Proponen elevar penas por extorsión cuando la víctima sea comerciante formal o informal

*La diputada Moreno Medina (Encuentro Social) presentó reformas al artículo 390 del Código Penal Federal *Las entidades más afectadas: Estado de México, Veracruz, Jalisco, Baja California Sur, Zacatecas y Quintana Roo

| | 05 Ene 2021

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (Encuentro Social) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de elevar las penas por el delito de extorsión, cuando la víctima sea comerciante formal o informal o persona relacionada con ésta.

Propuso que las sanciones, que van de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa, aumenten hasta en una mitad, en su mínimo y máximo.

Consideró que la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia, pretende generar las condiciones para inhibir este delito y acabar con la impunidad.

La también integrante de la Comisión de Justicia refiere que, de enero del 2019 a febrero 2020, un millón 110 mil personas denunciaron algún tipo de extorsión al número telefónico 089, convirtiéndose en el segundo delito más recurrente en el país.

Destacó que el Estado de México ocupa el primer lugar con más extorsiones, le siguen Veracruz, Jalisco, Baja California Sur, Zacatecas y Quintana Roo. Los más afectados son los comerciantes, empleados y empresas.

En el caso del Estado de México, se estima que la extorsión creció 55 por ciento en el último año, según denunció Gilberto Javier Sauza, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de esa entidad (CONCAEM), quien agregó que ocho de cada diez delitos no son denunciados, expuso.

Detalló que la extorsión a comerciantes de pequeñas, medianas y grandes empresas suele ser de forma indirecta, a través de una llamada telefónica, o presencial, cuando alguien amedrenta para obtener dinero mediante el cobro de derecho de piso.

“Los afectados han relatado que son abordados e intimidados con el cobro del derecho de piso; les llegan a pedir hasta 200 mil pesos para no hacerles nada y que puedan seguir trabajando, de lo contrario los amenazan no sólo con hacerles daño a ellos, sino con incendiar sus negocios o dañar a su familia”.

La diputada sostiene que estas acciones no pueden ser permitidas porque los comerciantes tienen un rol muy importante en la sociedad y economía del país. “Facilitan el intercambio de bienes y servicios e incentivan la inversión, lo que incrementa el bienestar de las personas y fomenta el crecimiento”.

Enfatizó que resulta necesaria la adopción de medidas firmes del Estado, que tiene entre sus funciones mantener la tranquilidad social, el orden público, proteger la integridad física de las personas y preservar sus bienes.