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Senador Damián Zepeda, PAN.
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*Entre las consideraciones del dictamen aprobado quedó establecido que si bien se otorga la libertad de que las entidades determinen su propio límite de gasto, deberá hacerse en cumplimiento a lo que establece el artículo 134 constitucional
| | 24 Abr 2023
Los estados, los municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México podrán determinar el gasto en materia de comunicación social de manera propia, conforme a lo que calculen sus respectivos Congresos.
Por unanimidad, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen que modifica el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación.
"La minuta propone modificar el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social para establecer que las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, eliminando el límite del 0.1 por ciento que se establece en el artículo mencionado", se lee en la minuta.
El senador panista Damián Zepeda hizo notar que el Plan B impugnado, en revisión en el seno de la Suprema de la Corte, establece para la Federación un porcentaje de 0.1 por ciento del presupuesto total, lo que equivaldría a 8 mil millones de pesos al año.
"El Congreso de la Unión no tiene facultades para meterse en las haciendas locales. El Congreso de la Unión ha cometido el error de quererse meter en las haciendas locales", alertó.
En opinión del sonorense, el dictamen aprobado permitirá a los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México ejercer gasto en comunicación social del bueno y no del malo.
Entre las consideraciones del dictamen aprobado quedó establecido que si bien se otorga la libertad de que las entidades determinen su propio límite de gasto, deberá hacerse en cumplimiento a lo que establece el artículo 134 constitucional.
Ello en cuanto a que los recursos económicos que se dispongan se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, observando los principios de austeridad, legalidad y oportunidad.
El dictamen será puesto a consideración del Pleno del Senado el miércoles próximo.
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