Policías locales se unen al controversial programa de ICE para ayudar con deportaciones

*ICE ha impulsado la expansión sin precedentes del Programa 287(g), el cual se ha basado en acuerdos que les permiten a las agencias locales ejercer funciones de deportación durante actividades policiacas de rutina

Propublica . | Phoenix, Arizona | 15 Jun 2025

Por Rafael Carranza y Gabriel Sandoval

Desde el comienzo de la segunda administración del presidente Donald Trump, autoridades de inmigracion estadounidenses han delegado el poder de ayudar con deportaciones a policías locales, a pesar de repetidas advertencias desde el 2018 por parte del propio gobierno que el programa no entrena y supervisa adecuadamente a los oficiales.

La expansión del Programa 287(g) se ha basado en la reciente restauración de un modelo “task force” o de grupo de trabajo que le permite a los policías locales cuestionar el estatus migratorio de personas durante las paradas de tráfico y en otras actividades policiacas de rutina.

Al menos 315 departamentos locales se habían sumado a este tipo de acuerdos que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, mejor conocida por sus siglas en inglés como ICE, abandonó en el 2012 en medio de problemas y demandas por perfil racial.

En total, ICE ha firmado 514 nuevos acuerdos con agencias policiales locales en 40 estados desde enero. Entre sus nuevos socios están la policía de tránsito en Tennessee y oficiales con más de 20 agencias en la Florida, las cuales ayudaron a ICE con el arresto de más de 1,300 personas en semanas recientes.

“Ha sido maravilloso ver a gente unirse a esto para asegurar que tengamos no solamente a las autoridades que necesitamos para salir a hacer ese trabajo, pero también de contar con el conocimiento local y la gente en la comunidad que en verdad quieren ser parte de la solución”, dijo en un comunicado Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

ICE ha divulgado la expansión del Programa 287(g) — cuyo nombre deriva de la sección de ley que autoriza la delegación de poderes limitados de inmigración a las agencias locales — como un “multiplicador de fuerza” que permite la aceleración de deportaciones y refuta políticas de santuario que limitan la cooperación de agencias locales con agentes de inmigración.

Pero expertos en libertades civiles y defensores de los inmigrantes advierten que este tipo de acuerdos viene con un alto costo para las comunidades. Registrar a departamentos locales a un ritmo acelerado renueva inquietudes identificadas por el propio organismo de vigilancia de ICE, donde se señala que la agencia es incapaz de entrenar y supervisar adecuadamente a los oficiales locales para ejecutar leyes de inmigración que pueden ser complejas.

Los defensores también afirman que es más probable que la policía use perfil racial bajo estos acuerdos, dañando la confianza de la comunidad en los departamentos de policía locales.

“Las agencies del orden local bajo estas jurisdicciones tienen más autoridad para aplicar leyes de inmigración, pero no lo saben necesariamente, solo por ver a alguien caminando por la calle o en una parada de tráfico si son inmigrantes o no”, dijo Austin Kocher, un profesor en la Universidad de Syracuse que ha estado siguiendo el Programa 287(g) por 15 años. “Hay mucha gente en este país que se van a ver afectadas por la expansión de este poder policial, tal vez hasta personas que no son inmigrantes, pero que podrían verse impactadas solamente porque la policía piensa que son inmigrantes o porque están realizando operativos en lugares que afectan a ciudadanos estadounidenses”.

Desde el 6 de junio, los departamentos de policía locales y estatales han firmado 649 acuerdos para participar en este programa, en comparación con los 135 acuerdos que estaban en pie desde enero, según ICE. Unas 79 aplicaciones adicionales estaban pendientes. Un departamento de policía o del alguacil puede tener más de un acuerdo con ICE.

Durante varios días del mes pasado, la Tennessee Highway Patrol envió más patrullas a las calles del sur de Nashville, deteniendo a conductores mientras que agentes de ICE esperaban al lado en vehículos encubiertos y con las luces prendidas. Rápidamente acapararon la atención de otros conductores y de activistas que comenzaron a grabar videos.

