25 de la noche del 24 de octubre, pudo leer un tuit del presidente que decía:

Atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero: De acuerdo con la información disponible se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría 5 entre Acapulco y Tecpan de Galeana de las 4 a las 6 de la mañana. Están en marcha el Plan DN-III-E y el Plan Marina en coordinación con el gobierno del estado. Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros: alejados de ríos, arroyos, barrancas y estén alerta, sin confiarse. Nosotros también estamos pendientes.

Días después el presidente reconocería que Germán Martínez Santoyo, director general de la Conagua, lo había alertado a las 19:00 horas del 24 sobre la posible categoría cinco del huracán y que cuando estaba escribiendo su tuit pensó en decir: “‘Viene cañón’, pero dije no: con esto basta”.

Y no advirtió del daño posible.

El 2 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “declaratoria de desastre natural por ocurrencia de lluvia severa, vientos fuertes, inundación fluvial y pluvial el 24 y 25 de octubre en 47 municipios de Guerrero”. Sin embargo, al día siguiente, el 3 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial una aclaración a la declaratoria de desastre natural. Incluía ahora sólo dos municipios: Coyuca de Benítez y Acapulco, no los 47 de la primera redacción. Los municipios borrados no serían favorecidos con fondos de emergencia frente al desastre. El 9 de noviembre, sólo quince días después de la tragedia, el mismo Diario Oficial publicó que se daba por concluida la emergencia en Acapulco y Coyuca.

La ineptitud no se redujo a la reacción tardía. El 25 de octubre, el presidente decidió ir por tierra a Acapulco cuando él mismo había dicho que había derrumbes y ruptura de caminos. La fotografía del mandatario varado en el lodo dentro de un jeep del Ejército lo dice todo. Al final tuvo que llegar a pie al puerto de Acapulco. Regresó ese mismo día en helicóptero, como debió haber ido, y no volvió sino hasta el martes 7 de noviembre, trece días después. Ni una sola vez se reunió con los damnificados.

No hay más que dos registros visuales del presidente en Acapulco, a pesar de que él sostiene que fue “muchísimas veces”. La primera fue la del 25 de octubre —la del jeep militar varado— y la segunda, la del 23 de noviembre, cuando la conferencia matutina y la ceremonia conmemorativa se hicieron a bordo del buque Isla Tiburón, en la bahía de Acapulco. Desde ahí refrendó el respaldo del gobierno de México a la población afectada por el huracán.

Más tarde dijo que se mantuvo lejos del escenario real de la tragedia por su obligación de “cuidar la investidura presidencial”, que habrían tratado de manchar sus adversarios:

Es que si voy y les digo a ustedes: ‘Voy a estar en la colonia Regeneración (sic, por Renacimiento) me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero. Pero me van a mandar a diez, veinte provocadores con la televisión.

El gobierno de AMLO se ha caracterizado por ignorar a las instituciones correspondientes, a la situación de gobierno que se le presenta. El huracán Otis no fue la excepción. En un acto de clara ilegalidad tardaron cuatro días en integrar el Comité Nacional de Emergencias (CNE), que debió establecerse desde el primer momento, según la Ley General de Protección Civil. Se violó también el primer punto del Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024 para auxiliar a la población civil en casos de desastre y “mantener una capacidad de respuesta efectiva para garantizar el auxilio inmediato a la población afectada por un desastre, a fin de salvaguardar la vida de las personas y sus bienes”.

Ni las vidas ni los bienes fueron salvaguardados.

La falta de información sobre la peligrosidad del huracán linda con la omisión criminal. Se vio la magnitud de la destrucción gracias a los medios que mandaron reporteros. El presidente los llamó buitres, traficantes de la pobreza y del dolor humano.

El 1 de noviembre de 2023 el gobierno dio a conocer un Plan General de Reconstrucción y Apoyo a Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez que comprende dieciséis puntos, entre ellos: incorporar a 10 000 personas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para trabajar en labores de limpieza con un salario mínimo; la entrega de 8000 pesos para reparación y pintura de hogares y créditos a la palabra de 25 000 pesos sin intereses.

Las medidas del plan pueden tener mérito, pero dada la política de opacidad y desinformación gobernante, no sabemos ni sabremos si se cumplió. Lo que sí sabemos es que en el Presupuesto de Egresos para 2024, los diputados de Morena, Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se negaron a destinar una partida específica para la reconstrucción de Acapulco. No podían moverse de la instrucción de no quitar ni una coma a las iniciativas del Ejecutivo.

Y aquí, de nuevo, la incongruencia. El presidente que dice ver por los más pobres, un día después de la tragedia se fue de gira al Estado de México. Ahí anunció a los mexiquenses que tendrían programas de apoyo y que la pensión de adultos mayores subiría a 6000 pesos.

El Culiacanazo, la pandemia y el huracán Otis pueden explorarse como la microhistoria de un gobierno. Exhiben los modos reales de un gobierno que está gravado en su accionar cotidiano por las seis íes: ilegalidad, incongruencia, ineptitud, impunidad y falta de información y de institucionalidad.

Pónganse esas íes en el orden que se quiera. No faltarán en ninguna de las decisiones fundamentales del gobierno que termina. Empezó con el viento a favor, con altas expectativas y altas promesas. Termina dejando más agravios, más desorden y más problemas que los que prometió resolver.

Ma. Amparo Casar
Analista política y presidenta de MCCI

Éste es un fragmento del libro Los puntos sobre las íes. Legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó, que la editorial Debate pondrá a circular en estos días.