El adolescente sicario que según la Fiscalía tiene 15 años, y Petro asegura cuenta con 14 años, reveló en la audiencia que le ofrecieron 20 millones de pesos (colombianos) por disparar contra el senador y precandidato presidencial, sin embargo, no aceptó los cargos imputados.
Como se informó el tirador implicado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay fue detenido a minutos de que disparara en la cabeza del político de oposición durante un evento no programado en el barrio Modelia.
El esquema de seguridad del senador capturó al menor cuando se daba a la fuga del lugar donde se registró el incidente y en el que se quedó solo, luego de que la persona que lo transportó al sitio para comenter el atentado lo abandonó. Hasta ahora, la justicia colombiana no lo ha logrado identificar.
En una audiencia realizada el martes 10 de junio, el adolescente rechazó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, pero según las autoridades ofreció información trascendente, pese a que el celular que pedía en su captura para dar los números de quienes lo contrataron, no aparece según la fiscalía.
Noticias Caracol detalló que en la audiencia de imputación, el menor confesó que le ofrecieron veinte millones de pesos para ejecutar el atentado y que la orden era acabar con la vida del senador del Centro Democrático, según lo detalló
Pago que se realizaría una vez cometido el hecho, aunque no especificó si la transacción sería electrónica o en efectivo, lo que ha abierto nuevas líneas de investigación sobre la linea de investigación de la ruta del dinero.
Se conoció además que el joven agresor de Uribe Turbay ya tenía antecedentes penales por complicidad en un homicidio y hurto.
El sicario adolescente permanece bajo estricta custodia en el búnker judicial, luego de confesar detalles sobre la oferta económica y aparentemente colaborar con la investigación para identificar a los autores intelectuales del ataque .
Voces procesales refieren que el sicario podría estar buscando un principio de oportunidad, una figura jurídica que le permitiría, a cambio de colaboración eficaz, convertirse en testigo clave para el esclarecimiento de la autoría intelectual del atentado.
La investigación ha arrojado resultados sobre los vehículos involucrados al identificar la posible participación de un auto y una motocicleta en los hechos, así como vínculos del caso con una oficina de sicarios de la localidad de Santa Fe en Bogotá.
El menor de 14 años de edad, en caso de ser hallado responsable de este hecho, podría enfrentar una pena de hasta ocho años, pero que no cumpliría en un centro penitenciario, sino en un centro especializado para menores, refirió Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación.
“La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de ocho años que no es propiamente de prisión, sino que es una sanción que bajo los alineamientos de la ley 1098 es una sanción que es educativa, reparadora y que tiene por fin restablecer los derechos de ese menor en el entendido de que el legislador ha dispuesto que a él se le proteja antes que se le sancione”.
La fiscal Camargo explicó que todos los adolescentes aprehendidos son tratados como presuntos infractores, independientemente del delito, y que el proceso judicial se rige por normas distintas a las que aplican para adultos, como el Código Penal (Ley 599 de 2000) o el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), respectivamente.
