Plantea Rodríguez Zamora urgencia de garantizar asesoría y representación jurídica a migrantes víctimas de delitos

*Señala que el gran cúmulo de ilícitos que sufren o atestiguan quedan en total impunidad a pesar de que la Constitución reconoce sus derechos *Propone iniciativa para reformar las leyes de Defensoría Pública y de Migración para que puedan acceder a la justicia realmente

| | 02 May 2020

Dado que casi la totalidad de delitos y violaciones a Derechos Humanos contra migrantes quedan en la más absoluta impunidad, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora propuso modificar la Ley Federal de Defensoría Pública y la Ley de Migración.

El objetivo de ambos cambios es proporcionar a esas personas asesoría jurídica cuando sean víctimas o testigos de delitos graves cometidos en México, así como a representación de defensores públicos y asesores jurídicos en caso de efectuar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

En su argumentación, la legisladora por Veracruz denunció que los migrantes frecuentemente son víctimas, testigos o las dos cosas, de delitos, abusos y violaciones a Derechos Humanos, los que en algunos casos se cometen con anuencia de autoridades.

Sin embargo, carecen de medios reales para denunciarlos y representarse en los juicios correspondientes, por lo cual su acceso a la justicia es mínimo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos /CNDH) informó que entre enero y septiembre de 2019 recibió 599 quejas de abusos contra migrantes, mientras la Fiscalía General de la Republica (FGR) reportó que sólo se judicializaron 1% de delitos cometidos contra esas personas. De 258 carpetas de investigación, acaso tres llegaron a un juez penal.

Con base en ello, Azucena Rodríguez apuntó que aun cuando la Constitución y otras leyes reconocen a toda persona presente o transeúnte en territorio nacional sus Derechos Humanos y las garantías previstos en los tratados internacionales, no hay realmente personal e instrumentos para su asistencia y defensa legal.

Así, según la Ley de Migración -dijo-, víctimas y testigos de delitos graves no pueden ser deportados y tienen derecho a permanecer en México como visitantes por razones humanitarias mientras dure su proceso penal e, incluso, luego podrían solicitar residencia permanente, pero esto rara vez se cumple.

Tampoco deberían ser sancionadas, retenidas en estaciones migratorias o encarceladas, según la misma Ley, cuando son víctimas de trata de personas y participan forzadamente en actividades ilícitas, pero esto tampoco se acata.

La razón de este panorama desalentador para las y los migrantes es la imposibilidad real de obtener representación legal y audiencia justa, ya sea por temor a represalias, desconocimiento de nuestro sistema judicial, y carencia o insuficiencia de recursos económicos, entre otras causas.

La legisladora llamó la atención sobre el hecho de que la migración es un fenómeno histórico y natural que existe y seguirá.

En particular, la migración masiva obedece a muchos factores sobre los cuales estas personas no tienen control, como pobreza, inseguridad en su país de origen y el anhelo a una mejor vida, entre otros.

A eso se agrega que, a su paso por diversas regiones hasta su destino final corren alto riesgo de ser testigos o víctimas de secuestro, tráfico de migrantes, trata de personas, robo, asalto, extorsión y otros delitos graves.

La falta de representación legal gratuita, tiempo y recursos necesarios para llevar a cabo un litigio, falta de dominio del idioma español, desconocimiento de sus derechos y desconfianza en las autoridades son algunas de las razones por las cuales éstas y estos migrantes no denuncian los delitos que sufren.

Subsanar estas deficiencias es el objetivo de la iniciativa presentada por Rodríguez Zamora.