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María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia.
Foto:
*Expresamos nuestro respaldo a María Teresa Mercado, quien se condujo con respeto a lo que dicta el derecho internacional
| | 30 Dic 2019
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) condena enérgicamente la declaración de persona non grata, hecha por el gobierno de facto de Bolivia a la embajadora mexicana en el país andino, María Teresa Mercado, debido a los hechos ocurridos el pasado viernes 27 de diciembre en la residencia de México, en la capital boliviana de La Paz, en la que también se vieron involucrados diplomáticos españoles.
Expresamos nuestro respaldo a la embajadora, quien en todo momento se condujo con respeto a lo que dicta el derecho internacional. Lamentamos que se le ordenara dejar Bolivia en las próximas 72 horas, con eso se demuestra que el actual gobierno de esa nación, que llegó mediante un golpe de Estado, es autoritario y represor y que, sin duda, se trata de un asunto con tintes fuertemente políticos.
Son evidentes los embates políticos del gobierno de facto boliviano, que desde el 10 de noviembre pasado mantiene una fuerte vigilancia y medidas extremas de seguridad a la embajada, con el objetivo de evitar que 9 exfuncionarios del gobierno de Evo Morales abandonen la residencia diplomática mexicana.
En diversas ocasiones las actuales autoridades bolivianas han solicitado la entrega de los exfuncionarios, mediante acusaciones legales en contra de ellos; no obstante, la negativa de México se ha ponderado, al amparo de los protocolos internacionales en materia de asilo, situación que ahora es más que evidente molesta al gobierno golpista.
Celebramos la pronta reacción del gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que de inmediato instruyó a la embajadora Mercado a regresar a nuestro país, con el propósito de resguardar su seguridad e integridad.
El GPPT manifiesta su absoluto apoyo a Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión, quien se queda a cargo de la embajada de México en Bolivia, para que los trabajos diplomáticos se sigan realizando con normalidad.
Finalmente, nos unimos a la exigencia del gobierno mexicano para que Bolivia cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y de una vez por todas detenga la política de hostigamiento.
Coincidimos en que de continuar con esta táctica de amedrentamiento el gobierno de facto boliviano será responsable por cualquier afectación que pudiera ocurrirle a la embajada, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en el país andino.
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