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Foto: Blas Buendía .
*Irritación en contra de Rafael Guerra, responsable de la justicia de la capital de la república, porque caprichosamente no se ha conducido con entera rectitud lo que le ha valido que lo tachen en el PJCDMX, “un absurdo criminal del poder”, cercano a partido oficialista de Morena *Ha permitido el tráfico de influencias en el escandaloso caso Regina Seemann Audiffred contra el consultor político Guillermo Alejandro Sesma Suárez, por el delito de violencia doméstica
Blas A. Buendía . | Ciudad de México | 20 Feb 2025
La percepción de que los políticos mexicanos son corruptos y sinvergüenzas es un sentimiento compartido por muchos ciudadanos. La corrupción y la impunidad han sido problemas persistentes en México, y es comprensible que la gente se sienta frustrada, desilusionada y enfadada con sus autoridades que imparten justicia sobre todo en la capital de la República.
Para la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, ha sostenido que la verdadera esencia de lo jurídico es lo diametralmente opuesto a lo arbitrario, lo corrupto, lo ignorante en la aplicación de la ley, al grado de comparar el establecimiento de crear una imagen boñiga a la justicia del país.
De todo aquello depende del antojo de la política, del capricho del poder económico, de aquello que rompe con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, consecuentemente lo que fragmenta lo previsto por el Código Penal y con toda ordenación que afecte las finalidades esenciales del Derecho.
La arbitrariedad, la impunidad, el tráfico de influencias, la indebida interpretación de la norma, la corrupción, el soborno, la justicia selectiva, la falta de conocimientos jurídicos, la sumisión al criterio de superiores jerárquicos corrompidos, la falta de una justicia expedita, todo ello resultan ser los elementos objetivos que hacen romper la confianza en las instituciones de justicia y/o en aquellos ordenamientos jurídicos cuyas desviaciones dependen de los actos emitidos por el Estado, por la autoridad.
Todo lo azaroso arroja como consecuencia jurídica que el derecho pasa a ser de la regularidad inviolable a una aventura caprichosa corruptora, como aquella que en su momento padecieron los menores hijos del pederasta Guillermo Alejandro Sesma Suárez.
Para quienes portan togas de dignidad en la abogacía independiente de la República, es de su conocimiento, que cualquier autoridad corrupta del ámbito de justicia, carece de un poder supremo, no cuentan con el princeps legibus solutus (Estado absolutista), porque tanto para quien fuera el Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, como para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la propia entidad federativa, Rafael Guerra Álvarez, no les es, ni les fue, ni legítimo, ni permisible actuar supra ius, et contra ius, et extra ius (El Papa puede más que el derecho, por encima del derecho y contra el derecho).
Las autoridades corruptas y corruptoras de la ley que actuaron en el caso de la señora Regina Seeman Audiffred, deberían de haber cumplido con el derecho que juraron proteger y resulta ser el caso que trastocaron ese derecho para cumplir con la voluntad impune y vergonzosa del diputado Jesús Sesma Suárez.
Como se sabe, el filósofo Emer de Vattel, siendo un jurista de prosapia, en cuya obra El Derecho de Gentes y Principios de la Ley aplicados a la conducta de las autoridades soberanas, en el siglo XVIII, sentenció: “Desde el momento en que el actuar de la autoridad se aparta de las leyes, sus mandatos no efectúan más que un absurdo criminal del poder que se les ha confiado. En tanto las leyes existen y subsisten, la autoridad debe aplicarlas honestamente”.
Ni Ulises Lara López, ni Rafael Guerra Álvarez, actuaron con probidad intelectual, su actuación fue dirigida a brindar impunidad a un pederasta.
De tal suerte que crece la indignación en contra de Rafael Guerra, responsable de la justicia de la capital de la república, porque caprichosamente no se ha conducido con entera rectitud, lo que le ha valido que lo tachen en el PJCDMX, “un absurdo criminal del poder”, por su afinidad con el partido oficialista de Morena, el cual pareciera restarle importancia a un conflicto doméstico dejando prácticamente sin justicia a la urbe más grande del mundo.
“¡Es cuanto!”, concluyó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., que encabeza el abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz.
Reportero Free Lance*
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