Cuatro aspectos son evidentes después de observar las campañas para jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, y algunas campañas para elegir los poderes judiciales a nivel estatal.
- Capacidad en duda
Si bien una buena parte de los candidatos provienen del propio Poder Judicial, no todos estaban en funciones de jueces o magistrados, por lo que el primer problema es saber si se va a elegir a personas capacitadas para ejercer funciones jurisdiccionales (al respecto, véase el trabajo de Julio Ríos, et. al. en Nexos).
El problema se origina en el proceso mismo: es riesgoso pedirle a un comité de evaluación que elija unos cuantos perfiles después de, si acaso, haber leído la hoja de vida y las propuestas de cientos de candidatos. La duración de las comparecencias , según testimonio de los entrevistados, en ningún caso duró más de 20 minutos. En contraste, bajo el modelo de selección anterior, la comparecencia de las candidatas y candidatos ante el Senado variaba, pero era algo más que un saludo y la expresión de buenos deseos. Un ejemplo: el 27 de noviembre de 2023, comparecieron ante la comisión de justicia del senado tres candidatas a ministras y la participación de cada una duró al menos 75 minutos (Berta Alcalde: 130 minutos; Lenia Batres 75 minutos; María Estela Ríos: 75 minutos).
En la elección actual, los comités de evaluación y selección funcionaron mucho más como comisiones de purga y no como filtros que permitieran a personas de todos los espectros ideológicos —y que entienden de forma distinta el derecho a como lo entiende el grupo en el poder—, a participar como candidatos en la elección del próximo uno de junio. Esto deja un halo de duda porque parece que sólo se está decidiendo qué candidatos de los distintos grupos de Morena dominarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal de Disciplina, de reciente creación.
No parece haber una voz crítica que durante la campaña se presente como una defensora o defensor de la Constitución, en sí misma y por sí misma. Fue una constante, en prácticamente todos los candidatos y candidatas a ministros y magistrados de los órganos antes mencionados, la expresión de su intención de adecuar sus posturas al discurso oficialista de la transformación y a los tiempos de cambio que vive el país, según su dicho. No se percibe alguna candidatura que abiertamente se presente como una opción de contrapeso al poder político que hoy ejerce Morena desde el legislativo y el ejecutivo. Las presentaciones y propuestas de los aspirantes fueron vagas, pero lo más preocupante fue su afán de enviar guiños y mostrarse deferentes con el gobierno federal y con el partido en el poder.
El elemento más importante para la existencia de una elección democrática es precisamente la posibilidad de elegir y esta elección está sesgada según se muestra en las campañas: quienes aspiren a ser ministros de la Suprema Corte o magistrados del Tribunal de Disciplina son, abiertamente o de forma encubierta, simpatizantes del partido en el poder. No existe atisbo alguno de competencia fuera de los cánones dictados formal e informalmente desde el gobierno: quien no esté de acuerdo con el grupo en el poder, ni siquiera puede aspirar a ser candidato o candidata en la boleta. Y si llega a ganar ajeno a este grupo, para eso está el Tribunal de Disciplina.
- Las alianzas lo son todo o la elección de los acordeones
Bajo ninguna circunstancia se puede pensar que quienes resulten ganadores lo harán por sus propuestas, por su campaña o por su trayectoria. Ni siquiera por la pasión o el sentimiento que provoquen en el electorado, porque la constante es que casi nadie conoce a los aspirantes. ¿Alguien puede decir con toda seguridad que conoce a los 63 aspirantes a ministros o a los 38 aspirantes a magistrados del tribunal de disciplina? Unos son más conocidos que otros, pero la campaña falló en permitir conocerles, por lo que ni siquiera por simpatía podría decirse que se les elegirá.
