Las reformas estructurales tienen su mayor desafío en la etapa de la implementación

*El documento, que contiene consideraciones sobre las reformas hacendaria, en competencia económica y financiera, las modificaciones del sector energético, los cambios en materia de telecomunicaciones y las nuevas disposiciones sobre transparencia, toman en cuenta que si bien un año no es suficiente para apreciar los efectos fundamentales, sí es importante evaluar la urgencia y la forma en que el Ejecutivo enfrentó este proceso de reforma institucional y de políticas públicas

Boletín | Ciudad de México | 18 Oct 2014

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) publica sus análisis relativos a las reformas estructurales
Los efectos totales del cambio institucional a raíz de las reformas estructurales y sus respectivas leyes secundarias tienen su mayor desafío en la etapa de implementación, que supondrá grandes retos que, de no ser superados, los efectos que se esperan de ellas podrían verse disminuidos, en esos términos se resume el análisis que se hace en el número 78 de Reporte CESOP sobre los grandes cambios a las leyes fundamentales de México y que se revisan en el marco del Segundo Informe de Gobierno.

El documento, que contiene consideraciones sobre las reformas hacendaria, en competencia económica y financiera, las modificaciones del sector energético, los cambios en materia de telecomunicaciones y las nuevas disposiciones sobre transparencia, toman en cuenta que si bien un año no es suficiente para apreciar los efectos fundamentales, sí es importante evaluar la urgencia y la forma en que el Ejecutivo enfrentó este proceso de reforma institucional y de políticas públicas.

El documento, elaborado por el equipo de investigadores del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, tiene como objetivo, contribuir al análisis de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno que se efectúa en dos etapas, primero la comparecencia de los secretarios de Estado responsables de las diversas áreas del gobierno y, posteriormente, el estudio continuo de los datos aportados.

A manera de resumen, Gabriel Fernández Espejel, en su texto “Anotaciones sobre las reformas hacendaria, en competencia económica y financiera”, señala que este tipo de modificaciones en áreas tan fundamentales y en países en desarrollo, generan comúnmente aludes de duras críticas junto a comentarios elogiosos y alentadores, y a la par, tendría que entenderse que si bien en México los antecedentes justificaban las acciones emprendidas, el rezago latente no puede ser remediado en sólo unos años.

“La reforma del sector energético” elaborado por Efrén Arellano, aborda el proceso legislativo, los puntos claves de las modificaciones y los avances reportados en el informe presidencial acerca del proceso administrativo para estructurar a las nuevas instituciones reguladoras del sector, así como para adjudicar las primeras zonas de exploración y producción de hidrocarburos.

Sobre “La Reforma en materia de Telecomunicaciones. Apuntes y consideraciones en el marco del Segundo Informe de Gobierno”, Salvador Moreno Pérez recupera datos de los resultados del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial (FEM), en el que se menciona que a seis meses de entrar en vigor los cambios propiciados por la reforma y por las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, todavía no tienen impactos positivos en las mediciones internacionales sobre competitividad y entre los resultados se menciona que México perdió posiciones al pasar del lugar 55 al 61, según datos de la medición 2014-2015, con lo que se concluye que los cambios importantes sólo se podrán evaluar a mediano y largo plazo.

Rafael López Vega en “Reforma en materia de transparencia y el Segundo Informe de Gobierno (2013-2014)”, considera que en el Segundo Informe de Gobierno se integran ya diferentes ámbitos de coordinación entre poderes, órdenes de gobierno, instancias de la Administración Pública Federal, sociedad civil y la atención de grupos usualmente excluidos de los beneficios del desarrollo social, además de que las modificaciones impulsadas están ancladas al impulso internacional por hacer prevalecer el derecho a la información, y a la adopción y puesta en marcha de estrategias y acciones que dan cuenta de los nuevos compromisos gubernamentales para garantizar y hacer posible que este derecho cuente con espacio para ser ejercido.