Líderes locales y defensores de los inmigrantes aseguran que este operativo violó los derechos civiles de los residents en Nashville, señalando que se habían enfocado en las áreas donde viven inmigrantes latinos y realizaron más paradas de tráfico en un par de horas de lo que sería típico para un oficial en todo un día.

La mayoría de las 196 personas arrestadas no tenían antecedentes criminales, de acuerdo a la información divulgada por ICE. La agencia dijo que 95 personas contaban con registros criminales o tenían cargos pendientes. Entre ese grupo, 31 de ellos había cometido una felonía por haber cruzado de manera ilegal después de haber sido deportados previamente.

“Lo que me queda claro hoy es que las personas que comparten nuestros valores de seguridad y comunidad cuentan con la autoridad para causar daños profundos a la comunidad”, dijo Freddie O’Connell, el alcalde de Nashville. O’Connell ha presionado a ICE para que publique los nombres de todas las personas que fueron arrestadas, lo cual desató dos investigaciones en el Congreso por parte de los republicanos argumentando que el alcalde ha impedido el trabajo de ICE en la ciudad.

Lisa Sherman Luna, la directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Tennessee, dijo que el operativo causó trauma entre las familias inmigrantes. “Este operativo — el cual se enfocó en vecindarios con poblaciones de inmigrantes establecidas y vibrantes — apesta a perfil racial y discriminación incostitucional”, dijo Sherman Luna, quien huyó de Guatemala a los Estados Unidos con su familia después del secuestro de su hermana. Los gobiernos de Nashville y el condado Davidson, junto con grupos sin fines de lucro, crearon un fondo de emergencia para ayudar a los inmigrantes “en momentos de crisis”.

Pero autoridades federales defendieron el operativo y arremetieron contra sus críticos. La secretaria asistente de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin dijo en un comunicado, “Creerían que todos los funcionarios públicos estarían a favor de DHS llevando a la justicia a los extranjeros violentos, criminales e ilegales y sacándolos de comunidades estadounidenses. Sin embargo, funcionarios a favor de fronteras abiertas — como el alcalde O’Connell — prefieren proteger extranjeros ilegales que a los ciudadanos estadounidenses”. DHS había incluído a Nashville en una lista que ha sido borrada titulada “Jurisdicciones santuario desafiando las leyes federales de inmigración”.

Dos oficiales con chalecos blindados intentan sacar a un hombre detrás del volante de un vehículo. Un tercer oficial con chaleco los observa, y aún más se pueden distinguir en la distancia.

Oficiales con Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestan a un hombre detenido por la Tennessee Highway Patrol en una gasolinera en el sur de Nashville, Tennessee en mayo. La agencia estatal recientemente firmó un acuerdo de cooperación con ICE. Credit:Seth Herald/Reuters

No queda claro cuántos arrestos de inmigración se pueden atribuir al Programa 287(g) desde que Trump volvió a tomar el cargo. Funcionarios de ICE no respondieron a una petición de Arizona Luminaria y ProPublica para obtener esas cifras. La agencia federal emite reportes mensuales que destacan de manera selectiva los arrestos de crímenes violentos, pero no incluyen cifras totales de arrestos en colaboración con sus socios policiales a nivel local.

El poder y las políticas de gobierno están impulsando la expansión del Programa 287(g), según Kocher. Estados con liderazgo republicano, incluyendo la Florida, han firmado leyes que requieren a sus agencias locales unirse al programa. En condados conservadores, ayudar a Trump con deportaciones masivas es popular. Como resultado, gran parte de las nuevas agencias que han firmado acuerdos 287(g) son las oficinas del alguacil, las cuales están a cargo de las cárceles del condado.

“Las oficinas del alguacil son cargos electos”, dijo Kocher. “Muchos de ellos están contentos de poder hacer esto, ¿no? Aun así, también es algo electoral con visibilidad pública”.