No hay otro camino para ser electo que no sea mediante alianzas políticas, inconfesables, por supuesto. Muchos pueden creer que su voto por alguna candidata o candidato será la forma de respaldar la llegada de un cierto personaje a un cargo judicial, pero la realidad es que dicho personaje accederá siempre y cuando lo haya palomeado el poder y haya realizado las alianzas suficientes y necesarias para que, quienes movilizarán a los electores el día de la jornada electoral —principalmente, el partido en el poder y sus operadores— hayan dado la instrucción clara de apoyar al referido personaje. Un dedazo a través de acordeones: las guías que los operadores electorales están entregando a quienes voten —como consta en diversos reportes de prensa— decidirán la elección, lo que se ve reforzado con la escasa participación que se registrará el primer domingo de junio.
Esto no quita que algunos de quienes lograrán un cargo tengan los méritos suficientes para llegar a esa instancia, pero sus méritos no son todo. Sus propuestas pueden incluso no haber aparecido en ningún momento durante las campañas, su trayectoria puede no ser conocida por el electorado, pero quienes irán a votar, en su mayoría, lo harán de forma corporativa, tal y como sucedió en la consulta de revocación de mandato de López Obrador, cuando 15 millones de personas se manifestaron porque continuara el jefe del ejecutivo.
Además, no puede pensarse que las alianzas fueron exclusivamente con los partidos políticos: quienes aspiran a un cargo en la próxima elección deben mostrar simpatía por la cuarta transformación y después decidir a qué grupo de Morena querían plegarse. De esta forma, conformaron bloques que, por ejemplo, apoyan la aspiración de Lenia Batres u otros que apoyan la aspiración de Yazmín Esquivel. Estas dos ministras parecieran ser las principales figuras de estos grupos morenistas que se pelean el poder judicial como un retazo de res.
El sometimiento es doble: primero al partido y luego al bloque que pretende movilizarse. De tal forma que, informalmente, el bloque actuará como una sola planilla con aspirantes en todos los cargos. Esto deja a quien aspira a ministro o ministra de la Suprema Corte, a magistrado o magistrada del tribunal de disciplina, como los líderes de ese bloque y mayores beneficiarios del sometimiento al que se han visto orillados el resto de participantes en la elección.
- Campañas y dinero sucio
¿Cómo realizar una campaña por todo el país sin dinero? Es imposible. Si en el sistema anterior un ministro arribaba al cargo gracias al presidente y a una mayoría de senadores, quienes votaban por su ingreso en el máximo tribunal del país, es claro que ese “favor” se ha trasladado a quienes le permitieron estar en el listado de candidatos, a quien movilizará a los electores que le votarán, y a quienes han aportado los recursos necesarios para realizar una campaña durante dos meses por todo el país (en el caso de la suprema corte y del tribunal de disciplina). Sólo el recurso necesario para promocionarse en redes sociales y en medios de comunicación, sin contar los gastos de traslado, hospedaje y otro tipo de publicidad, evidencian la inequidad de la contienda.
En este punto, los medios de comunicación han sido bastante prudentes y han tratado de darle voz de manera equitativa a los candidatos, pero la cantidad de personas que aspiran a un puesto hace imposible que la cobertura pueda ser equitativa. Entonces, la campaña se convierte en una simulación por parte de los medios de comunicación, consistente en darle voz a todos los candidatos, pero estrictamente poner mayor atención a favor de las favoritas o favoritos para ocupar los puestos de mayor rango que se disputan en la próxima elección judicial.
La contienda se ha vuelto más inequitativa en las redes sociales. Sin pudor alguno, la cobertura de algunos supuestos medios digitales o algunos influencers ha sido exclusivamente a favor de determinadas candidatas o candidatos y no existe autoridad alguna que se haya siquiera asomado para que esta inequidad se redujera durante el tiempo que han durado las campañas. En los medios tradicionales ha sido inequitativa la cobertura, pero en las redes sociales no existe siquiera la intención de aparentar equidad alguna.
