Empresarios usan y abusan del Fondo PYME

*Los inversionistas de Fundación Educación para Emprendedores, Círculo Emprendedor y Universidad ICEL no cumplen en tiempo con los proyectos, comprueban parcialmente el dinero y se autofacturan

Agencias . | Ciudad de México | 05 Dic 2011

De 2009 a la fecha, la subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que encabeza Miguel Marón Manzur, privilegió a través del Fondo PYME con más de mil 700 millones de pesos a tres asociaciones civiles: Fundación Educación para Emprendedores, Círculo Emprendedor y a la Universidad ICEL.

Los créditos otorgados por el Fondo PYME, dependiente de la Secretaría de Economía, a esas tres asociaciones son poco claros.

La Fundación recibió 1,422 millones 632 mil pesos para desarrollar 30 proyectos que no ha podido terminar y ya tiene problemas de comprobación de gasto.

Círculo Emprendedor debería construir módulos para ubicar a jóvenes emprendedores, para lo cual se le otorgaron 180 millones de pesos y no ha podido comprobar 169 millones de pesos.

La Universidad ICEL aparece como organismo intermediario y beneficiaria de 80 millones de pesos, es decir, se cotiza a sí misma, se aprueba sus propios gastos y se autofactura.

De acuerdo a los documentos en poder de 24 HORAS, la entrega de estos recursos del erario podría no llamar la atención, si no fuera por las siguientes características en este tipo de negocios:

De un día para otro, Miguel Marón Manzur, de ser un empresario, se convirtió en funcionario público. En enero de 2010 dejó la presidencia de Canacintra y asumió la subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.

Jorge Kahwagi Gastine, quien es padre del boxeador y diputado federal del mismo nombre, fue presidente de Canacintra en la década de los 80 y desde entonces ha mantenido prácticamente el control de este órgano empresarial; es además suegro del subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa.

La asociación civil Círculo Emprendedor, que ha obtenido 180 millones de pesos en un año, está formada -según su acta constitutiva- por Mario Sánchez Ruiz, actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial y ex presidente de Concanaco; Samuel José Luis Canal Álvarez, presidente del comité directivo de relaciones públicas de Canacintra desde la administración en esta Cámara de Marón Manzur a la fecha; Héctor Álvarez de la Cadena Sillas, vicepresidente de asuntos internacionales de Canacintra; Alfredo Arenas Guerra, actual tesorero de Canacintra; y Humberto Manuel Jaramillo Rodríguez, ex presidente sustituto de Marón Manzur a su salida de Canacintra.

La Universidad ICEL, institución privada, entre cuyos accionistas aparece Jorge Kahwagi Gastine, también en menos de un año (2010) logró obtener del Fondo PYME cerca de 80 millones de pesos, a diferencia de otras universidades como la Autónoma de Nuevo León, que consiguió en el mismo periodo sólo 3 millones de pesos.

En su comparecencia ante diputados con motivo de la Glosa del V Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, fue cuestionado por el perredista Pavel Díaz sobre Fundación Educación para Emprendedores, Círculo Emprendedor y Universidad ICEL porque dijo: “No cumplen con los objetivos por los cuales se les asignó un recurso federal, además son poco transparentes, ya que el dinero que obtienen (del Fondo PYME) no está debidamente comprobado, como dictan las Reglas de Operación”.

En la primera intervención después del cuestionamiento del perredista, Ferrari omitió la respuesta sobre el particular. En la réplica volvió la pregunta y el secretario de Economía se limitó a decir: “Como en éste y en otros casos, les enviaremos la respuesta”.

De hecho, desde julio de 2010, cuando Bruno Ferrari llegó a encabezar la Secretaría de Economía, se encontró con que la Auditoría Superior de Federación fiscalizaba, dentro de la Cuenta Pública 2009, la administración y operación del dinero que se destina a los diferentes programas que maneja la dependencia, entre ellos, el del Fondo de Apoyo para las Pequeñas y Medianas Empresas.

