La desconfianza ciudadana hacia las instituciones, resultado de la impunidad, explica el grave problema de subregistro en los reportes oficiales de incidencia delictiva. De acuerdo con el INEGI, el 93% de los delitos en México no se denuncian o no generan una investigación oficial, lo que significa que solo el 7% de los delitos son conocidos y reportados por las autoridades. Es en este contexto que las fiscalías, responsables de elaborar las carpetas de investigación, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), responsable de integrar la estadística delictiva a partir de la información contenida en dichas carpetas, probablemente diluyen el número de delitos de alto impacto mediante su reclasificación en distintas subcategorías.
Durante los últimos años, Causa en Común ha dado seguimiento a los reportes de incidencia del SESNSP, detectando distintas anomalías que señalan la probable alteración de las cifras delictivas con el fin de presentar falsas reducciones y presumir resultados inexistentes.[1] Nuestro recién publicado balance sobre el comportamiento de los delitos en el primer cuatrimestre de 2025, contiene distintos ejemplos de anomalías que ilustran un hecho incontestable: en México no existen datos confiables sobre el más grave de sus problemas, la inseguridad. A continuación, presentamos algunos de los principales hallazgos.[2]
En el caso de los homicidios dolosos, desde el sexenio anterior, ya es costumbre que el gobierno presuma falsas reducciones mediante convenientes comparativos con máximos históricos.[3] Recientemente, en el gobierno actual, también se han mezclado las cifras del INEGI con las del SESNSP. Para los años 2018-2023 se utilizan los datos del INEGI, mientras que para 2024 se usan las cifras del SESNSP. Dado que el número de víctimas reportadas por el INEGI en 2023 es mayor a las reportadas por el SESNSP en 2024, al momento de comparar ambos registros el gobierno federal presenta una engañosa disminución del 7% en el número de víctimas de homicidio.[4] Sin embargo, si la comparación se hace únicamente con las cifras del SESNSP, resulta que las 30,050 víctimas de homicidio doloso reportadas en 2024 fueron 1% superiores a las registradas en 2023.
No sólo eso. Si para el periodo 2018-2024 se contrastan las cifras de homicidio doloso reportadas por el SESNSP con las de homicidio culposo (no intencional)[5] y con las de la subcategoría de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad”,[6] las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 11%, las de homicidio culposo aumentaron 11% y las de “otros delitos contra la vida y la integridad” aumentaron 103%.[7] Estos movimientos anómalos en las cifras sugieren una posible reclasificación de las víctimas de homicidio doloso hacia las subcategorías de homicidio culposo y “otros delitos contra la vida y la integridad”.
Los ejemplos no se restringen a 2024. A nivel estatal, si contrastamos el primer cuatrimestre de 2025 con el mismo periodo del año anterior, destacan casos con anomalías aún más marcadas. Morelos reportó una disminución de 37% en el número de víctimas de homicidio doloso, mientras que las víctimas de homicidio culposo aumentaron 78%.[8] Zacatecas reportó una disminución de 53% en el número de víctimas de homicidio doloso, mientras que las víctimas de homicidio culposo aumentaron 32%.[9]
A su vez, en el primer cuatrimestre de 2025, hubo entidades en las que el número de víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad” fue superior a las de homicidio doloso. Ciudad de México reportó 414 víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad”, en contraste con 316 víctimas de homicidio doloso. Tamaulipas reportó 240 víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad”, en contraste con 81 víctimas de homicidio doloso.[10]
Pese a los intentos de manipulación de los registros sobre desapariciones por parte del gobierno federal, éstas han aumentado de manera alarmante, lo que constituye una fuente adicional de incertidumbre sobre la precisión de los registros de homicidio doloso.[11] De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el primer cuatrimestre de 2025 se reportaron 5,055 personas desaparecidas, un 26% más que las reportadas en el mismo periodo de 2024[12] y, dada esta dinámica, un indeterminado número de personas ya fallecidas pudieran estar incluidas en el RNPDNO. En ese sentido, llaman la atención casos de entidades en las que la disminución de los homicidios dolosos está emparejada con un aumento desproporcionado en las desapariciones. En el primer cuatrimestre de 2025, Jalisco y Morelos reportaron supuestas disminuciones del 18% y 47% en el número de víctimas de homicidio doloso, en contraste con aumentos del 251% y 76%, respectivamente, en el número de personas desaparecidas.[13]
En el caso específico de feminicidio, la falta de homologación en los códigos penales estatales genera altas variaciones por estados. Mientras que a nivel nacional, el 22% de los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidios, en Guanajuato y Baja California sólo el 4% y el 9%, respectivamente, reciben esta clasificación.[14]
En cuanto al secuestro y trata de personas, existen anomalías que pudieran estar asociadas igualmente a reclasificaciones. En el primer cuatrimestre de 2025, sobresalen las cifras del Estado de México, que reportó ocho víctimas de secuestro, en contraste con 1,976 víctimas de “otros delitos contra la libertad”;[15] de Sinaloa, que reportó dos víctimas de secuestro, en contraste con 730 víctimas de “otros delitos contra la libertad”; y de Coahuila, que reportó cero víctimas de secuestro, en contraste con 152 víctimas de “otros delitos contra la libertad”.
