Respondiendo a una pregunta en una conferencia de prensa, Farfán afirmó que “eso es mentira, él ha escuchado, ha respetado los procesos y este proceso sigue todavía... créanme que yo soy el más interesado en que la justicia llegue y sobre todo poder ayudar a las víctimas”.
Mons. Farfán añadió que ha acompañado a las presuntas víctimas. “Les he pedido perdón, hemos llorado juntos y sin duda hay un buen trato, una buena cercanía, espero podamos llegar a buen término”, agregó el obispo.
Agregó que el proceso canónico sigue su curso, asegurando que “el cardenal, el Papa León XIV ha sido el más sensible en la Iglesia peruana ante estos casos y él nos ha escuchado, él ha permitido que se nos haga justicia”.
El Papa Francisco nombró a Mons. Prevost administrador apostólico de Chiclayo en noviembre de 2014, y obispo de la misma diócesis en 2015. Posteriormente, también fue administrador apostólico del Callao.
En la conferencia de prensa, Mons. Farfán también desmintió que las víctimas hayan recibido 150 mil dólares a cambio de su silencio, citando el testimonio público de una de ellas que escribió lo siguiente en sus redes sociales: “Yo soy una de las víctimas, no hemos recibido dinero, y nunca lo recibiría a cambio de mi silencio; de ser verdad, con tal cantidad al menos hubiera tenido yo la delicadeza de eliminar mis publicaciones y no es así, lo puede ver todo en mi perfil”.
Mons. Edinson Farfán, agustino como el Papa León XIV, fue nombrado Obispo de Chiclayo el 14 de febrero de 2024, cuando el entonces Cardenal Prevost era prefecto del Dicasterio para los Obispos, el órgano del Vaticano que supervisa a los obispos en todo el mundo y propone a candidatos.
Preocupación internacional y exigencia de reformas
La defensa de Farfán contrasta con la reacción internacional de grupos de sobrevivientes, especialmente SNAP (Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes), que emitió un comunicado tras la elección de León XIV este jueves expresando su preocupación por el historial del nuevo Papa en la gestión de denuncias de abuso, tanto en Chicago, de donde es originario, como en Perú.
En una carta abierta, SNAP denuncia que, cuando León XIV era provincial de los agustinos, permitió que un sacerdote acusado de abuso residiera cerca de una escuela primaria en Chicago, y que como obispo de Chiclayo, las víctimas reportaron falta de acción y transparencia en la investigación, incluso permitiendo que el sacerdote acusado continuara celebrando misa tras la denuncia.
En la misiva, SNAP exige que en los primeros 100 días del pontificado se tomen medidas decisivas como la creación de una comisión global independiente de la verdad, la adopción de una política universal de tolerancia cero, acuerdos internacionales que aseguren transparencia y rendición de cuentas, un fondo de reparaciones financiado con bienes de la Iglesia y un consejo global de sobrevivientes con autoridad real para supervisar y hacer cumplir estas medidas.
La carta concluye con un llamado directo al Papa León XIV: “Usted puede terminar con la crisis de abusos - la única pregunta es: ¿lo hará?”.
La reacción del Vaticano
ACI Prensa contactó con la Oficina de Prensa del Vaticano en busca de una reacción y su director, Matteo Bruni, respondió diciendo que “es una noticia de hace tiempo, que yo sepa, y la diócesis ya ha respondido en un comunicado bastante claro”.
El comunicado al que se refiere Bruni fue publicado por la Oficina de Medios de Comunicación Social el 12 de diciembre de 2023, en el que se indica que en abril de 2022, varias jóvenes denunciaron ante el Obispado de Chiclayo al sacerdote Eleuterio Vásquez Gonzáles por acoso sexual, lo que llevó a su separación de la parroquia y a la apertura de investigaciones tanto internas como en la fiscalía, aunque estas fueron archivadas por falta de pruebas.
“Recibidas las denuncias se llamó al sacerdote acusado y se le pidió que se retirara de la parroquia y dejar de ejercer el ministerio. Y se inició una investigación previa que luego se envió a la Santa Sede”, señala el texto.
Agrega que el “Dicasterio para la Doctrina de la fe al ver que las acusaciones presentadas contra el sacerdote acusado no han sido suficientemente probadas en consecuencia decidió archivar el caso pro nunc”.
Ante la difusión entonces del caso en medios y redes sociales, la Diócesis dijo entonces en el comunicado que reabrió la investigación, impuso medidas cautelares al sacerdote “y que no ejerza el ministerio sacerdotal”. Además reafirmó su rechazo a cualquier conducta que atente contra menores y personas vulnerables, recordando la presunción de inocencia mientras continúa el proceso y “la tolerancia cero con este tipo de actuaciones”.
La Diócesis de Chiclayo resaltó en el texto que, de acuerdo a “las indicaciones de la Santa Sede” seguirá “desarrollando las medidas oportunas de prevención y actuación en bien de la Iglesia” para que “la actividad pastoral no se vea afectada por comportamientos que la dañan gravemente”.
Con información de Diego López Marina y Victoria Cardiel
