Plantean destinar recursos de la extinción de dominio a programas de salud pública y atención de adicciones

*De 2010 a 2017 hubo 22 mil 856 muertes en nuestro país, asociadas al consumo de drogas *A escala mundial, prevenir, tratar y rehabilitar es uno de los principales retos mundiales

| | 02 Feb 2020

El diputado Jesús Salvador Minor Mora (Morena) propuso que los recursos que formen parte del patrimonio de la Federación por la extinción de dominio, se destinen a programas de salud pública y construcción de Centros Públicos de Atención de Drogas.

La iniciativa, que reforma la fracción II del artículo 234 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, plantea incluir dichos programas, además de los ya establecidos, relativos a la prevención del delito y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

El documento destaca que a escala mundial y en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, prevenir, tratar y rehabilitar a las personas que consumen estupefacientes, es uno de los principales retos, porque sólo uno de cada siete adictos con trastornos por consumo de drogas recibe tratamiento cada año.

El diputado Minor Mora subrayó que según las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, el 16.2 de hombres y 4.8 por ciento de mujeres, ha consumido algún tipo de droga alguna vez en la vida, mientras que 2.9 por ciento los hizo en el último año.

Asimismo, la droga ilegal de mayor consumo es la mariguana, seguida por la cocaína. Además, la edad de inicio del consumo de drogas ilícitas es de 17.7 años, en hombres y 18.2 años en las mujeres; las muertes asociadas por el consumo, de 2010 a 2017, fue de 22 mil 856.

El legislador sostuvo que “el fenómeno del uso de drogas está presente en México y se está atendiendo”, pero las capacidades aún son limitadas, por lo que se debe buscar la posibilidad de contar con más Centros Públicos Atención de Drogas, para el tratamiento y rehabilitación voluntaria de las personas, cuidando el debido proceso, la evaluación clínica y los derechos humanos. La iniciativa se remitió a la Comisión de Justicia para sus análisis.