En el caso de la trata de personas, en el primer cuatrimestre de 2025, hubo entidades que reportaron cifras de víctimas de “otros delitos contra la sociedad” mayores al total de víctimas de trata.[16] Querétaro reportó cero víctimas de trata, en contraste con 205 víctimas de “otros delitos contra la sociedad”; Oaxaca reportó 7 víctimas de trata, en contraste con 158 de “otros delitos contra la sociedad; y Chiapas reportó ocho víctimas de trata de personas, en contraste con 152 víctimas de “otros delitos contra la sociedad”.[17]
En nuestro informe documentamos también anomalías en los delitos de extorsión, narcomenudeo, violencia familiar, robo de vehículo con violencia, robo a transeúnte con violencia y robo a transportista con violencia, los cuales muestran que la alteración de las cifras de incidencia delictiva es una práctica probablemente ya extendida a buena parte de los registros oficiales. Para los anterior delitos, durante el primer cuatrimestre de 2025, destacan los siguientes ejemplos:[18]
- Extorsión: Chihuahua y Tlaxcala reportaron una y tres víctimas de extorsión, respectivamente. Hay que destacar que, de acuerdo con estimaciones oficiales del INEGI, la extorsión es el segundo delito con la “cifra negra” más alta.
- Narcomenudeo: Chiapas reportó en el primer cuatrimestre de 2025, un incremento de 1,422% en el número de casos. Tlaxcala registró 33 casos, cuando el promedio nacional fue de 1,095 casos.
- Violencia familiar: en contraste con el promedio nacional de 2,700 casos, ocho entidades reportaron una incidencia menor a los mil casos, destacando: Yucatán (99) y Tlaxcala (24). Campeche reportó una supuesta disminución del 71%.
- Robo de vehículo con violencia: desde 2019, Colima no reporta ni un solo caso de este delito. Querétaro pasó de reportar 293 casos en el primer cuatrimestre de 2024, a 100 en el mismo periodo de 2025.
- Robo a transeúnte con violencia: en contraste con el promedio nacional de 396 casos, 19 entidades reportaron una incidencia menor a los 100 casos, destacando: Nayarit (0) y Colima (4). Sinaloa reportó únicamente 3 casos de este delito, contrastando con sus elevados registros en homicidio doloso y robo de vehículo.
- Robo a transportista con violencia: el 81% de la incidencia supuestamente se concentra en dos entidades: Estado de México y Puebla, mientras que 14 entidades no reportan ni un solo caso; incluyendo los estados fronterizos de Sonora, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Además, reportes de asociaciones de transportistas sugieren que la incidencia real es mucho mayor que los reportes oficiales, con dos mil casos reportados tan sólo en el primer bimestre de 2025.[19]
La cifra negra por falta de denuncia, y las probables manipulaciones, nos indican que las cifras de supuesta incidencia delictiva sólo sirven para apoyar un discurso oficial que pretende encubrir la catástrofe de inseguridad que vive el país. Ante esta situación, Causa en Común propone:
- Impulsar un programa nacional para incrementar la denuncia ciudadana, fortaleciendo modalidades como mesas de trabajo vecinales y vías digitales.