La expansión no se puede atribuir al dinero. De hecho, muchos de los costos asociados con esta colaboración federal, tal como los salarios de los oficiales, las horas extras y el transporte, les corresponde a las agencias locales y sus contribuyentes, según los acuerdos.

Los departamentos locales pueden participar de tres diferentes tipos de acuerdos. Los primeros dos modelos de cumplimiento de la ley en prisiones y de servicio de órdenes de arresto limitan las facultades de inmigración de las agencias locales a las personas que ya se encuentran detenidas en cárceles locales y prisiones estatales por otros cargos. El tercer modelo de grupo de trabajo extiende esa autoridad a la policía comunitaria.

La administración de Obama abandonó los acuerdos de grupo de trabajo a favor de programas que permitían a las agencias locales compartir información con ICE, argumentando que eran menos efectivos.

La decisión de la administración de Trump de restaurar estos acuerdos atrajo fuertes críticas. Defensores de los inmigrantes dicen que erosiona la confianza entre la policía y la comunidad, viola los derechos constitucionales de residentes y cambia el enfoque de los arrestos de inmigrantes que cometieron crímenes violentos a los que han cometido ofensas menores.

También señalan que estos cambios suceden al mismo tiempo que la administración de Trump cerró investigaciones por violación de los derechos civiles a varios departamentos de policía locales, y mermó las oficinas dentro del los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia que investigan la posible mala conducta de agencias del orden.

Ninguno de los acuerdos les permite a las agencias locales actuar por cuenta propia. Tiene que estar bajo supervisión o dirección de ICE. Policías locales también deben recibir por lo menos 40 horas de entrenamiento por Internet para participar en los acuerdos de grupo de trabajo.

Sin embargo, un reporte del 2021 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno encontró que el programa carecía de pólizas de vigilancia significativas, lo cual resultó en que los departamentos de policía locales violaran los acuerdos y la pólizas de ICE.

La participación en el Programa 287(g) es más fuerte en el sureste de los Estados Unidos, con estados como la Florida que requieren, bajo la ley, una cooperación total con ICE. Existen 277 acuerdos tan solo en la Florida desde el 6 de junio, según la base de datos de ICE.

Sin embargo, a pesar del ritmo acelerado con el cual ha crecido el programa en el sureste, esta expansión no ha llegado aún a las ciudades y condados más grandes del país, y donde residen grandes poblaciones de inmigrantes.

Hombres uniformados o en trajes de oficina están parados en varias filas detrás de una mujer que está hablando en un podio. Fotos de archivo policial alargadas se reclinan en caballetes al fondo de la imagen.

Doris Marie Provine, una profesora emérita en la Universidad Estatal de Arizona y la autora principal del libro “Policing Immigrants: Local Law Enforcement on the Front Lines”, atribuyó la resistencia por parte de las ciudades más grandes, en parte a preocupaciones sobre los costos de participar para los departamentos de policía y para los contribuyentes.

“Desde la perspectiva de las agencias policiales locales, es un mandato sin financiación”, dijo Provine. “Ha habido mucho más interés en la vigilancia comunitaria que hace 20 años, y eso está directamente en oposición a convertir a la policía local en agentes de inmigración”.

Desde que el Programa 287(g) se expandió por primera vez hace 20 años, ha enfrentado acusaciones de perfil racial y de crear un efecto escalofriante entre las comunidades inmigrantes que no estarían menos dispuestas a reportar crímenes a la policía.

Dos investigaciones por parte del Departamento de Justicia (DOJ) argumentan que la aplicación de los acuerdos 287(g) resultaron en violaciones a los derechos constitucionales en Carolina del Norte y Arizona. A raíz de eso, ICE puso fin a estos acuerdos.

