Bandas de crimen organizado asediaron la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en enero, cuando hombres enmascarados, armados con subametralladoras y granadas, atacaron un hospital, negocios locales e irrumpieron en el estudio de un noticiero para tomar de rehenes a los periodistas durante una trasmisión en vivo. El asalto no tenía precedentes y fue representativo de cómo ese país, que solía ser internacionalmente reconocido como un pacífico destino turístico, ha sido arrastrado a la batalla contra los carteles del narcotráfico y las pandillas.
La situación en Ecuador hace parte de una crisis más amplia de violencia en América Latina. Tras el proceso de paz de 2016 en Colombia, grupos disidentes han tomado control del territorio que antes dominaban las FARC; pandillas que operan desde la cárcel, como El Tren de Aragua, ahora son multinacionales de crimen organizado; el gobierno de Haití recientemente colapsó ante las pandillas que asedian Puerto Príncipe; y las áreas que solían ser inaccesibles, como la selva amazónica y el Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, son ahora son refugios para el tráfico de personas y drogas, además de la tala y minería ilegales.
Según el Estudio Global sobre Homicidio de 2023, publicado por la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, la región de América Latina y el Caribe «no sólo tiene consistentemente las tasas más altas de homicidios de cualquier subregión, sino también tiene la proporción más alta del mundo de homicidios causados por el crimen organizado».
El estudio señala tres motivos principales para ello: los niveles récord de producción de droga y de narcotráfico, la proliferación y fragmentación de grupos fuertemente armados, y la debilidad de las fuerzas policiales y el control de armas. Otro estudio del International Crisis Group dijo que en América Latina ocurre alrededor de un tercio de todos los asesinatos en el mundo.
No obstante, al tiempo que el crimen organizado en la región hace metástasis, el periodismo de investigación asume el reto de cubrirlo. Desde salas de redacción con propuestas innovadoras para cubrir la amenaza cambiante del crimen organizado, hasta hacer scraping colaborativo de datos publicados por hackers activistas; desde crear videojuegos para explorar la corrupción hasta investigar cómo el tráfico de drogas impacta a los miembros más jóvenes de estas sociedades, los periodistas que cubren organizaciones criminales han demostrado ser ágiles y creativos.
GIJN habló con periodistas de medios de Colombia, Honduras, México y Venezuela, y con dos proyectos periodísticos regionales, para escuchar cómo llevan a cabo su trabajo, dónde están innovando en este campo y cómo están cambiando la narrativa sobre el crimen organizado, de enfocarse en capos a realizar investigaciones con impacto en la gente común y corriente.
NarcoFiles: Descubrir los «imperios criminales»
A comienzos de 2023, en un café de Bogotá, el periodista de investigación Lorenzo Morales escribió unas pocas palabras en su servilleta y se la entregó a Nathan Jaccard, editor para América Latina del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). El mensaje se refería a una filtración nunca antes vista de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación.
Guacamaya Leaks, el grupo de hackers activistas que accedió a los correos electrónicos, aceptaba solicitudes de la prensa para entregarle más de cinco terabytes de datos.
«El origen [de la filtración] fue una vulnerabilidad que no fue subsanada en la fiscalía colombiana», explicó Jaccard, refiriéndose a una actualización de seguridad que los funcionarios no descargaron a pesar de las advertencias de Microsoft. «Varios medios colombianos lograron al mismo tiempo acceso a las filtraciones, pero nosotros buscamos que fuera un ejercicio colaborativo y donde no hubiera una competencia entre todos los medios, porque habíamos visto el caso de México con una filtración muy similar, donde básicamente todos los medios empezaron a competir entre sí y eso generó mucho ruido».
Captura de pantalla de una ilustración de James O’Brien para OCCRP
El enfoque que se tomó hacia la filtración transformó una investigación sobre el narcotráfico que habría podido tener relevancia tan sólo dentro de Colombia. OCCRP lo llamó «el mayor proyecto de investigación sobre este tema que nace en América Latina».
Cuarenta y cuatro medios colaboraron para publicar más de 70 historias en las filtraciones de NarcoFiles. Algunas de sus revelaciones fueron nuevas rutas de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa, cómo los hackers infiltran los sistemas de las ciudades portuarias de Europa para facilitar el tráfico de drogas, las alianzas entre bandas criminales de América Latina y de Europa, y cómo Dubái se convirtió en un refugio para narcotraficantes.
