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15 Abr 2017 / *¿Cómo afectará la jornada electoral para que los votantes apoyen con su voto a un determinado candidato (a)? ¿Y de qué forma se blindará la elección para evitar que imponga candidatos y financie campañas electorales? ¿Serán investigados todos los candidatos y candidatas por la PGR después de que obtengan su registró ante el OPLE?
A pesar de los lamentos, condenas y reclamos estridentes de las altas esferas gubernamentales, por la falta de los dineros públicos para solventar demandas populares emergentes, el árbitro electoral aprovechando el quiebre de las finanzas públicas ha dejado a la buena fe de las cúpulas partidistas el blindaje contra el narcotráfico de las fórmulas edilicias de cara a las elecciones del 4 de junio.
Hay un compás de espera, de acuerdo a las reglas electorales todavía no hay candidatos a las alcaldías ni de los integrantes de las fórmulas edilicias porque el registro general deberá ocurrir del 19 al 25 de abril en curso. La última semana de abril es clave para los partidos políticos.
Pero en el proceso interno de selección de candidatos a las presidencias municipales y de los integrantes de las planillas de los 212 ayuntamientos del estado, las cúpulas partidistas no han hecho un pronunciamiento sólido y convincente que garantice que los futuros candidatos a las alcaldías no tienen ni han tenido vínculo alguno con el crimen organizado.
La escasez del dinero público ha sido capitalizada por las altas esferas del poder público —como una forma de evadir compromisos y reivindicaciones electorales— y por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para soslayar acuerdos medulares, como es la vigilancia policial en los 212 consejos municipales electorales.
Los paladines, garantes y centinelas de la democracia veracruzana que representan los integrantes del consejo general del OPLE, poco o nada han debatido el tema coyuntural del narcotráfico en el marco del proceso electoral del 4 de junio, tomando en cuenta que Veracruz es disputado a sangre y fuego por los cárteles de la droga de mayor prominencia: Jalisco Nueva Generación, que es el nuevo jefe de la plaza Xalapa; Del Golfo, Los Zetas y Sinaloa, de acuerdo con datos de fuentes castrenses y de seguridad.
¿Cómo afectará la jornada electoral para que los votantes apoyen con su voto a un determinado candidato (a)? ¿Y de qué forma se blindará la elección para evitar que imponga candidatos y financie campañas electorales? ¿Serán investigados todos los candidatos y candidatas por la PGR después de que obtengan su registró ante el OPLE?
Sería una aberración que el Organismo Público Local Electoral recurriese a los vacíos electorales, argucias legaloides o a las descaradas trapacerías para no afrontar y sancionar a quien o quienes tengan vínculos con la delincuencia organizada. El árbitro electoral está obligado a exigir por las vías legales que el bienio yunista le cubra in su facto el rezago de los 80 millones de pesos que le adeuda, para cubrir las necesidades básicas del organismo.
La sociedad civil y los ciudadanos de a pie no olvidan la canallada de los comicios del 5 de junio de 2016, donde el OPLE actuó con dobles, simulación y relajamiento con las normas del Código Electoral y toleró los errores y horrores de las empresas que coordinó el PREP y el seguimiento de prensa de los medios de comunicación impresos y electrónicos. A los votantes les quedó a deber a medias la transparencia, certidumbre, imparcialidad, certeza y honradez.
Por ética y moral los consejeros y representantes de los partidos políticos ante el consejo general del cuerpo colegiado, están obligados a blindar a los candidatos a las alcaldías y los comicios del narcotráfico para que las campañas que durarán 30 días en el mes de mayo próximo no sean penetradas por fuentes ilícitas de los poderes fácticos. Es la oportunidad de oro para que el presidente del órgano colegiado, Alejandro Bonilla, y los consejeros, se reivindiquen ante el electorado, o, de plano, confirmen su “cochinería”.
No puede haber ingenuidad, candidez o pusilanimidad del árbitro electoral con el nuevo proceso electoral para la renovación de los 212 ayuntamientos del estado —nadie se los cree, por supuesto—, simple y llanamente debe garantizar una jornada limpia, libre de mapaches electorales, urnas embarazadas, acarreos, despensas o dinero. Y libre también del crimen organizado que incline la balanza a favor de los candidatos que llevan su hierro.
La jornada electoral no va a ser un día de campo. Pero sí urge que por los medios legales al alcance de los poderes Legislativo y Judicial se convoque al titular del Poder Ejecutivo para que la Sefiplan cubra los rezagos de los adeudos financieros para que no se ponga en riesgo la elección intermedia de 2018, que será la madre de las elecciones presidenciales y de la renovación sexenal de Veracruz.
En suma, si no llegan en estas semanas los dineros públicos rezagados al OPLE —antes de que acabe abril—, las altas esferas del bienio gubernamental estarán violando las normas electorales, chocará con los partidos de oposición y, en consecuencia dejará la puerta abierta para que promuevan controversias constitucionales que, a la postre serían el blanco del TEPJF.
Entrar en disensos y antagonismos mediáticos a menos de dos meses de que se celebren los comicios del 4 de junio, no le dará buenos dividendos ni recobrará la credibilidad ciudadana al bienio —de por sí ya deteriorada con el desempleo masivo que disparó la contratación de personal de otros estados—, porque se prevé un movimiento trepidatorio de castigo electoral para las coaliciones en el poder —PAN-PRD— y otro para el desprestigiado PRI-PVEM-PANAL.
La del tricolor, según expertos en asuntos electorales, se dará por la sencilla razón de que las cúpulas estatal y nacional del PRI-PVEM no han sabido deslindarse en forma enérgica de la corrupción que sembraron los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte, así como sus testaferros. Y, esto evidentemente, pesará, será un lastre que cargarán los candidatos a las alcaldías. ¡El cochinero duartista será la aureola de su derrota!
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