Aprueba Comisión de Justicia tipificar como delito el odio racial

*Avalan diputadas y diputados ocho dictámenes a iniciativas y puntos de acuerdo *Se remitieron a la Mesa Directiva para su programación legislativa

| | 09 Dic 2020

La Comisión de Justicia, que preside la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), aprobó ocho dictámenes para tipificar como delito el odio racial; ampliar la protección a las personas adultas mayores; incrementar las penas por abuso sexual a menores y considerar como robo el apoderamiento de cosechas.

Asimismo, fueron validados en esta instancia legislativa cuatro puntos de acuerdo que se refieren a diversos temas y materias.

Los dictámenes se avalaron con 23 votos a favor, para reformar y adicionar diversos preceptos de los códigos Penal Federal, Civil Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como a las leyes General de Víctimas y Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se remitieron a la Mesa Directiva para su programación en el Pleno.

La diputada Ortega Martínez destacó la productividad legislativa de la Comisión al aprobar diversos dictámenes, tanto de forma individual como en comisiones unidas. Agradeció el trabajo y compromiso de las y los integrantes de la instancia legislativa.

Dictámenes aprobados

Se validó con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto para adicionar los artículos 149 Quáter; 149 Quintus; 149 Sextus y 149 Septies al Código Penal Federal.

Se establece que a quien por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o el odio raciales, o por motivos racistas incite a cometer cualquier acto de violencia en contra de una persona o algún grupo, se le sancionará con una pena de uno a cuatro años de prisión, multa de setenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo comunitario.

Además, a quien forme parte de organizaciones que promuevan la discriminación racial o inciten a ella o a cualquier tipo de violencia racial, se le sancionará con multa de cincuenta a cien veces el valor diario de la UMA, y de cien a doscientos días de trabajo en favor de la comunidad.

Por financiar esas actividades se impondrá una pena de uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la UMA. Si el sujeto activo de cualquiera de estos delitos fuera servidor público, la pena correspondiente se incrementará en dos terceras partes.

Los integrantes de la Comisión aprobaron, con modificaciones, el dictamen para adicionar un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 109, de derechos de la víctima u ofendido, y reformar la fracción XVI del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de salvaguardar los derechos y ampliar la protección de las personas adultas mayores que sean víctimas, ofendidos, o inclusive imputados, de algún delito.

También aprobaron reformar la fracción IV del artículo 148 del Código Penal Federal, en materia de Ataque a Escudos, Emblemas o Pabellones Extranjeros, para sustituir el concepto de “potencias amigas” por el de “nación extranjera”, a fin de emplear un lenguaje que promueva el reconocimiento de la igualdad de los Estados.

El primer concepto, se explica, es subjetivo y se traduce en discriminación hacia aquellas naciones que no se incluyan en dicha categoría debido a sus recursos, poder y fuerza. En este contexto, un ataque a algún emblema de un país que no sea considerado como “potencia amiga” no sería castigado.

Debido a que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos por año y el acceso a la justicia empeora, porque se estima que de cada mil casos sólo se denuncian 100, de los cuales sólo 10 se judicializan y aproximadamente uno obtiene una sentencia condenatoria, la Comisión acordó adicionar un tercer párrafo al artículo 261 del Código Penal Federal.

Con esta reforma, la pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa, aumenta hasta en una mitad en su mínimo y máximo, conforme a lo dispuesto en el artículo 266 Bis.

Para salvaguardar la producción agrícola, la Comisión acreditó, con modificaciones, reformar las fracciones I y II, y adicionar la fracción III y un segundo párrafo, al artículo 368 del Código Penal Federal, para considerar como robo “el apoderamiento de frutos pendientes de árboles o plantas; de la cosecha o corte de árboles, productos agrícolas o de semillas, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellos”.

Incluye también “el apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia mueble, si ésta se halla por cualquier título legítimo en poder de otra persona y no medie consentimiento”.

Al respecto, la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros (Morena), promovente de la iniciativa, afirmó que esta reforma beneficiará a miles de campesinos e impulsará la agricultura, porque aumentó el robo de cosechas sin que los campesinos tengan la posibilidad de defenderse y proteger el fruto de su trabajo en el campo.

Debido a que no existen datos oficiales que establezcan con exactitud la magnitud de la violencia infantil y en aras de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes de este fenómeno, en particular en sus hogares, la Comisión aprobó reformar la fracción III del artículo 444 del Código Civil Federal.

La finalidad es protegerlos cuando por costumbres, conductas depravadas, malos tratamientos o abandono de los deberes de quien ejerza la patria potestad, se afecte o se comprometa la dignidad, la salud, la seguridad o la moralidad de los menores o incapaces a su cargo, incluso cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal.

También validaron reformas a los artículos 166, 168 y 170 de la Ley General de Víctimas, para que se reconozca a los indígenas su calidad de víctimas y en su búsqueda de acceso a la justicia cuenten con un traductor o intérprete lingüístico cuando no comprendan el español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual.

El último dictamen avalado fue a la iniciativa para reformar nueve artículos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para sustituir el término “Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa” por “Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.

Puntos de acuerdo validados

Por otra parte, las y los diputados de la Comisión aprobaron con 20 votos a favor y dos en contra, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR)y a los tribunales en materia civil y administrativa, a acelerar los procesos resarcitorios y denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre las observaciones a diversas irregularidades en el uso de recursos públicos en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la llamada Estafa Maestra.

Asimismo, con 21 sufragios a favor acreditaron exhortar al Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, a valorar la posibilidad de crear un Tribunal Especializado en Materia Marítima.

También exhortar al Ejecutivo Federal, a la FGR y a los gobiernos de las entidades federativas y sus fiscalías a implementar las acciones dirigidas a brindar la justicia que demandan las víctimas de feminicidio, así como mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres, tanto en espacios públicos como privados.

Finalmente, apoyaron exhortar al Congreso de Tlaxcala a emprender las medidas legislativas para crear una Fiscalía General de Justicia.