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*Se trata de dos créditos que solicitó la administración estatal pasada y que fueron aprobados por la anterior legislatura
| | 08 Dic 2016
Las denuncias presentadas este miércoles por el Órgano de Fiscalización Superior se derivan de los créditos por más de 6 mil 100 millones de pesos que fueron aprobados por la LXIII Legislatura a la administración de Javier Duarte de Ochoa, cuyo gasto no fue justificado, afirmó Juan Manuel de Unanue Abascal, diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Poco antes de asistir a la sesión legislativa de este jueves, el legislador manifestó que “es un acuerdo del Órgano de Fiscalización Superior en cuanto a dos créditos que solicitó la administración estatal pasada y que fueron aprobados por la anterior legislatura; los dos son por un monto de 6 mil 100 millones de pesos, que estaban destinados para la inversión pública y que no fueron solventados en esta segunda etapa de fiscalización”.
Indicó que los mencionados recursos aparentemente no fueron ejercidos y tampoco se comprobaron y que por esa razón se presentaron las denuncias en contra de quien resulte responsable en la Secretaria de Finanzas y Planeación.
El legislador panista exhortó al titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, a que “siga actuando de esta manera al tiempo que también exhortamos a los gobiernos federal y estatal para que se actúe en contra de todos los funcionarios de la administración de Javier Duarte de Ochoa que incurrieron en un daño patrimonial contra el estado de Veracruz”.
Juan Manuel de Unanue Abascal afirmó que los legisladores de la Comisión de Vigilancia y de la LXIV Legislatura seguirán puntualmente el avance de las denuncias. Reveló que ya se está en diálogo con el auditor del ORFIS con la finalidad de que exponga en términos generales los avances que se tienen en las revisiones y que asimismo se fiscalizará a los ayuntamientos, órganos autónomos y al gobierno del estado.
Reiteró que las denuncias interpuestas son en contra de quien resulte responsable, “ya que no sabemos cómo se utilizó ese recurso, no se justificó de manera correcta y esto constituye un daño patrimonial; se supone que este recurso era para la construcción de obras de desarrollo y no hay nada al respecto”.
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