Se gesta golpe de Estado político

*El detonante inmediato fue una orden ejecutiva firmada la semana pasada por el presidente Donald Trump, que prohibió las visas de entrada para los refugiados de siete países musulmanes

Agencias . | Washington, EU | 06 Feb 2017

La guerra ha estallado, no en territorio extranjero o en las calles de Estados Unidos, sino en las oficinas y pasillos de los departamentos y agencias que crean y ejecutan sus leyes, políticas y reglamentos. Sus vistas y sonidos son los de una burocracia en crisis: borradores de un cable disidente que circula, cartas de renuncia que se redactan, quejas susurradas a periodistas e incluso lágrimas.

El detonante inmediato fue una orden ejecutiva firmada la semana pasada por el presidente Donald Trump, que prohibió las visas de entrada para los refugiados de siete países musulmanes. La orden, que no pasó por un proceso de revisión normal, causó caos y angustia en los aeropuertos de Estados Unidos y del mundo, donde, sin previo aviso, se negó el paso a los refugiados con visas válidas e incluso los poseedores de green cards (documentos de residencia legal) fueron detenidos.

Las multitudinarias protestas que siguieron fueron las primeras señales de que algo andaba terriblemente mal en Estados Unidos, como un cuerpo sacudido cuando una sustancia extraña es inyectada en sus venas. No tardaron en aparecer más síntomas de rechazo. Cientos de diplomáticos en el Departamento de Estado firman un insólito cable de disidencia que advierte seriamente sobre un golpe de Estado político, diciendo que la prohibición “alienará a sociedades enteras” y servirá como “punto de inflexión hacia la radicalización”.

Y el lunes por la noche, la fiscal general Sally Yates dijo que el Departamento de Justicia no defendería la prohibición en la corte porque “no estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal”. Yates fue despedida, acusada de traición y debilidad en un comunicado de la Casa Blanca.

Esto no es normal. Apenas el año pasado, 51 diplomáticos en el Departamento de Estado presentaron una nota de disentimiento sobre la política de la administración Obama en Siria. El reemplazo de las cabezas de los departamentos, a veces en circunstancias desafortunadas, es una característica de las democracias, pero estos acontecimientos han ocurrido en un periodo tan corto de tiempo que el guión de los primeros diez días de la administración Trump se lee como la obra de Le Carré invadiendo a Estados Unidos.

Tal vez lo más sorprendente sea que las burocracias parecen estar tomando partido y peleando con una agudeza que es característica de los gobiernos fracturados y disfuncionales.

Antes de las elecciones, el FBI publicó mucha más información que dañaba a Hillary Clinton que a Donald Trump, y como resultado muchas personas llegaron a la conclusión de que el FBI y su director, James Comey, eran partidarios de Trump. Con la CIA ocurrió lo contrario, que parecía estar filtrando información que dañaba la campaña de Trump, y el mismo Trump criticó a la CIA por hacerlo.

En otro cisma importante —uno que abarca dos ramas del gobierno— varios jueces federales emitieron suspensiones contra la prohibición de inmigración, encontrándola probablemente ilegal, pero algunos agentes fronterizos se negaron a permitir que sus detenidos hablaran con abogados a pesar de que se les presentaron órdenes judiciales ordenándoles hacerlo. Mientras tanto, las prohibiciones fueron celebradas por sindicatos que representan a más de 21 mil oficiales de inmigración. Los sindicatos, en una declaración conjunta, felicitaron al presidente por su “acción rápida y decisiva” para mantener a Estados Unidos a salvo.

En la Agencia de Protección Ambiental, los científicos dicen que tienen miedo de hablar con los periodistas después de que la administración Trump exigiera conocer los nombres de los funcionarios que participaron en las negociaciones sobre el cambio climático. El recién instalado jefe del Departamento de Seguridad Nacional se enfrentó con la Casa Blanca por su deseo de nombrar a un extremista antiinmigración como su representante. Asistentes al Congreso revelaron que habían ayudado en secreto a la Casa Blanca a redactar la prohibición de inmigración y firmaron acuerdos de no divulgación que les impidieron contar a sus propios jefes acerca de ello. Y el asesor político de Trump, Steve Bannon, un nacionalista blanco acusado por su exesposa de violencia doméstica y antisemitismo, está orquestando las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca de manera secreta que se saltan a la mayor parte del personal del Consejo de Seguridad Nacional y no dejan evidencia en papel de lo que pasó.

El origen del caos es la asunción al poder de un líder inexperto que es fantásticamente rico, psicológicamente inestable, inusualmente bombástico y confía sólo en unas pocas personas, en su mayoría miembros de su propia familia. Este perfil tiene elementos de antiguos y actuales gobernantes de Italia (Silvio Berlusconi), Uzbekistán (Islam Karimov), Kazajstán (Nursultan Nazarbayev), República Democrática del Congo (Mobutu Sese Seko), Venezuela (Hugo Chávez), Irak (Saddam Hussein) y Guinea Ecuatorial (Teodoro Obiang), por nombrar sólo algunos.

La disidencia dentro del Departamento de Estado es significativa, pero cuando el proceso interinstitucional normal de los estados modernos se rompe, los ministerios de relaciones exteriores tienden a ser ignorados, la aplicación efectiva de las políticas se realiza desde los lugares donde reside el poder real: los ministerios de seguridad y el palacio presidencial.

La rebelión de Sally Yates en el Departamento de Justicia probablemente será de corta duración; ella era parte del legado de la administración de Obama y Trump ya la ha reemplazado con un fiscal complaciente. Las posiciones políticas de ese tipo, que ocupan los niveles más altos de la mayoría de las agencias, pronto serán ostentadas por fieles a Trump. La lucha dentro de las burocracias pronto pasará a estar entre los leales y los funcionarios de carrera que componen la mayor parte de la fuerza laboral federal, que asciende a 2.1 millones de personas, más 3.7 millones que trabajan como contratistas.

El lunes pasado tuvo lugar un llamado insólito cuando Laura Rosenberger, una exempleada del Consejo de Seguridad Nacional, escribió a sus antiguos colegas: “En muchos sentidos, ustedes son la última línea de defensa contra acciones ilegales, poco éticas o imprudentes”. Añadió:

❝La historia nos ha demostrado que la implementación de estas políticas depende de una burocracia complaciente de individuos obedientes que miran hacia otro lado y hacen lo que se les dice. Resistan. Niéguense a implementar algo ilegal, poco ético❞.

Es una solicitud inspiradora, pero hay muchas razones por las que podría no encender una rebelión entre las legiones de burócratas que hacen que el gobierno funcione día a día. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, respondió a la disidencia de los funcionarios del Departamento de Estado, dejando claro lo que la administración piensa de la deslealtad: “¿Estos burócratas de la carrera tienen un problema con él? Pienso que deben alinearse o con el programa o irse”. He escuchado este tipo de amenazas antes, aunque no en suelo estadunidense.