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*El PAN y el PRD respaldan el punto, mientras que el PRI se inclina por una ASF que audite sobre todo hechos denunciados en específico
Agencias . | Ciudad de México | 10 Feb 2015
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados definirá mañana el calendario para la discusión y votación de las reformas pendientes en materia de combate a la corrupción, antes de que finalice febrero.
Al momento, las diferencias entre los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD tienen que ver con el fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que mientras los priístas no están de acuerdo con que el máximo ente fiscalizador del país revise también los ingresos locales de los gobiernos estatales, panistas y perredistas respaldan el punto.
Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador jurídico de la diputación federal priísta, explicó que un cambio constitucional de esa naturaleza podría ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “en nuestra opinión sería inconstitucional’’.
El neoleonés explicó que, en promedio, 90% de los ingresos de los estados son de origen federal, y que esos sí pueden ser revisados por la ASF, pero no 10% restante, que son contribuciones locales.
Para los priístas, detalló, el sistema nacional anticorrupción debe constar de cuatro elementos fundamentales: una Secretaría de la Función Pública (SFP) fuerte; una ASF con mayores atribuciones para revisar no sólo la cuenta pública, sino sobre todo hechos denunciados en específico; un tribunal de justicia administrativa, que no dé cuentas, que se especialice en sancionar, y un fiscal anticorrupción.
“El PRI ha dado muestras de la mayor voluntad para avanzar (...) el primer tema que objetó el PAN fue lo que propuso, aquel consejo en el que intervendrían gobernadores... ¿Qué fue lo que se hizo? Omitir cualquier tipo de consejo o institución distinta a esos cuatro pilares, para que pueda operar el sistema nacional anticorrupción”, afirmó.
Por el PAN, Ricardo Anaya Cortés puso cuatro condiciones innegociables para avanzar en la reforma en ciernes: creación de observatorios ciudadanos para darle fuerza a las denuncias; auténtico control interno por parte de la SFP, cuyo titular sea propuesto por el presidente de la República y ratificado por la Cámara de Senadores; empoderar a la ASF para hacer auditorías en tiempo real, y hacer realidad el tribunal federal de cuentas, que sea quien sancione.
Para los diputados federales del PRD, dijo Miguel Alonso Raya, su coordinador, lo primordial debe ser el establecimiento de sanciones que inhiban, de entrada, la tentación de los funcionarios de “meterle la mano a los recursos públicos’’.
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