Ley de Austeridad Republicana viola libertad de ejercicio de presión de servidores públicos: PRD

*“Enfriamiento” de servidores públicos por 10 años en puestos de nivel jerárquico superior que quieran desempeñarse en el sector privado, un duro golpe a la Profesionalización del Servicio Público; medida que va en detrimento de la calidad y transgrede derechos, advierte

| | 09 Oct 2019

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó su voto en contra del Dictamen por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana devuelto a esta Cámara por el Senado, debido a errores cometidos tras su aval en este recinto el pasado mes de abril; y que en esta oportunidad presentaron con correcciones las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez, advirtió que –igual que pasó otros ordenamientos aquí avalados a las prisas y desoyendo las recomendaciones de la oposición- esta ley quedará en letra muerta y no podrá ser aplicada porque se presentarán amparos y recursos legales, igual que fue con las leyes de Remuneraciones; de la Guardia Nacional; la de Extinción de Dominio; de la Reforma a la Ley del Trabajo; la Ley Para el Uso de la Fuerza Pública o el propio Presupuesto de Egresos del año fiscal que corre; todo por no armonizar la legislación.

“Debemos recalcar, aclaró el legislador federal, que estamos a favor de una política que permita un mejor manejo de los recursos públicos, una atención de calidad a los problemas sociales del país, y que nunca estaremos en contra de eso. De lo que estamos en contra -aclaró- es de la política de ‘austericidio’ que, por ahorros aparentes, hacemos más daño al patrimonio y a la economía nacional.

Ortega Martínez resaltó en este sentido que en esta Ley de Austeridad que se pretende aprobar existen errores como el hecho de que se estigmatizan los fideicomisos, que son un instrumento válido a nivel internacional para trascender la barrera del ejercicio fiscal, en el ejercicio del gasto público; además de que la modificación trascendente es el “enfriamiento” por 10 años, de servidores públicos en puestos de nivel jerárquico superior que quieran desempeñarse en el sector privado.

“Esto, acusó, es un duro golpe para la Profesionalización del Servicio Público, una medida que va en detrimento de la calidad de los servidores, y que transgrede derechos fundamentales de quienes trabajan en el sector púbico”, y citó que, aun cuando existen experiencias internacionales que nos permitirían una mejor legislación; el problema es la cerrazón de la mayoría de Morena y sus aliados, así como del Presidente que no nos permiten avanzar” como país.

Antonio Ortega reveló no obstante que “al presidente López Obrador le funciona muy bien el “linchamiento público”. En este caso, el linchamiento es simulado” pues ejemplificó que ni en su Gabinete se cumpliría con esta ley que se pretende poner en marcha, y una muestra de ello –indicó- es el caso del Secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.

“No debemos de obviar que quienes vienen de la iniciativa privada también tienen conflictos de interés y que pueden hacer más daño a la nación. El Secretario de Agricultura, que vino a comparecer a la Glosa, promovía los intereses de “Monsanto”, empresa que produce y comercializa semillas modificadas genéticamente. Ahora, desde su puesto, puede promover esas semillas de mejor manera”, aseveró el perredista.

“Ir en contra de sus propios servidores públicos, cerrarles la posibilidad de desempeñarse en el sector privado al final de su gestión, realmente es un exceso. Recordemos que esta iniciativa no es retroactiva, por lo que los primeros afectados serán los funcionarios de este gobierno: Funcionarios de la 4T”, sentenció.

Finalmente, Antonio Ortega dijo que aprobar esta minuta significará aceptar los errores de la mayoría en la construcción de leyes, aunque parece que les importa poco reconocer que se equivocaron legislando.

“Lo realmente sustancial, es que significará sepultar el desarrollo profesional de servidores públicos de grandes capacidades que podrían abonar al crecimiento de empresas sin que con eso signifique que hay corrupción o que estarán ahí por pago de favores; significa transgredir la libertad de ejercicio de profesión de los servidores públicos y dejarlos en un estado de indefensión”, concretó.