- Promover incrementos presupuestales para fortalecer los sistemas de información y tecnología necesarios a fin de recopilar, analizar y difundir información veraz y pertinente sobre delincuencia y seguridad pública.
- Definir y promover la aplicación de criterios homologados para la recopilación, sistematización y manejo de la información estadística por parte de las corporaciones policiales, fiscalías, autoridades judiciales, centros penitenciarios y Fuerzas Armadas.
- Auditar los registros estatales de incidencia delictiva, con énfasis en aquellos que muestren anomalías y evidencias de probables manipulaciones.
- Desarrollar programas de capacitación para los servidores públicos encargados de generar información estadística sobre incidencia delictiva.
@causaencomun
Organización ciudadana fundada en 2010 por su presidenta María Elena Morera Mitre. Tiene como misión lograr un México más justo mediante la defensa de las libertades, las garantías y los derechos humanos; el fortalecimiento de las instituciones democráticas, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad pública y la justicia; así como la generación de propuestas enfocadas a la atención de víctimas
[1] Véanse los Análisis de incidencia delictiva y posibles manipulaciones elaborados por Causa en Común para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Disponibles en: https://acortar.link/B8IvY0
[2] El informe completo puede consultarse en: Causa en Común (2025), Incidencia 2025… y algunas anomalías. Disponible en: https://acortar.link/h1lmUv
[3] Véase: Nancy Angélica Canjura Luna (2024), “Debilitamiento institucional y desafíos de seguridad”, Nexos. Disponible en: https://acortar.link/JsWnp0
[4] Como aún no ha concluido el proceso de revisión e integración de los datos del INEGI para 2024, sólo están disponibles los datos hasta 2023.
[5] Si un asesinato intencional quiere mantenerse oculto o fuera de las estadísticas de homicidios dolosos, lo más sencillo sería reportarlo como un homicidio culposo. Véase: México Evalúa (2020). Fallas de origen. Disponible en: https://acortar.link/cCQbWT
[6] De acuerdo con el SESNSP, en esta categoría se incluyen los delitos de: inducción o ayuda al sucidio, peligro de contagio, inseminación artificial no consentida, entre otros. Véase: SESNSP (2018), Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas. Disponible en: https://acortar.link/jIuoJy
[7] SESNSP (2025). Víctimas y Unidades robadas. Disponible en: LINK
[8]Ibidem.
[9]Ibidem.
[10]Ibidem.
[11] A finales de 2023, el gobierno de López Obrador intentó reducir el impacto político del aumento de desapariciones mediante un “censo” que desconocía la autoridad de la Comisión Nacional de Búsqueda y violaba la ley general en la materia. Este censo introdujo categorías sin fundamento legal para diluir las cifras de personas desaparecidas, resultando en dos datos oficiales contradictorios: 12,377 desapariciones según el gobierno federal y 122,253 según la Comisión Nacional de Búsqueda. Véase: Causa en Común (2025), Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre. Apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos. Disponible en: https://acortar.link/373GzM.
[12] Véase: CNB (2025), RNPDNO. Disponible en: https://bit.ly/415xm6l
[13] SESNSP (2025), Ibid; y CNB (2025), Ibid.
[14] SESNSP (2025), Ibid..
[15] De acuerdo con el SESNSP, en esta subcategoría se incluyen los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, entre otros. En ese sentido, el aumento en el número de víctimas de “otros delitos contra la libertad” puede también estar influido por el ya visto creciente registro de personas desaparecidas. Véase: SESNSP (2018), Ibid.
[16] De acuerdo con el SESNSP, en esta subcategoría se incluyen los delitos de: prestación de inmuebles
destinados al comercio carnal, explotación de grupos socialmente desfavorecidos e inducción a la mendicidad. Véase: Ibidem.
[17] SNSP (2025), Ibid.
[18] SNSP (2025), Incidencia delictiva. Disponible en: https://bit.ly/4aVzS2z.
[19] Véase: Benito Jiménez (19 de abril de 2024), “Refuta IP reducción en robo a transporte”, Reforma. Disponible en: https://acortar.link/jCZFWZ
