Propone diputada declarar el 18 de noviembre como el Día Nacional para erradicar la violencia política contra las mujeres

*La legisladora perredista afirmó que “aunque la participación de las mujeres en el Congreso ha ido en aumento, aún no se logra el mismo porcentaje de participación respecto de las presidencias de comisiones, donde sólo alcanzan a conducir alrededor de 30 por ciento de estos órganos legislativos en ambas cámaras”

| | 26 Sep 2017

La Diputada Federal Hortensia Aragón Castillo, propuso declarar el 18 de noviembre de cada año como el Día Nacional Para Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres, con la finalidad de colocar este tema en la agenda política nacional, coadyuvar en la prevención y contribuir así en el avance hacia la igualdad sustantiva.

Durante la presentación de su iniciativa con proyecto de decreto, la diputada perredista afirmó que históricamente las mujeres en política han enfrentado problemas de discriminación, agresión e intimidación, debido a que la violencia política se vive “naturalizada” en las dinámicas colectivas que sostienen los estereotipos de género.

La legisladora perredista afirmó que “aunque la participación de las mujeres en el Congreso ha ido en aumento, aún no se logra el mismo porcentaje de participación respecto de las presidencias de comisiones, donde sólo alcanzan a conducir alrededor de 30 por ciento de estos órganos legislativos en ambas cámaras”.

La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados cuenta con la participación de 213 mujeres de un total de 500 diputados, lo que representa 42.6 por ciento; en tanto que, en el Senado de la República participan 48 mujeres, es decir, 37 por ciento de un total de 128 senadores.

Este crecimiento en la representación femenina en el Congreso se logró dados los avances que a nivel internacional, regional y nacional se han dado en materia de derechos humanos y políticos de las mujeres. Estas medidas instan a que los Estados introduzcan en sus legislaciones medidas temporales como “las cuotas de género” y la paridad en los sistemas político-electorales lo que constituyen logros en el reconocimiento al trabajo, capacidades y liderazgos de las mujeres.

“Sin embargo, la evidencia muestra que la creciente participación política de las mujeres trae aparejado el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, ya que su presencia desafía el estatus quo y obliga a la redistribución del poder”, señaló la legisladora chihuahuense.

En nuestro país, ejemplos de esas agresiones quedaron registradas cuando las primeras diputadas electas al congreso de Yucatán: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib Cicero y Beatriz Peniche fueron forzadas a renunciar en 1923 tras la caída del gobierno de Felipe Carrillo Puerto, pero también más recientemente con casos como el de Rosa Pérez Pérez en Oaxaca y el asesinato de la perredista Gisela Mota en Morelos.

Indicó que respecto al proceso electoral 2014-2015, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) recibió 38 denuncias y en junio de 2016 se emitió la primera sentencia en la que se aplicó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. Paralelamente, hasta julio de 2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había recibido 611 denuncias relacionadas con los derechos políticos de las mujeres, de las cuales 79 fueron sobre violencia política, sin embargo, no ha sido fácil para el organismo hacer cumplir las sentencias.

Actualmente existen investigaciones académicas que reconocen la violencia política contra las mujeres y la distinguen de la violencia de género, pues a diferencia de la segunda se distingue porque busca impedir la participación política de las mujeres por su género.

De acuerdo con la iniciativa de Hortensia Aragón, la violencia política contra las mujeres se erige como un impedimento al ejercicio de los derechos políticos en lo concerniente al derecho de su participación en la vida pública ya sea en la privación del sufragio, compitiendo en elecciones o en el ejercicio de su cargo.

Datos del Informe de la CNDH muestran que sólo ocho estados de la República (Baja California, Campeche, Coahuila, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz) prevén la violencia política en sus leyes en materia de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como un tipo y/o modalidad de violencia que se puede ejercer en contra de ellas.

De este modo, aunque las mujeres han logrado mayor representación, el fenómeno de la “violencia política contra las mujeres” se ha reconocido muy recientemente como un problema a escala regional y un desafío hemisférico ubicándolo tanto en la esfera pública como privada y teniendo lugar en el ámbito económico, cultural, social, civil, político o en cualquier relación interpersonal.