El Ejército a la Corte en Reforma

*La paz de la República, la economía, los derechos fundamentales de las personas, la libertad y la vida no pueden estar sujetas al apetito de venganza de quien detente el poder

Francisco Martín Moreno . | Ciudad de México | 24 Sep 2024

A Francisco Burgoa, el ejemplar abogado constitucionalista

El proyecto infame de reforma constitucional al Poder Judicial redactado por trogloditas, enemigos de la paz social y de la evolución política de México, pretende, con pretextos ingrávidos y perversos, someter al Poder Judicial al voto popular, destruir los principios que sustentan la República nacida hace 200 años, acabar con la independencia de los jueces, magistrados y ministros, sometiéndolos a los caprichos de una mayoría política coyuntural deseosa de construir una nueva dictadura camuflada.

La fortaleza de los argumentos para impedir la aplicación de la reforma es irrefutable. Constan en las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados, por trabajadores del Poder Judicial, por ciudadanos, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y hasta partidos políticos de oposición y municipios que claman justicia. Es evidente que se vulneró el proceso legislativo en ambas cámaras federales y en los Congresos locales que aprobaron los aberrantes textos sin haberlos leído siquiera.

La mayoría de los ínclitos y perínclitos ministros de la Corte bien podrían aplicar lo dispuesto por el artículo 110, fracciones I, III y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para iniciar un procedimiento en contra de las ministras Batres, Esquivel y Ortiz, y separarlas provisionalmente de sus funciones. A la primera, por notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones a realizar, y a las tres, por conductas realizadas que atentan contra la independencia judicial, y por no preservar la dignidad, la imparcialidad y el profesionalismo propios de la función judicial.

La mayoría de dichos ministros también podría admitir las impugnaciones y declarar la suspensión inmediata de la reforma judicial, hasta en tanto aquellas no se resuelvan de forma y fondo de acuerdo con los precedentes judiciales, la doctrina y el derecho comparado. La Corte debe defender la Constitución e impedir que un poder u órgano revisor de la Constitución, previsto en su artículo 135, pueda modificar el Poder Judicial, facultad reservada al poder constituyente originario, el único autorizado para establecer nuevas disposiciones, principios y reglas.

La paz de la República, la economía, los derechos fundamentales de las personas, la libertad y la vida no pueden estar sujetas al apetito de venganza de quien detente el poder. Los 8 ministros, conscientes de que la defensa de la Constitución no solo se libra en los tribunales, deberían convocar y presidir una "Marcha por la justicia y la democracia". Millones de compatriotas marcharíamos a su lado, junto con jueces y magistrados a la voz de "La Constitución se respeta".

Es evidente que ya no estamos solo frente a una discusión jurídica de alto nivel, en donde nos jugamos el destino de México, se trata, además, de una cuestión de principios. El INE y el TEPJF traicionaron a la República cuando la mayoría de sus consejeros y magistrados le obsequiaron a López Obrador la mayoría calificada que la ciudadanía jamás le concedió en las urnas. El fraude a la Constitución quedó expuesto a su máxima expresión. ¿Los ministros de la Corte, defensores de la Constitución, también van a traicionar a la República y pasarán a la historia como los impartidores de justicia que ayudaron a colocar los cimientos para construir una nueva dictadura?, ¿o deben esperar a que las fuerzas armadas los expulsen del recinto, en donde se vigila la aplicación de las leyes y se vela porque los actos de autoridad se apeguen a la Constitución? La fotografía de nuestros máximos togados arrojados a la calle dará la vuelta al mundo para exhibir los alcances del primer gobierno mexicano presidido por una mujer, cuando AMLO, el verdadero dictador, dejó todo armado para quedar eximido de cualquier género de culpa, de modo que ella, su sucesora, cargará con todo el peso de la responsabilidad histórica. Acabemos con la cultura de la simulación.

La defensa de la Constitución es responsabilidad de todos los jueces, sí, pero también de todos los ciudadanos. La historia nos llama a defender nuestra República. No seremos la generación de la ignominia que permitió la destrucción de nuestra democracia, construida con la sangre de mexicanos amantes del progreso y de la libertad. Es la hora de la "Marcha por la justicia". ¿El ejército desalojaría la Corte...? ¿Sí...?

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