La perspectiva de género en impartición de justicia en México es reto pendiente

*La falta de capacitación continua perpetúa un sistema judicial que no responde adecuadamente a las necesidades de las mujeres

Élfego Bautista . | Ciudad de México | 21 Ene 2025

Desde la reforma constitucional de 2011, México se ha comprometido a fortalecer los principios de igualdad y no discriminación en su sistema judicial. Instrumentos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los tratados internacionales ratificados, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), buscan consolidar este enfoque. Sin embargo, aún es desigual la aplicación efectiva de estos principios.

Para atender esta brecha, el Poder Judicial de la Federación implementó herramientas como el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, diseñado para orientar a jueces y magistrados en el reconocimiento de desigualdades estructurales. A pesar de estos esfuerzos, la falta de capacitación profunda y las resistencias culturales dificultan su implementación generalizada.

La violencia contra las mujeres es área donde la perspectiva de género resulta indispensable. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que más de tres mil 500 feminicidios se registraron en los últimos cinco años. Sin embargo, son insuficientes las sentencias que incorporan un enfoque sensible a esta realidad.

Casos como el de Mariana Lima Buendía, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han marcado precedente al establecer que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio. Este enfoque no sólo dignifica a las víctimas, sino que obliga a las autoridades a abandonar prejuicios arraigados.

El sistema judicial mexicano refleja en muchos sentidos las dinámicas patriarcales de la sociedad. Prácticas como la revictimización de las denunciantes o la minimización de delitos de género están presentes en numerosos casos. Además, la sobrecarga de trabajo y la insuficiencia de recursos agravan la situación, dejando a muchas mujeres en la indefensión.

La falta de capacitación continua también perpetúa un sistema judicial que no responde adecuadamente a las necesidades de las mujeres. A pesar de los protocolos y normativas, sin un cambio cultural profundo, los avances seguirán siendo limitados.

La justicia con perspectiva de género no depende exclusivamente del Poder Judicial. La sociedad civil, las instituciones académicas y los organismos internacionales desempeñan papel esencial. Desde la denuncia de irregularidades hasta la promoción de investigaciones y capacitaciones, su participación es clave para transformar el sistema.

Es necesario también fortalecer la capacitación obligatoria para jueces y funcionarios, además de establecer mecanismos de supervisión que evalúen el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación.

Garantizar la perspectiva de género en la justicia mexicana no es sólo reto técnico, sino también deuda histórica. Aunque los avances normativos y casos emblemáticos trazan una ruta a seguir, es indispensable un cambio estructural y cultural para erradicar las desigualdades que afectan a las mujeres. La justicia con perspectiva de género debe ser entendida como un derecho irrenunciable y como un compromiso colectivo para construir un México más igualitario y justo.

Así es el Derecho.