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Esto lo advirtieron distintas autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante una carta que enviaron al Congreso del Estado de Veracruz, con el objetivo de transmitir algunas consideraciones en torno a la reforma que pretende criminalizar el aborto en la entidad.
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*“Contravendría los estándares internacionales de derechos humanos”
| Xalapa | 01 Feb 2016
De culminarse el proceso de reforma al artículo 4to de la Constitución Política, dicha iniciativa contravendría los estándares internacionales de derechos humanos, constituiría una regresión contraria al principio de progresividad consagrado en el artículo 1° de la Constitución Federal y podría poner en riesgo el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres.
Esto lo advirtieron distintas autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante una carta que enviaron al Congreso del Estado de Veracruz, con el objetivo de transmitir algunas consideraciones en torno a la reforma que pretende criminalizar el aborto en la entidad.
El documento firmado por el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios; la Representante de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujeres ONU Mujeres, Ana Güezmes, y el Oficial a Cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Javier Domínguez, señala la plena disposición que tienen para asesorar al Poder Legislativo en esta materia.
“Nos permitimos transmitir la preocupación que el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha expresado en sus Observaciones finales en el año 2012 sobre México, en el sentido de que le preocupa que las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos", dice el documento.
De igual manera, señalan que la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente, la mortalidad materna y la discriminación de las mujeres, especialmente las más pobres.
“En consonancia con lo anterior, diferentes Comités y Relatorías de las Naciones Unidas han recomendado al Estado Mexicano eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, y armonizar la legislación con los tratados internacionales”, apunta el documento.
Por último, las autoridades firmantes refrendaron su plena disponibilidad para seguir brindando la asesoría y cooperación técnicas que precisen el Congreso del Estado y sus Comisiones, dentro del más amplio respeto a los procedimientos parlamentarios y en los términos que más convenga al H. Congreso.
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