El equipo también contactó a medios de Estados Unidos y Europa como el Miami Herald y ZDF, y los incluyó en la revisión de millones de correos electrónicos para develar una red criminal de alcance mundial y que incluso trafica ilegalmente aletas de tiburón hacia Hong Kong.
Jaccard dijo que, durante la investigación de NarcoFiles, notó una diferencia interesante entre los periodistas europeos y latinoamericanos. La experiencia de los primeros tiende a estar centrada sobre los crímenes financieros, mientras los segundos tienen más experiencia lidiando con coberturas sobre el crimen organizado. Según Jaccard, para bien o para mal, la extendida presencia del crimen organizado en América Latina ha curtido a sus periodistas.
La plataforma Aleph de OCCRP, que permite análisis de datos, recopilación y búsquedas de documentación, y las cruza con otras bases de datos, fue fundamental para darle sentido al océano de correos.
«Una herramienta de este tipo es una especie de navegador Google donde podemos hacer búsquedas más estructuradas por palabras clave, por fechas o por correo de cada persona», explicó Jaccard. «Ahí ya es mucho más fácil navegar los datos, empezar a explorar y ver qué tipo de proyecto haremos. Al tener acceso a esta filtración uno no sabe si va a ser un proyecto de corrupción, de crimen, de temas ambientales o de temas empresariales».
Juegos, datos e innovación digital en Cuestión Pública
Un aliado clave para el proyecto NarcoFiles fue la plataforma colombiana de periodismo de investigación Cuestión Pública, fundada en 2018 por Claudia Báez, Diana Salinas y David Tarazona.
Cuando las grandes organizaciones de medios en Colombia comenzaron a recortar presupuestos o cerrar sus equipos investigativos para ahorrar dinero, los fundadores de Cuestión Pública vieron una oportunidad en el espacio virtual.
El medio apuesta a combinar métodos investigativos rigurosos, manejando datos a profundidad, con historias que apelan a una amplia audiencia, en especial generaciones más jóvenes. A pesar de tener recursos relativamente limitados, Cuestión Pública produce historias sobre las conexiones entre crimen organizado y política colombiana, diseñando plataformas de gamificación (crear juegos para comunicar información) y herramientas basadas en inteligencia artificial.
Mediante una plataforma interactiva llamada «Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada», el equipo reveló corrupción de congresistas; y destapó los presuntos vínculos entre el crimen organizado y los candidatos de la política regional con su juego en línea llamado «Desencanto», que es una parodia de la película «Encanto».
«Desencanto es nuestra mayor apuesta para descubrir cómo el crimen organizado influye sobre la política local«, dijo Báez sobre el juego diseñado para revelar el lado oscuro de las elecciones locales de Colombia en 2023.
«Para hacer esta gamificación usamos Microsoft Power BI. Aunque esta herramienta se construyó pensando en la inteligencia de negocios, visualizar y hacer dashboards, encontramos que a la vez permite desarrollar juegos», explicó Edier Buitrago, el editor de datos de Cuestión Pública. Esta improvisación digital, mezclada con información judicial oficial, le permite al público descubrir de una forma cautivante qué candidatos habían sido investigados por posibles vínculos con grupos paramilitares y organizaciones narcotraficantes.
El equipo también creó el Proyecto ODIN (Optimized Data Integration Network, o Red de Integración de Datos Optimizada), una poderosa herramienta de innovación que le ganó a Cuestión Pública una mención de honor en el Artificial Intelligence Journalism Challenge de 2023.
«ODIN usa la inteligencia artificial para optimizar la producción de los hilos de Twitter/X que le dan contexto a los ciudadanos con respecto a los personajes que están ocupando la agenda mediática y que nosotros ya investigamos, y está nutrido por la vectorización de las bases de datos de Cuestión Pública, que son semiestructuradas, y que son ‘Juego de Votos’ y ‘Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada’ [dos de sus más grandes investigaciones]», dijo Báez. Los usuarios también pueden hacerle preguntas a ODIN sobre personas que ocupan los titulares y, usando la información sobre su trasfondo, saber si alguna vez han sido acusados de tener vínculos con el crimen organizado.
La innovación les permite llegar a audiencias jóvenes, dijo Báez. «Sabemos que de los 35 años para adelante es muy difícil que las personas cambien sus conceptos políticos, pero los jóvenes están construyendo su panorama democrático, sus elecciones políticas, y si tienen esta información a la mano pueden tomar decisiones informadas. Eso es lo que hacemos: dar información de interés público para que los ciudadanos tomen mejores decisiones».
