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*En 2019 se registraron 7 desapariciones de niñas y niños cada día. Esta nueva administración suma, en un año, 2,720 desapariciones
| | 30 Abr 2020
En el marco del Día del Niño, y ante la violencia, abusos sexuales y asesinatos que se han incrementado contra niñas, niños y adolescentes durante el confinamiento por la emergencia sanitaria, las y los diputados federales del PRD exigieron a los tres niveles de gobierno implementar medidas para garantizar sus derechos, su integridad y su seguridad.
“El Día del Niño es, para todos nosotros, un día de convivencia en el que se olvidan las terribles carencias y la infamante violencia que hoy viven nuestras niñas, niños y adolescente en México”, destacaron las y los diputados perredistas.
Sin embargo, puntualizaron, “de los más de 119 millones de habitantes del país, 32.8% tienen menos de 18 años. De ellos, en 2018, el 49.6% de quienes tenían menos de 18 años en esa fecha vivían en condiciones de pobreza; 9.7% en pobreza extrema, y 20.7 millones de infantes y adolescentes vivían en hogares que experimentan alguna manifestación de la pobreza”.
Reclamaron que lo anterior, indefectiblemente, “se refleja en las condiciones de salud, ya que, cada año, mueren alrededor de 26 mil niñas y niños menores de un año, muertes de las cuales, al menos el 30%, son totalmente prevenibles, como como las diarreas, las enfermedades respiratorias agudas, la desnutrición y el hambre”.
351 mil 113 niños, niñas y adolescentes mexicanos, no asisten a la escuela por encontrarse obligados a buscar el sustento, el 42.5% de ellos son víctimas de explotación y laboran jornadas de 40 a 48 horas a la semana, sin recibir ingresos, precisaron.
Recordaron que en 2018 se registraron 4 desapariciones diarias y, esta lamentable cifra se incrementó, en 2019 a 7 desapariciones de niñas y niños cada día. Esta nueva administración suma, en un año, 2,720 desapariciones. Del 2010 al 2018, de acuerdo con el INEGI, han sido asesinados 4,010 niños menores de 15 años; es decir, un promedio de 445 niñas y niños que, cada año, mueren intencionalmente, convirtiéndonos en uno de los países que ejerce mayor violencia homicida en su contra. A ello, debemos agregar que el 97% de estos delitos quedan en la impunidad.
Las y los parlamentarios del Sol Azteca reiteraron que “la violencia de género tampoco distingue edades y la crisis de feminicidios que azota a nuestro país no perdona a las niñas. Diez mujeres son asesinadas diariamente en nuestro país y, de ellas, una es una persona menor de 14 años. Lamentablemente, esta cifra se ha duplicado en los últimos cinco años”.
Todo lo anterior, dijeron, “sin duda, se ha visto agravado por la situación de emergencia sanitaria que vivimos y por la grave crisis económica en nuestro país. La situación de confinamiento somete a las y los niños no sólo a condiciones de estrés y ansiedad, sino que los condena a situaciones de violencia y abuso”.
Esto, añadieron, “nos obliga, como sociedad, a plantearnos la urgente necesidad de tomar medidas contundentes que, en lo inmediato, puedan contener el agravamiento de la crisis de derechos humanos que sufre la niñez en nuestro país pero también que, en el largo plazo, se diseñen políticas públicas que nos permitan garantizar el pleno goce de sus derechos a todas las niñas y niños mexicanos”.
En ese sentido, hicieron un enérgico llamado al Gobierno Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, para que se implementen, de manera inmediata, medidas tendientes a paliar la crisis de derechos humanos que, en medio de la emergencia sanitaria, sufren las niñas y niños de nuestro país.
Se instrumente programas de reacción inmediata para la atención de las llamadas de emergencia por violencia doméstica. Se incrementen las campañas de información y difusión de la violencia contra las niñas y niños.
Se aumenten los recursos destinados a las instancias de protección de los derechos de las niñas y niños. Se lleven a cabo acciones urgentes para la atención especial que requieren las niñas y niños migrantes. Y se establezca una mesa plural que diseñe políticas públicas de atención integral a la infancia que garantice el pleno goce de sus derechos humanos.
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