La Tesorería trabaja con el Gobierno de México para sancionar a los miembros del CJNG que operan a través del puerto de Manzanillo

*El puerto más transitado de México es un importante punto de entrada para las drogas ilícitas y los precursores químicos

| | 06 Oct 2021

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a los ciudadanos mexicanos Aldrin Miguel Jarquin Jarquin, Jose Jesus Jarquin Jarquin, Cesar Enrique Diaz De Leon Sauceda y Fernando Zagal Anton de conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (Ley Kingpin).

Estos cuatro individuos son miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera a través del puerto de Manzanillo en Colima, México y sus alrededores. CJNG, una organización violenta con sede en México, es responsable del tráfico de una proporción significativa del fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a los Estados Unidos. La acción de hoy es el resultado de una colaboración entre la OFAC, la Administración Antidrogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

“El éxito criminal de CJNG se debe en parte a su influencia en lugares estratégicos como Manzanillo”, dijo la directora de la OFAC, Andrea M. Gacki. “Este puerto de la costa del Pacífico sirve como una puerta de entrada importante para la cocaína colombiana y los precursores químicos importados de Asia, incluidos los que se utilizan para sintetizar el fentanilo para su distribución final en los Estados Unidos. El Tesoro está comprometido a trabajar con socios en los gobiernos de Estados Unidos y México para exponer, aislar e interrumpir a los miembros del CJNG que operan en Manzanillo y en otros lugares ”.

ANTECEDENTES DE LAS PERSONAS DESIGNADAS
Hoy, la OFAC designó a los hermanos Aldrin Miguel Jarquin Jarquin (alias "Chaparrito") y José Jesús Jarquin Jarquin (alias "R32"), así como a César Enrique Díaz De León Sauceda (alias "Lobito"), quienes se encuentran entre los más altos del CJNG miembros que operan en Manzanillo y en otras partes del estado mexicano de Colima. En junio de 2020, la UIF bloqueó las cuentas bancarias mexicanas de estas personas debido a su apoyo al CJNG. El otro individuo designado hoy, Fernando Zagal Antón, está subordinado a estos tres individuos. La OFAC los designó de conformidad con la Ley Kingpin porque son personas extranjeras que ayudan materialmente o brindan apoyo financiero o tecnológico para, o brindan bienes o servicios en apoyo de CJNG. Juntos,

Los designados de hoy tienen enlaces a personas previamente designadas. Reportan a Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno del líder del CJNG Rubén Oseguera Cervantes (alias “Mencho”). La OFAC designó a Julio Alberto Castillo Rodríguez el 27 de octubre de 2016. Además, las personas designadas hoy se coordinan con Carlos Andrés Rivera Varela (alias “La Firma”) y Francisco Javier Gudino Haro (alias “La Gallina”), a quienes la OFAC designó el 6 de abril de 2021 Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudino Haro lideran un grupo de aplicación del CJNG que ha ayudado a orquestar asesinatos de rivales y políticos utilizando armamento de alto poder. Estos dos individuos violentos también están vinculados a Gonzalo Mendoza Gaytán (alias "El Sapo"), un miembro de alto rango del CJNG que ha actuado como jefe de plaza para Puerto Vallarta, Jalisco, México.

La expansión y el control del CJNG del territorio estratégico del narcotráfico, incluido el estado de Colima y su puerto de Manzanillo, se debe en parte a la violencia contra rivales y funcionarios del gobierno mexicano. Por ejemplo, el CJNG fue responsable del asesinato en junio de 2020 de un juez federal mexicano en Colima. Colima tiene una de las tasas de homicidio per cápita más altas de México, impulsada en parte por las operaciones locales de tráfico de drogas del CJNG.

ACCIONES ANTERIORES DEL GOBIERNO DE EE. UU. CONTRA CJNG Y LOS CUINIS
Las designaciones de la Ley Kingpin de hoy marcan la decimoquinta acción de la OFAC contra el CJNG, que fue designada el 8 de abril de 2015, junto con su líder, Rubén Oseguera Cervantes (alias “Mencho”), por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de estupefacientes. El Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU. Ha otorgado una recompensa de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Rubén Oseguera Cervantes.

En acciones anteriores, la OFAC designó una amplia gama de empresas y personas vinculadas al CJNG y su aliado cercano, la Organización de Narcotráfico Los Cuinis. Los negocios previamente designados en México incluyen centros comerciales, empresas inmobiliarias, empresas agrícolas, un negocio de promoción musical y un hotel boutique de lujo. Muchas de estas entidades mexicanas se han involucrado en el lavado de las ganancias de las drogas y representan intentos del CJNG y Los Cuinis de integrar sus ganancias ilícitas en la economía legítima. Entre las personas sancionadas se encuentran aquellas que desempeñan un papel fundamental en las actividades de tráfico de drogas de CJNG, incluido el lavado de dinero, y las que facilitan las actividades de corrupción en nombre de CJNG y Los Cuinis.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas o entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera.

Desde junio de 2000, más de dos mil 200 entidades e individuos han sido sancionados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por infracciones de la Ley Kingpin van desde sanciones civiles de hasta un millón 548 mil 75 dólares por infracción hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones.

Las multas penales para las corporaciones pueden alcanzar los 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por infracciones penales de la Ley Kingpin.