Casi siete meses después de los hechos del jueves 20 de junio de 2024, en los que dos campesinos murieron a balazos durante un desalojo policial a una manifestación en la que se exigía agua y acusaban a la empresa porcícola Granjas Carroll de contaminar el valle de Perote, todo sigue igual.
Incluso, Granjas Carroll labora con normalidad, con todo y que el anterior gobierno estatal aseguró que había ordenado su cierre.
Renato Romero, integrante de esa organización, manifestó que fue “otra mentira para engañar a los pueblos, es una mentira la clausura, porque Granjas Carroll siempre siguió funcionando desde el día que se levantó el plantón el 25 de junio y ahí está funcionando”.
Aseveró que siete meses después, los asesinatos de los hermanos Cortina siguen impunes “porque el gobierno es omiso y encubridor”, ya que Cuitláhuac García no aclaró quién dio la orden de desalojar y disparar contra los ciudadanos.
Adelantó que buscarán que llegue a la gobernadora Rocío Nahle García “nuestra denuncia y la exigencia que se haga justicia para el crimen en Totalco de los dos campesinos, y como nueva autoridad atienda las demandas del movimiento campesino que lleva décadas luchando por defender el agua”.
Asimismo, sentenció que “esto fue un crimen de Estado, y vamos a llevar nuestra denuncia ante organismos internacionales, porque conspiraron para detener el levantamiento de los campesinos que exigían justicia y la salida de Granjas Carroll por la contaminación que genera en la región”.