ContraCorriente: Una mirada profunda a cómo los capos controlan las comunidades de Honduras
El giro hacia los impactos sociales y culturales del narcotráfico, en lugar de centrarse en los capos y sus jerarquías de mando, es un hilo común entre los recientes reportajes sobre el crimen organizado en América Latina.
Desde que ContraCorriente, de Honduras, fue concebido, su objetivo era observar cómo las organizaciones criminales alteran el tejido social, y cómo la ilegalidad transforma los ambientes naturales y las comunidades.
«Decidimos lanzarnos en el año 2017 como ContraCorriente. Fue un proceso muy interesante porque también nosotras estuvimos consultando mucho sobre qué opinaban los periodistas, la gente en los medios, sobre crear un medio que investigara crimen organizado, corrupción y violencia, y nos decían que eso era imposible», dijo la cofundadora Jennifer Ávila. «Lo que era más difícil para nosotras era pensar cómo tener un medio, de qué va a vivir un medio así, cómo se va a sostener, cómo va a funcionar como una empresa. Al principio todo el mundo se une a tu sueño, pero esto no es un sueño sino un emprendimiento», dijo.
ContraCorriente ganó reconocimiento internacional cuando participó en el proyecto «Transnacionales de la Fe», que en 2020 le mereció al equipo de medios que colaboraron el Premio de Periodismo Ortega y Gasset. Como parte del reportaje, que fue una colaboración entre varios medios latinoamericanos, ContraCorriente reveló la propagación de organizaciones fundamentalistas cristianas en Honduras.
En otra investigación, «La montaña sagrada del narco», Célia Pousset, de ContraCorriente, describió el impacto del narcotráfico y la minería ilegal sobre los campesinos del montañoso municipio de Choloma, que fueron obligados a cooperar con el crimen organizado presuntamente con la complicidad de las autoridades locales.
«Se habla muy poco de las consecuencias directas [del crimen organizado] en las comunidades», dijo Ávila. «El reportaje te cuenta todos los daños que genera el narcotráfico, la impunidad en el narcotráfico y el narco-estado como tal en la población, en las comunidades y en las zonas protegidas».
A través de su página web, videos de TikTok y sus cuentas en redes sociales, ContraCorriente permite a sus lectores revisar el trasfondo de los candidatos en las elecciones parlamentarias y entender qué tan profunda es la influencia del crimen organizado en el Estado.
Una de sus fuentes es una colección de más de 500 documentos legales, que describen en detalle los juicios a políticos hondureños que enfrentan cargos por narcotráfico en los Estados Unidos, algunos de tan alto perfil como Juan Orlando Hernández, el expresidente acusado en la corte estadounidense de administrar el país como un «narco-Estado». ContraCorriente ofrece a sus usuarios de forma gratuita los documentos de estos juicios, a los que de otra manera tendrían que acceder mediante la plataforma estadounidense PACER pagando una tarifa.
«Creo que las dificultades con las que hemos crecido [los latinoamericanos] y que hemos vivido nos han hecho tener mucha resiliencia. Creo que esa resiliencia nos ha hecho pensar que podemos salvar lo que hemos vivido en nuestros países contando las historias», dijo Ávila. «Al menos esa es la fórmula con la que nos hemos convencido y por eso somos muy persistentes».
POPLab: un giro hiper-local a la cobertura del crimen organizado en México
Una historia sobre cómo el asesinato y la violencia en Guanajuato impactan a niños y adolescentes.
Hace unos años, Guanajuato, la capital del estado mexicano del mismo nombre, pocas veces figuraba en las coberturas sobre el crimen organizado. Incluso mientras la tasa de homicidios aumentaba dramáticamente, la cobertura nacional se enfocaba en otras ciudades, sobre todo en las zonas de la frontera con EE.UU. Fueron los periodistas locales quienes buscaron explicaciones sobre el aumento de la violencia.
Fundado por Arnoldo Cuéllar, un curtido periodista de investigación que había trabajado para Correo de Guanajuato y El Nacional de Guanajuato, POPLab nació como resultado del desinterés de los medios tradicionales hacia el periodismo de investigación que pone bajo su mira al poder estatal y al crimen organizado.
Luego de cubrir elecciones locales, el equipo decidió enfocarse en investigaciones de largo plazo y buscar nuevos ángulos en torno a los principales problemas que enfrentaba Guanajuato, en especial el alarmante aumento en la violencia relacionada con crimen organizado. Lo más importante en la agenda era considerar cómo aproximarse a las víctimas y encontrar historias que otros medios habían ignorado.
