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*La reforma al referido artículo, que garantía la autonomía presupuestal al Poder Judicial al partir del 2017
| | 26 Nov 2015
Este jueves el pleno legislativo aprobó en un primer periodo, la reforma al artículo 60 de la Constitución Política de Veracruz para asignar al Poder Judicial un presupuesto mayor pero no menos al 2% del presupuesto total del estado.
La reforma al referido artículo, que garantía la autonomía presupuestal al Poder Judicial al partir del 2017, establece:
“El presupuesto asignado al Poder Judicial podrá ser mayor pero no menor al dos por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, y deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley”.
Por tratarse de una reforma constitucional se requiere de otra aprobación en un segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso del Estado; y posteriormente 107 Cabildos deberán ratificar el decreto, y así podrá entrar en vigencia a partir del ejercicio fiscal del 2017.
El segundo periodo ordinario de sesiones será de mayo a julio del próximo año.
El dictamen aprobado por 44 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, establece que se deja claro que se requiere de un Poder Judicial capaz de contar con una independencia presupuestal, que refuerce su autonomía e imparcialidad en su actuar, exenta de cualquier sometimiento, presión, recomendación, consigna o sugerencia; y que garantice a sus integrantes la estabilidad y seguridad profesional, laboral, económica y jurídica, que exigen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado.
Tiene como objetivo el establecimiento de un porcentaje para garantizar la suficiencia presupuestaria del Poder Judicial del Estado, lo cual permitirá mayor eficacia presupuestal y sobre todo una planeación estratégica de gasto corriente e inversión razonada en la infraestructura aún necesaria para dar frente a las situaciones exigidas por los veracruzanos.
No existe impedimento para legislar sobre esta materia por parte del Poder Legislativo Local, y la intención es otorgar mayor certeza jurídica a los usuarios y operadores del sistema de justicia de nuestra Entidad Federativa.
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