El outsourcing es una práctica neoliberal que debe terminar: Diputada Margarita García García

*La subcontratación violenta los derechos de los trabajadores Regularización laboral de los empleados de limpieza en San Lázaro, logro del GPPT *3.5 millones de personas se encuentran bajo este nocivo modelo: dip José Luis Montalvo Luna

| | 06 Dic 2019

Para el Partido del Trabajo la práctica del outsourcing es una actividad neoliberal que no debe seguir, pues es inadmisible que los trabajadores vivan bajo la imposición y con la incertidumbre de no contar con derechos laborales, manifestó la diputada Margarita García García.

Durante la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la legisladora denunció que se siga permitiendo que las empresas se rijan mediante la subcontratación, a fin de pagar bajos sueldos y presentar facturas falsas que afectan los derechos de los mexicanos.

“Presentan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) facturas donde ponen salarios menores a los reales para aludir impuestos; de igual forma, las compañías cambian cada 3 meses su nombre para no pagar impuestos y evitar ser supervisadas”, aseguró la petista.

La parlamentaria mencionó que la regularización laboral de personal de limpieza en la Cámara de Diputados es un logro de la bancada del PT y del coordinador de la misma, Reginaldo Sandoval Flores. “Estamos muy contentos de que a partir de enero los empleados podrán cobrar lo que les pertenece.”

Por su parte, su compañero de bancada, José Luis Montalvo Luna, aseguró que al menos 3.5 millones de trabajadores se encuentran bajo un esquema de subcontratación, “la mayor parte de estos puestos son precarios y solo benefician a los jefes.”

“No estamos en contra de las empresas, solo pedimos que éstas tengan la responsabilidad de no violentar a los trabajadores y se hagan cargo de los servicios que necesitan” dijo.

Finalmente, afirmó que el PT está comprometido con el proyecto de la Cuarta Transformación, donde tienen la convicción de escuchar a los empleados y no aprobar ninguna ley que dañe la seguridad social y los derechos humanos.