Con experiencia en la cobertura periodística en Hidalgo, Adriana Patlán se enfrentó el pasado 8 de marzo a una violencia sistémica nunca antes vista; mujeres siendo arrastradas por granaderos, adolescentes menores de edad siendo agredidas e intentos violentos de la policía de llevarse a sus colegas periodistas por la fuerza. Un escenario nunca antes vivido en Hidalgo orquestado por el brazo político del gobernador morenista, Julio Menchaca y su gabinete que, a la publicación de este artículo, no ha realizado ningún pronunciamiento.
Siendo mediodía, las hidalguenses comenzaron a reunirse en el centro de la capital; se empezó con mesas de información, actividades, baile y música para emprender el avance hacia Palacio de Gobernación en punto de las 13:00 horas. En el paso, se cruzó por El Reloj, sitio emblemático de Pachuca que ya se encontraba rodeado de vallas lo que enardeció a las asistentes; nunca habían tapizado la ciudad como ese 8M y tampoco existían motivos para hacerlo.
Adriana Patlán narra que muchas mujeres empezaron a tirar de las vallas hasta que lograron doblegarlas y echarlas abajo, el refuerzo: Mujeres policías. Al encontrarse con esta barrera, las manifestantes les colocaron pancartas y pintaron en sus escudos el nombre de Rosaura, una mujer víctima de feminicidio que fue una de las banderas de lucha este año en Hidalgo.
Rosaura fue asesinada apenas días antes en el municipio aledaño Mineral de Reforma, su expareja, un policía municipal la había agredido con anterioridad, sin embargo, fue liberado en dos ocasiones por el poder judicial. Un día antes de su feminicidio, el asesino persiguió a Rosaura vestido de policía y sobre una patrulla; el caso sacudió la región por la impunidad, el pacto patriarcal por haber liberado al potencial feminicida y la rabia de saber que el Estado tapizó de vallas el centro e instrumentalizó a mujeres policías.
De acuerdo con la periodista, las manifestantes no agredieron a las mujeres policías, por el contrario, muchas reconocían la violencia que las atraviesa al interior de las instituciones y no pasó más allá de pegar carteles en sus escudos y pintarlos; nunca hubo un enfrentamiento directo. Entre las versiones que circulan, se señala que existió un grupo del Bloque Negro, sin embargo, Patlán desmiente eso y afirma: Es mentira, nunca existió ningún Bloque Negro en la marcha, fueron las manifestantes quienes que ya están cansadas de lo que pasa en Hidalgo.
Llegando al Palacio de Gobierno, cerca de las 4:00 de la tarde la manifestación estaba llegando a su fin y antes de que el repliegue comenzara, el escenario de un nuevo giro; policías de Mineral de Reforma y granaderos arribaron a la plancha y sin mediar palabra, empezó la agresión en contra de las presentes, estando presentes familias, madres, infancias y personas adultas mayores.
A su alrededor, una compañera periodista fue golpeada en el rostro; tiene el ojo morado del impacto y fue llevada a realizarse una radiografía en el rostro por temor a una fractura en el maxilar.
Oscar Sánchez, otro compañero que se encontraba en la zona tomando fotografías de cómo los granaderos arrastraban a las jóvenes recibe un ataque directo; lo toman del cuerpo e intentan llevárselo, lo jalan, tumban al suelo y él se defiende pateándolos para evitar ser arrastrado. Sánchez es un fotoperiodista reconocido en la capital, por lo que uno de los granaderos se percata de su identidad y de manera inmediata, lo sueltan.
Ashley, defensora de derechos humanos por el Comité Cerezo también se encontraba documentando el hecho y exigiendo la liberación de las jóvenes que estaban siendo llevadas en contra de su voluntad, cuando entonces, también fue aprehendida y entre forcejeos, intentaron llevársela, sin embargo, las personas de la Comisión de Derechos Humanos se percataron de la agresión y Ashley es liberada.
Adriana Patlán narra cómo, una de sus colegas -de quien se reserva su identidad- también es agredida mientras tomaba fotografías y videos de las agresiones; una mujer de 60 años a quienes le rociaron un extintor encima para sofocarla y hacerla retroceder.
