Lozoya pide reservar información sobre juicio de extradición

*El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decretó el 13 de febrero el ingreso en prisión provisional incondicional y comunicada para Lozoya por entender que existe riesgo de fuga

| | 24 Feb 2020

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pidió al despacho de abogados, Coello Trejo y Asociados, S.C, que lo representa legalmente, que ya no proporcione ningún tipo de información en torno a su proceso de extradición.

En un comunicado, la defensa informó que ya no proporcionará ningún tipo de datos sobre el proceso de extradición contra su cliente, además tampoco revelará qué despacho le representará en España, donde está preso.

El escrito señala que a partir de que Lozoya se entrevistó con Coello Trejo en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre “nos ha instruido que por el momento no demos declaración e información alguna respecto a los procedimientos legales”.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decretó el 13 de febrero el ingreso en prisión provisional incondicional y comunicada para Lozoya por entender que existe riesgo de fuga, ya que en el momento de su detención se identificó con una licencia de conducir mexicana con su fotografía, pero con el nombre de Jonathan Solís.

Lozoya fue arrestado en una lujosa zona residencial en Marbella por una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades mexicanas, que le buscaban por “un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, equivalente a blanqueo de capitales en España y que comprende una pena máxima prevista de 15 años de prisión.

El exdirector de Pemex se encuentra ingresado en el módulo cinco de dicha cárcel malagueña, en espera de su traslado a Madrid. En tanto, el gobierno de México contrató los servicios del despacho de abogados Garrigues, que tendrá como objetivo la extradición de Lozoya para ser juzgado en territorio mexicano, pese a que el exfuncionario no quiere volver a México debido a que teme por su seguridad.

Desde la semana pasada empezó a contar el plazo de 45 días que el gobierno de México tiene para enviar toda la documentación del caso a España, en la que deberá argumentar los motivos por lo que solicita la extradición del exdirector de Pemex. En caso de que los incumpla el juez ordenaría su libertad al día siguiente.

Hasta el momento, el gobierno de España no ha recibido ninguna de la documentación requerida, aunque el Ejecutivo mexicano tiene todavía 30 días para hacerlo.