Normalizar la violencia

19 Mar 2024 / *“No me gusta decir que se los dije… pero se los dije"

Prefacio.

Llegó a tal nivel la desesperación en el equipo de campaña de Rocío Nahle por la exhibición de la exorbitante -y, a todas luces, ilícita- fortuna de la candidata, que sus asesores terminaron por sujetarse del único clavo disponible, aunque éste estuviera forrado con excremento; esa fue única alternativa “coherente” que encontraron para tratar de frenar su aparatosa caída. *** Resulta que fue la versión del exgobernador Javier Duarte (delincuente confeso) la que mejor encajó entre las múltiples incongruencias que difundieron para tratar de contener los ataques en redes sociales por la ostentosa mansión que habita la zacatecana en uno de los más exclusivos fraccionamientos de Boca del Río. *** Y tan absurdo resulta que un delincuente maneje la estrategia mediática de la candidata al gobierno de Veracruz, como que utilicen, para “contragolpear” a su más fuerte rival (Pepe Yunes) la versión de otro delincuente confeso: Emilio Lozoya, quien pretendió venderle al gobierno federal la “valía” de la información que poseía y aseguró que había “comprado” la voluntad de diputados federales y senadores priistas (entre los que estaba Pepe Yunes) para que aprobaran la reforma energética, durante la gestión de Enrique Peña Nieto. *** Todo (tanto la argumentación de que “sólo renta” la mansión en la que vive y la de las “maletas de dinero” que Lozoya dijo haber repartido) sin una sola prueba. *** Por el contrario, para denunciar la corrupción de Rocío Nahle están las pruebas: escrituras de los terrenos, permisos de construcción y las observaciones -que permiten presumir el desvío de miles de millones de pesos- que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la faraónica e inútil refinería de dos Bocas. *** ¿Quieren hablar de corrupción?

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Y de pronto llegó a mi mente aquella expresión, muy mexicana: “no me gusta decir que se los dije… pero se los dije”.

Apenas en mi colaboración de ayer, en mi papel de pitoniso, escribí: “Le anticipo: este martes, en conferencia de prensa, el gobernador les jurará a los veracruzanos que ‘no habrá impunidad’, que este acto criminal (los cuerpos desmembrados, arrojados en el centro de Cazones) es producto ‘de la guerra entre bandas criminales’ y que “se ordenó el envío de personal de la Guardia Nacional y del Ejército para reforzar la seguridad en aquella zona”.

Y, ¿qué creen?

Cuitláhuac García dijo este martes que los restos humanos arrojados en el centro de Cazones de Herrera corresponden a dos personas del sexo masculino, y que la principal línea de investigación se relaciona con una disputa de grupos del crimen organizado por control de territorios. “Pensamos que es la respuesta que ahora, que el grupo que pretende operar en Tuxpan, le responde (sic) a los que operan en Poza Rica; es el área de Poza Rica y Cazones”.

Dijo que la Fiscalía ya identificó a las dos víctimas desmembradas, que sufrieron un “levantón” (esto es, que fueron privadas de la libertad) desde días previos en el municipio vecino de Álamo Temapache y que “se dedicaban a la venta de droga”.

No dijo nada (ahí sí fallé) de reforzar la seguridad en la zona. Quizá porque otras zonas de la entidad lo mantienen ocupado.

Ahí está el caso del extremo sur de la entidad. En Coatzacoalcos, la noche del lunes un hombre (identificado como un “checador” de una línea de autobuses) fue asesinado justo en una parada de camiones. Cerca de las 8 de la noche varios sujetos dispararon en su contra, en el paradero de la avenida Universidad a la altura de Soriana El Palmar.

La noche de ese mismo lunes, en Acayucan, un hombre y una mujer fueron baleados en una calle cercana al centro comercial Chedraui. Ambos caminaban por la calle Ramón Corona, entre la avenida Enríquez y la calle Juan Sarabia en el barrio La Palma, cuando varios individuos les dispararon.

El varón cayó en la banqueta, mientras que la dama alcanzó a correr, pero fue alcanzada media cuadra más adelante.

Hace apenas un par de semanas el propio gobernador había presumido que había un descenso en la incidencia de homicidios dolosos en la entidad, pues “sólo” se registraron 20 asesinatos entre la última semana de febrero y la primera de marzo.

El gobernador de Veracruz se mostró orgulloso de “conseguir” que en el 2023 la entidad registrara menos de mil homicidios dolosos; fueron 966 asesinatos en el año, lo que representa más de 80 por mes.

Justo lo dijo Pepe Yunes, el aspirante al gobierno de Veracruz, en una visita a Orizaba, el pasado 11 de marzo:

“No podemos aceptar la violencia como parte de nuestro día a día (...) Hay una estrategia fallida -si es que la hay-; creo que no hay estrategia a nivel estatal ni a nivel federal y quienes pagan los costos de esa omisión son los ciudadanos”.

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Epílogo.

En la Universidad Veracruzana (UV) tampoco están contentos con la expresión: “la ley es la ley”. Cuando ésta se contrapone a los intereses de quien dirige los destinos de esa casa de estudios, es momento de modificarla. *** Ya se trabaja en el “cabildeo” para que se apruebe una propuesta reforma a la Ley Orgánica de la UV, que será presentada en la sesión del Consejo Universitario General el próximo viernes. *** De ser aprobada en sus términos dicha propuesta y si el Congreso local vota a favor, el actual rector Gerardo Martín Aguilar Sánchez podría reelegirse en el 2025. *** En estos momentos, antes de dicha reforma, la Ley Orgánica de la UV impone como condición para ser elegido rector, ser mayor de 30 años y menor de 65 años, al momento de su designación. Martín Aguilar está por cumplir 66 años, por lo que ya no calificaría para un segundo período… a menos -claro está- que para entonces la Ley diga otra cosa. *** Que siempre no. Que la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Verónica Hernández, dio marcha atrás y decidió no remover a la coordinadora de la Fiscalía especializada en Delitos contra la Familia, Roberta Ayala Luna. ¿La razón? Que eso significaría darles la razón a los medios de comunicación. Lo bueno es que no nos leen.

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