En total, 3 mujeres fueron llevadas con violencia en contra de su voluntad al interior del Palacio de Gobierno, presuntamente, al sótano donde fueron agredidas; las golpearon en el rostro, tenían heridas en piernas y rodillas y finalmente, les pidieron todos sus datos.
Afuera, la periodista y muchas más mujeres exigían la liberación de estas jóvenes: «El pensamiento era que la marcha no se iba a ir hasta que nos devolvieran a las compañeras. Nos quedamos ahí y afortunadamente las liberaron»
Sin embargo, la represión no concluyó con la liberación de estas 3 jóvenes. Pues cuando empezó la violencia a manos de los hombres granaderos, muchas entraron en pánico y salieron corriendo de la plancha; huyeron a las calles paralelas y se escondieron en los restaurantes, donde policías vestidos de civil las tomaron por la fuerza y las derivaron a otras instancias, según han documentado los testimonios recogidos por la periodista.
Algunas de las manifestantes fueron privadas de su libertad en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y otras, a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, este último espacio, como escenario de violencia y hostigamiento. Según narra Adriana Patlán, las jóvenes que fueron llevadas aquí, además de ser agredidas, se les forzó a desnudarse dejándolas en ropa interior. Una de ellas, menor de edad.
«No existe ningún protocolo que permita que las desvistan, eso fue una clara intimidación de corte sexual. [Mientras tanto] en procuraduría había un adolescente de 15 años que iba pasando por el centro cuando se lo llevan y otra chica de 17 años que también arrastraron a la fuerza, cuando tampoco participaba en la marcha», cuenta la periodista.
¿Tú qué hacías en ese momento?: Algunas defensoras daban contención porque había crisis nerviosas, otras, referíamos a las compañeras a la cruz roja o la comisión de derechos humanos que está a 300 metros del palacio de gobierno porque ahí hay una doctora, otras [como] en mi caso, estábamos pendientes de la procuraduría donde se habían llevado ya a algunas manifestantes.
Ahora, las organizaciones civiles, defensoras y periodistas, se preparan para dar seguimiento a las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y también, a los tratamientos médicos de cada una fe las compañeras agredidas durante la represión del 8M. Finalmente, también se exige la revocación inmediata de Salvador Neri, secretario de seguridad pública.
La política morenista en Hidalgo es patriarcal
Al frente del gobierno de Hidalgo, se encuentra el morenista y exsenador, Julio Ramón Menchaca Salazar. Que ha mostrado, en conjunto con su gabinete, una endeble política pública en contra de la violencia de género, pero también encarna -entre otros-, un violento pacto patriarcal.
Adriana Patlán explica en entrevista que, desde el arribo de Menchaca la violencia feminicida y de género no ha mostrado una mejora, por el contrario, en los últimos 6 meses se ha vivido un recrudecimiento de la misma. La periodista trae a la memoria el feminicidio de la directora de fortalecimiento institucional de la secretaría de educación, María Cajero, quien, a pesar de haber pedido auxilio al 911 nunca recibió apoyo; el reciente feminicidio de Rosaura a manos de un policía y también, el caso de las niñas Zimapán, víctimas de abuso sexual que reveló una extensa red de pornografía infantil.
Como medida cautelar, el Gobierno de Hidalgo ha instalado las llamadas «mesas de paz y seguridad», un espacio llevado a distintos municipios donde se exponen los casos. Una política que, en esencia, podría resultar beneficiosa para la población, sin embargo, se ejerce desde conductas violentas, según refiere Adriana Patlán.
«Las mesas de paz que están llevando a los municipios son sumamente revictimizantes; les piden a las mujeres no llorar y las hacen contar sus casos muchas veces, aún la ley de víctimas no permite eso.
