Por Ernesto Hernández Norzagaray
La mañana calurosa del 25 de julio se vislumbraba para los culichis como cualquier otro día con sus congestionamientos viales, retrasos a la hora de llegar al trabajo, estudio o una cita previamente acordada, los restaurantes Panamá a tope con sus aromas característicos, pocos, muy pocos, podían imaginarse que ese día quedaría en la memoria colectiva como un culiacanazo solo que silencioso, y ahora mediáticamente doloroso, escandalosamente doloroso, para la mayoría de los habitantes de la capital sinaloense.
Y es que esa mañana, discretamente llegaban personajes del crimen y la política sinaloense a una vivienda de Huertos del Pedregal en el sur de la ciudad, para conversar y si fuera posible acordar una salida a un conflicto que sostenía el gobernador Rubén Rocha con Héctor Melesio Cuén, el principal líder opositor en el estado, y antiguo aliado en los comicios de 2021, que contribuyó al triunfo de Morena en Sinaloa.
La intermediación entre estos dos personajes para avenirse a un acuerdo sería nada más, y nada menos que Ismael El Mayo Zambada, el narcotraficante más buscado en las últimas décadas por las agencias estadounidenses -creo, que estas, ofrecían 15 o 20 millones de dólares a quien diera información que las llevara a la captura de este capo mítico- quien, luego, ya detenido, diría en una carta pública que conversarían “sobre quien dirigiría” la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Solo que el encuentro salió mal. Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, tenía otros planes propios y/o interpósitos. Llegaron Ismael El Mayo Zambada y Héctor Melesio Cuén al lugar antes de la 11 de la mañana. Y el gobernador Rocha Moya, hasta donde se sabe, nunca apareció, ni tampoco, alguien de su círculo más cercano. No llegaría quizá porque no sabía o porque sabía, no llegó.
La traición es parte de la historia sobre todo cuando se busca obtener beneficios. Sucedió en Culiacán con la detención de Alfredo Beltrán Leyva en 2008 o en el juicio de Brooklyn en 2019 donde antiguos aliados testificaron en contra de Joaquín El Chapo Guzmán.
Y en esta maraña ¿el asesinato de Cuén Ojeda que beneficios podía traerle al hijo de El Chapo Guzmán? Igual ¿si la UAS salía perjudicada en este vendaval mediático que beneficios trae a este muchacho? Acaso, ¿era indispensable para acercar al capo de capos? Preguntas razonables que están en el ambiente sin respuesta.
No se ve que Joaquín tuviera un problema con Cuén o con las Universidad. O sea, a la vista, no hay un interés que justificaría el asesinato del principal líder opositor en el estado. Entonces el interés estaría en otro lado. En el ámbito de la política. Y eso quedo medianamente claro con el montaje que todo mundo vio en el asalto de la gasolinera donde supuestamente Cuén Ojeda fue asesinado.
La FGR se ha encargado de evidenciar el montaje que le costó el cargo a la fiscal Sara Bruna Quiñonez hoy en convalecencia producto de la revelación y no ha terminado por dar explicaciones detalladas del montaje de la noche del 25 de julio que podría costar la libertad de quienes presuntamente estarían involucrados en crear una suerte de verdad histórica.
Sin embargo, a dos meses de los sucesos trágicos de aquella mañana veraniega, la FGR que atrajo el caso no ha aportado nueva información estamos en el terreno blando de las conjeturas.
Pero, a todas luces apunta a personajes del gobierno del estado por el conflicto político con el hoy occiso y el que sostiene con las autoridades universitarias.
Por cierto, dicho de paso, cualquiera pensaría que estando en entredicho el gobierno del estado la confrontación con la UAS entraría en un impasse, en una tregua unilateral, sin embargo, no ha sucedido al menos con el poder legislativo que en la última semana realizó dos acciones a todas luces inoportunas como fue la consulta universitaria sobre la reforma a la ley orgánica que fue rechazada in situ en la sede del Congreso del Estado y en las mesas de consulta. Y es que de los casi 200 mil universitarios participaron solo mil 392 de ellos y no todos a favor.
Y, también, con esa representación los diputados decidieron hacer la reforma a la ley orgánica sin tomar en cuenta al Consejo Universitario como lo establece la Ley de Educación Superior.
Se trata de que quizá los miembros de la legislatura no quieren quedar como derrotados ante la opinión pública después de que los abogados universitarios dieron cátedra y lograron victorias jurídicas contundentes.
O, quizá, aunado a eso calculan que les darán la razón cuando los futuros jueces y magistrados sean electos por voto popular e inclinen la balanza a favor de lo que hoy es inconstitucional y por lo podrían ser llevados a juicio por haber incurrido en desacato de una sentencia judicial federal.
A algo le tiran. Ya el tiempo lo dirá. Por lo pronto lo ocurrido la mañana del 25 de julio ha escalado mediáticamente al grado de convertirse en un asunto de seguridad nacional y es que, al momento de escribir este artículo, la confrontación entre dos facciones del Cártel de Sinaloa va para tres semanas y ya costó la vida de 80 personas, hay 100 más desaparecidas y una sociedad cautiva.
Culiacán está semiparalizada y no se ve para cuándo podría haber una tregua en este nuevo culiacanazo que paso del silencio al estruendo.
En definitiva, los acontecimientos del 25 de julio muestran que lo criminal lleva su curso con una estela de muertes y desapariciones forzadas y el conflicto con la UAS igualmente sigue un cauce de confrontación, que dicho de paso atizan connotados universitarios en sus espacios de análisis, y que busca la claudicación o los cambios en las leyes secundarias para que sean electos los jueces por voto popular y de la razón jurídica a quienes hoy no la tienen.
Las autoridades de la UAS están llamadas a una reflexión profunda sobre el contexto y las decisiones que deberá tomar porque sin duda las cosas han cambiado hacia una mayor incertidumbre que la detonada el 25 de julio. Incluso, si Rocha dejara el cargo.
Pubicado originalmente en: https://www.sinembargo.mx/
