Por María Guadalupe Lugo García
México es una nación compleja en materia migratoria, afirmó la especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Alethia Fernández de la Reguera. Además de ser origen de la migración hacia Estados Unidos, en las últimas dos décadas se ha convertido en tránsito, retorno y destino para las personas en movilidad, precisó la experta.
El país es hoy un punto clave en flujos migratorios internacionales, se ha convertido en un destino obligado de grupos de personas de diferentes naciones centroamericanas, entre ellas El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, pero también de Venezuela y de muchas otras nacionalidades.
“Sólo en 2024 se registraron personas de más de 20 países de África que ingresaron a nuestro territorio, lo que nos convierte en una nación destino frente a las dificultades para poder migrar a Estados Unidos. Estos grupos que vienen en tránsito se encuentran con una frontera norte cerrada por lo que las personas deciden quedarse en México y comenzar procesos como refugiados”.
Ante ese panorama, las mujeres defensoras de los derechos humanos (MDDH) de las personas migrantes están en el centro de la acción y de la protección de quienes son deportados, arriesgándose en condiciones de desventaja –inclusive la vida– al momento de estar generando estas medidas de protección para otras personas.
Sin enfoque feminista o de género
En su charla “Mujeres migrantes, luchadoras sociales y defensoras de derechos humanos en México”, con la que se concluyó el ciclo de conferencias Historiadores frente a la Historia 2025. Mujeres: agencia y cambio social, Fernández de la Reguera manifestó que se ha documentado de forma limitada quiénes son las MDDH en México, pero también en general de los movimientos sociales.
La especialista en género y migración consideró que si bien México tiene una importante trayectoria de activismo y de sociedad civil, que empezó a fortalecerse a partir de la década de 1980, “en realidad no todas las investigaciones tienen un enfoque feminista y de género”. No obstante, las MDDH en el país son figuras fundamentales en la defensa de los derechos humanos, en particular para las poblaciones en movilidad.
Su actividad es importante ya que brindan, constante y sistemáticamente, acompañamiento psicojurídico. Tienen un proceso importante de formación, consolidación y reconocimiento, acompañan a las personas ante la falta de acceso a la justicia en un entorno de una política migratoria altamente punitiva en ambos lados de la frontera sur, expuso en el encuentro organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional.
“Sin ser abogadas, muchas se han formado a lo largo del camino y son clave para entender quiénes sostienen las redes de apoyo de las poblaciones migrantes, sobre todo de aquellas personas que están en procesos de detención migratoria en México y de quienes han sido deportadas o están en riesgos de deportación”, apuntó.
Las peores prácticas
Fernández de la Reguera señaló que si bien hoy la ley migratoria no criminaliza a las personas que brindan asistencia humanitaria en zonas altamente militarizadas, donde hay retenes carreteros para frenar a las personas en movilidad, éstas o quienes monitorean los procesos de control migratorio, se encuentran expuestas a serias violaciones de sus derechos humanos.
Lamentablemente, nuestro país está importando y replicando las peores prácticas del norte global en el ámbito de la detención migratoria. “Somos el país de América Latina que más migrantes detiene; el año pasado cerramos casi con 900 mil personas en reclusión”.
La universitaria resaltó que las MDDH son migrantes que, a su vez, velan por los derechos humanos de otras personas en condición de movilidad. “Cuando lo pensamos desde una perspectiva de género vemos que las activistas son migrantes y eventualmente defensoras, pero han vivido momentos difíciles en su trayectoria de vida y muchas de ellas fueron deportadas en su momento”.
Recalcó que muchas de las MDDH son migrantes o refugiadas, algunas otras carecen de una residencia permanente y están en procesos de regularización migratoria, es decir, “en una vulnerabilidad documental”. Pese a ello, proporcionan asistencia humanitaria en zonas de riesgo.
Indicó que en México los mayores obstáculos hacia estas activistas son las amenazas de que son objeto, desde el tema de violencia digital e intimidaciones por parte del crimen organizado, “aquí es cuando decimos que el mecanismo de protección que está en la ley en realidad no es efectivo”.