Está el caso de las niñas de Zimapán, que ya fue llevado a la mañanera donde esta inmiscuido el secretario de gobierno Guillermo Olivares quien es nefasto, [pues] trata a las víctimas muy mal, las regaña, les pide que no lloren, les da 3 minutos y, además, nos cuestiona a las activistas [preguntando] que qué intereses tenemos ahí. Llevamos un continuo de cosas en Hidalgo que hace que estemos indignadas.
En violencia familiar están involucrados policías, pues además del feminicidio de Rosaura, también vincularon a otro policía hace apenas una semana por violencia familiar y destruyó el equipo de cómputo en el Centro de Justicia»
A cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, se encuentra Salvador Cruz Neri quien ha ocupado cargos diversos en la capital mexicana y en Querétaro; en su paso en la CDMX como director general de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, agredió sexualmente al menos a una decena de mujeres policías según documenta el oficio con folio 021370 presentado ante la Coordinación de Gestión y Control Documental y presentado ante Omar García Harfuch.
En 2011, el Centro Integral de Atención a las Mujeres CIAM y El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres CEDEHM advirtieron que Salvador Cruz Neri había agredido sexualmente a su expareja, Margarita González Carpío a quien en septiembre de dicho año, intnetó forzarla a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento; Margarita fue golpeada brutalmente, y recibió patadas múltiples en el cuerpo hasta quedar inconsciente, mientras la amenazaba con asesinarla, de acuerdo con la CEDEHM y la CIAM, dirigidas -en ese entonces. por la activista Lydia Cacho y Lucha Castro, respectivamente.
Adriana Patlán explica que, cuando se nombró el arribo de Neri en Hidalgo, muchas organizaciones civiles y periodistas hicieron ruido para frenar la llegada de este político que, desde hace más de una década, tiene en su expediente delitos de acoso sexual y tentativa de feminicidio en distintas partes de la República. Sin embargo, el gobernador Julio Menchaca salió en su defensa y Neri permanece en el cargo.
Violencia en el 8M: Un panorama general
De acuerdo con la red IM – Defensoras, este 8 de marzo se reportaron agresiones sistémicas en todo el país a manos de autoridades públicas; existió represión, detenciones arbitrarias y también, violencia cometida por grupos anti derechos que pretendían cooptar a las mujeres de su derecho a manifestarse en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Policías vestidos de civiles detuvieron arbitrariamente a manifestantes el 8M
Según documentó la red, en Hidalgo y Chihuahua gestó la detención arbitraria de manifestantes: siete en Hidalgo, cuatro en Chihuahua y cinco en Coahuila. Mientras tanto, en Yucatán, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo las fuerzas de seguridad de ámbito estatal usaron gases lacrimógenos en contra de las manifestantes.
Paralelamente, el avance de los grupos anti derechos permaneció vigente en distintas entidades del país, particularmente, en Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León donde las mujeres periodistas fueron agredidas, una de ellas, fue despojada de su equipo fotográfico. En Yucatán, estos grupos de ultraderecha pretendieron marchar en contra de una mujer defensora, mientras que en Campeche se registraron casos de acoso digital con la circulación de imágenes de compañeras que hicieron labores de protección en la marcha y la difusión de información falsa sobre supuestos actos de violencia cometidos por ellas en la manifestación.
Desde la perspectiva de Adriana Patlán, la violencia sostenida en todo el país durante el 8M no es más que una representación del fascismo, siendo particularmente indignante, que la represión y la violencia sea un arma en los Estados autoproclamados de izquierda o que pretenden nombrarse feministas, precisamente, como el estado de Hidalgo.
«Yo diría que [las represiones] forman parte de los gobiernos fascistas, como Maru Campos en Chihuahua que está dentro de un entramado de los antiderechos, pero es muy sorprendente en los gobiernos que se dicen de izquierda, -pero no son-, como el de Salomón [Jara, en Oaxaca] donde hay muchísimas mujeres desaparecidas incluyendo defensoras, ahora con [Julio] Menchaca es lo mismo, ni siquiera en 90 años con el PRI vivimos algo así. Te lo esperabas de los panistas o priistas, pero no de alguien que se dice de izquierda y que además contendió en su momento la comisión estatal de derechos humanos», concluye la periodista.