Dado que el descenso de Guanajuato hacia las garras del crimen organizado coincidió con el auge del Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, el equipo de POPLab inició una investigación que ahondó en la fiscalía de Zamarripa.
Entre 2009 y 2020, la primera década de su mandato, los homicidios en Guanajuato aumentaron de poco menos de 500 a 4.490 al año. En 2019, hubo enormes protestas en el estado y 10.000 personas exigieron que Zamarripa investigara los asesinatos de estudiantes universitarios y detuviera el ciclo de violencia que consumía a la región.
El gobierno federal le ha solicitado a Zamarripa, uno de los fiscales generales que más tiempo ha estado en su cargo en la historia de México, que renuncie por cómo se ha agravado la violencia durante su liderazgo y por la baja cantidad de condenas que ha logrado. Sin embargo, los funcionarios locales responsables de efectuar el cambio no han actuado.
POPLab escribió el perfil más detallado que hasta el momento se ha hecho de Zamarripa: «Nos centramos en hacer una historia coherente de la evolución de su gestión, de la evolución del fenómeno delictivo en Guanajuato y su relación con los embajadores americanos», dijo Cuéllar. Después de la publicación de esta historia, los medios nacionales también comenzaron a prestar atención a Zamarripa.
Un proyecto posterior, titulado «No es daño colateral, es nuestro futuro amenazado», es un ejemplo del periodismo centrado en víctimas de POPLab. La pieza explora cómo el crimen organizado afecta a los jóvenes, desde reclutarlos para una vida violenta hasta impedirles que se libren de ella. «Encontramos experiencias individuales sobre cómo se desarrolla este fenómeno y lo relacionamos con datos existentes», explicó Cuéllar. Algunas de las cifras sobre las que se apoyó POPLab fueron la cantidad de menores de edad arrestados, el número de homicidios también de menores de edad y dónde ocurrieron.
Creando nuevas narrativas sobre el crimen organizado
Periodista de investigación y cofundadora de In.Visibles, Ronna Rísquez.
Una de las organizaciones criminales más grandes de América Latina tuvo su origen en las cárceles de Venezuela. A causa de la extendida corrupción, débil vigilancia, y tráfico de tecnología y herramientas de comunicación dentro de las prisiones, El Tren de Aragua pasó de ser una temida pandilla de prisioneros a una mafia multinacional que opera en prácticamente todo el continente: desde Chile y Argentina hasta América Central.
La periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez ha invertido años documentando la creciente influencia del grupo. Escribió el libro más completo hasta el momento sobre las operaciones de la organización criminal y fue coautora de investigaciones como «OLP: La máscara del terror oficial en Venezuela», finalista en 2019 del premio Global Shining Light Award de GIJN.
No obstante, en 2023 Rísquez quiso cambiar su enfoque, y junto con la periodista de investigación argentina Josefina Salomón, y el reportero gráfico y documentalista Sergio Ortiz, creó In.Visibles, una plataforma de periodismo de investigación que aporta nuevas narrativas sobre el crimen organizado.
«Innovador es que te pueda mostrar cosas con un concepto distinto a lo mismo del narcotraficante: Chapo Guzmán, Pablo Escobar…», dijo Rízquez
El proyecto aún está en una etapa temprana y la publicación de sus primeras investigaciones está planeada para el segundo semestre de 2024. El equipo planea centrarse en las personas que solían considerarse marginales en la cobertura del crimen organizado. Por ejemplo, en narrativas sobre «mulas» de drogas que participan del narcotráfico por su precariedad económica y porque son presionadas por delincuentes. «¿Son criminales o es una forma de trata [de personas]?», se pregunta Rísquez. Estas víctimas son las personas y las historias que dieron título a la plataforma: In.Visibles.
«Pudiera parecer más atractivo y me buscan más para escribir sobre crimen organizado puro y duro que sobre víctimas, pero siempre escribir sobre víctimas es una elección que uno hace, porque de alguna manera es un compromiso de uno mismo con la sociedad, con las personas, con entender el periodismo como un servicio público», señaló Rísquez.
Santiago Villa es un periodista galardonado que ha escrito para medios de comunicación latinoamericanos durante más de una década. Actualmente reside en Colombia y escribe una columna de opinión para El Espectador. Anteriormente trabajó como corresponsal extranjero en Sudáfrica, China, Venezuela y Ecuador.