En el condado Alamance en Carolina del Norte, el DOJ encontró en el 2012, seis años después de que el alguacil firmó un acuerdo 287(g), que el departamento del alguacil participó “en un padrón o práctica de discriminación policial en contra de los latinos”. Un juez federal desestimó el caso en el 2015 después de un juicio, concluyendo que el DOJ no comprobó sus argumentos. Un portavoz para el departamento del alguacil dijo que no harán comentarios sobre demandas anteriores. El alguacil firmó otro acuerdo con ICE en el 2020 para el control en su cárcel que permanece en vigencia a pesar de críticas acerca de que la discriminación policial continúa.

En el 2013, un juez federal en Arizona reafirmó la investigación del DOJ y decretó de manera separada que el entonces alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio y sus alguaciles utilizaron el color de piel para enfocarse en los conductores latinos y áreas mayormente latinas para realizar paradas de tráfico y redadas.

La Unión de Libertades Civiles Estadounidense de Arizona demandó al alguacil en nombre de ciudadanos y residentes legales que se vieron impactados por las redadas a menos de un año desde que Arpaio firmó un acuerdo 287(g).

Trump perdonó a Arpaio en el 2017 de los cargos federales por desacato que enfrentaba por ignorar la órden del juez.

El nuevo alguacil del condado Maricopa Jerry Sheridan ha declinado en firmar nuevos acuerdos de 287(g), mencionando el escrutinio actual que enfrenta su departamento para asegurarse de que los alguaciles acaten la orden del juez del 2013. Los costos a los contribuyentes del condado para reformar al departamento y eliminar el perfil racial han superado los 300 millones de dólares desde marzo.

Sheridan dijo que valora el Programa 287(g) pero que está de acuerdo con el fallo del juez de que la aplicación del acuerdo en la comunidad se utilizó con “prejuicio racial”.

ICE no contestó a una solicitud para comentar sobre cómo monitorea a las agencias locales para asegurar de que no cometan violaciones de los derechos civiles.

Abigail Jackson, la portavoz para la Casa Blanca, dijo: “El Programa 287(g) de ICE juega un papel crítico para cumplir la promesa del presidente Trump de deportar a los extranjeros ilegales criminales y mantener seguro a los Estados Unidos. Extranjeros peligrosos con largos antecedentes criminales que representan un riesgo para el pueblo estadounidense son detenidos todo el tiempo gracias a los acuerdos con oficiales de agencias del orden locales”.

Durante un discurso en abril a la legislatura de Arizona, Tom Homan, exdirector de ICE, quien Trump eligió para liderar los esfuerzos de su administración para realizar deportaciones masivas, elogió el trabajo de Arpaio con ICE. El ex alguacil estaba sentado en la primera fila.

Al destacar el impulso de ICE para expandir la colaboración con agencias policiales locales, Homan rechazó una crítica común del Programa 287(g) — que permite a los departamentos de policía aplicar leyes de inmigración que erosionan el nivel de confianza entre las comunidades y los oficiales de la policía.

“Estoy harto y cansado de escuchar el argumento de siempre, ‘Pues, somos una comunidad acogedora, somos una ciudad santuario porque queremos que las víctimas y testigos de crímenes que viven en la comunidad inmigrante se sientan seguros para reportar esos crímenes”, dijo Homan a los legisladores en Arizona. “Es pura basura. Una víctima y un testigo de un crimen no quieren que esa mala persona esté allá afuera tampoco”.

ICE está solicitando más fondos para expandir los acuerdos 287(g) y su capacidad para detener y deportar inmigrantes. Durante una audiencia de asignaciones en el Congreso en mayo, el director interino de ICE Todd Lyons dijo que la agencia reduciría su dependencia en prisiones privadas.

“Preferiríamos asociarnos con el departamento del alguacil o con una agencia estatal penitenciaria, alguien que esté en un estado donde una persona ha sido arrestada y no tengamos que transportarla por todo el país debido a la falta de camas en las celdas,” dijo Lyons.