La falta de financiación pública originará que tengamos jueces y magistrados cooptados por grupos y personas que económicamente los apoyaron para lograr su cometido. Si existe una diferencia radical con el procedimiento que hasta hace unos meses existía para elegir a jueces, magistrados, y ni que decir, ministros de la Suprema Corte o consejeros de la Judicatura, es precisamente esta una de las más evidentes: algunos actores privados y muy notablemente algunos funcionarios públicos —presidentes municipales, gobernadores, y otros— tendrán ahora jueces, magistrados y ministros a modo porque aportaron a sus campañas.
Las consecuencias serán patentes cuando los ganadores ejerzan su función. Si cuando se elige un titular del poder ejecutivo, en cualquier nivel, los empresarios (por decirles de alguna manera) meten dinero a la campaña para luego lograr contratos en el gobierno, ahora el dinero lo invierten para ganar impunidad y sentencias a favor. Actores privados, personajes públicos y crimen organizado tendrán jueces y magistrados a modo. La cooptación de los candidatos por parte de actores que invierten ilegalmente en la elección es un riesgo en cualquier elección y esta no es la excepción, sobre todo en un país donde una tercera parte del territorio, según algunas estimaciones, está controlada por el crimen organizado.
Si en el punto anterior afirmaba que las alianzas de los candidatos o candidatas eran lo esencial para ser electos, no hay que olvidar la máxima de los operadores electorales: movilizar a las personas para votar cuesta dinero. Y en esta elección opaca, el dinero no existe formalmente, aunque sí exista en la realidad. Lo aportan ilegalmente quienes le quieren vender al ciudadano la idea de que esta es una elección que lo empodera.
- La autoridad rebasada
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha vuelto a ser —si algún día dejó de serlo— un tribunal oficialista con las decisiones que ha tomado durante la campaña electoral que estamos presenciando. Pero tal vez el mayor problema en la elección judicial no ha estado ni en el INE, ni en el tribunal electoral, como las autoridades encargadas de llevar a buen puerto la elección. Probablemente, la autoridad que peor realizó su trabajo durante estos meses fueron los comités de selección de los tres poderes, porque humanamente era imposible procesar miles de solicitudes en el corto plazo que se les dio. De igual manera, la disparidad en los criterios para desarrollar su trabajo fueron constantes en los tres comités de evaluación.
Si a las cosas hay que llamarlas por su nombre, en la elección del primer domingo de junio el ciudadano se enfrentará a un listado de personas que no reflejan una pluralidad de visiones sobre la función del poder judicial, sobre el entendimiento del derecho, o sobre la interpretación de la constitución y las leyes. En gran parte, ese problema se originó por el trabajo de los comités de evaluación. Estos, en su carácter de autoridad electoral, en ningún momento fueron claros respecto de los criterios que utilizaron para apartar a una candidata o candidato de su aspiración a ser juez, magistrado o ministra. Y el botón de muestra es que algunos aspirantes con todos los méritos fueron excluidos, mientras que abogados cercanos a los carteles de droga fueron incluidos. Poco se puede decir ante tal escenario (Al respecto, véase un par de trabajos de Elena San José publicados en El País: Uno y dos).
La consecuencia de estos cuatro aspectos del proceso de elección judicial es la politización de la judicatura, lo que no necesariamente significa su democratización. Tampoco significa que quienes impartirán justicia serán mejores que los anteriores. Incluso puede darse el caso que sean los mismos, solo que ahora estarán atados a diferentes intereses. El ciudadano votará por ministros, magistrados y jueces, pero para que una elección sea democrática, las opciones deben ser reales. Si no existe opción más allá de jueces o magistrados afines al partido que ya está en el poder, el electorado no tiene opciones y no hay democracia.
Habrá elecciones el primero de junio, aunque está claro que el corporativismo incrustado en los partidos será el verdadero ganador: al ser escasa la votación, quienes movilizan a sus votantes (de manera ilegal, por supuesto) serán los mandones en el poder judicial que operará de aquí en adelante. Muy lejos del ideal democrático que algunos han dicho que caracterizará al Poder Judicial después de esta elección.
Juan Manuel Mecinas
Profesor e investigador en derecho constituciona