De acuerdo a la investigación realizada por 24 HORAS, de cuyos documentos posee una copia, Economía ha sido omisa en la supervisión, control y seguimiento de los recursos federales, otorgados a esas asociaciones que se benefician de los recursos públicos con el cobro de una comisión a los beneficiarios finales o de un dinero otorgado para la creación de infraestructura, que no existe o fue inflada para completar con la meta.

Claramente, en las reglas de operación se establece que “el Fondo PYME es un programa de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes”.

También, estipula que “está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.


OPACIDAD
Eso lo sabrá la Fundación Educación para Emprendedores, que desde 2009 recibió una bolsa de recursos públicos por mil 442 millones 632 mil pesos para el desarrollo de 30 proyectos, de los cuales faltan varios por concluir y los ya terminados tienen problemas en comprobación del gasto. Es decir, existen varios comprobantes fiscales rechazados por no cumplir con lo estipulado por la autoridad hacendaria, y para colmo, muchas de esos documentos se entregaron en los últimos días de octubre y noviembre de este año.

Además, no regresó los recursos económicos no utilizados para que los reinvierta la SE en otros proyectos, y se encontró que hace pagos discrecionales y elevados por asesorías a emprendedores. No se puede entender que por una asesoría desembolsó cerca de 80 mil pesos, cuando por 10 sólo pagó un total de 10 mil pesos.

El asunto no termina ahí. Cuando se hace la revisión sobre dónde quedó el dinero del programa México Emprende se abre una vertiente de muchas inconsistencias, opacidad y poca claridad en los documentos entregados para declarar el gasto. O simplemente no se han terminado los proyectos, en especial su construcción, operación y puesta en marcha, incluso se desprende de una autofacturación, que no se puede dar en el sistema fiscal mexicano.

México Emprende fue lanzado por el gobierno federal en 2008, con la finalidad de apoyar a los pequeños empresarios en el territorio nacional y a todas las personas con ilusiones de emprender la creación de un negocio. En pocas palabras, es un Oportunidades o el Pronasol -de otros tiempos- para los pequeños empresarios.

El programa es la bandera de la actual administración, porque forma parte la brecha tecnológica implantada a través de la innovación del sector productivo mexicano, en especial a las pequeñas y medianas empresas que emplean a 90% de los trabajadores del país.

En el cruce de información de la Secretaría de Economía dirigida por Bruno Ferrari se encuentra que en todo el territorio nacional operan sólo 184 Módulos y Centros México Emprende, cuando la meta gubernamental es que 265 de estos espacios dieran servicio para incubar nuevos proyectos de empresarios. Cabe aclarar que la página web México Emprende establece la existencia de 191 Módulos y Centros, será que alguien está mintiendo o simplemente su actualización no ha llegado.

El encargado de la construcción y operación de los Centros México Emprende es Círculo Emprendedor.

A este organismo intermedio asignaron una partida presupuestal de aproximadamente 180 millones de pesos para el desarrollo de proyectos de capacitación de jóvenes emprendedores o quienes estén interesados en tener una empresa. Esos recursos les fueron entregados pocos meses después de que se dieron de alta como asociación civil, sin tomar en cuenta que las reglas de operación lo prohíben y establecen que sólo después de dos años se pueden entregar.

Resulta que de todos los recursos entregados al Círculo Emprendedor aún les falta por comprobar cerca de 169 millones de pesos, dinero que se destinaría al equipamiento y un programa de estandarización de servicios de los Centros México Emprende.

Los datos revelan que esos proyectos finalizaron hace cinco meses, y a pesar de que no han podido comprobar un solo peso, ya están solicitando otro recurso para instalar y equipar más módulos.

UNIVERSIDAD ICEL
Otro claro ejemplo es la Universidad ICEL, que aparece como Organismo Intermediario para la administración de los 80 millones de pesos que le fueron otorgados, pero también es la beneficiaria de los recursos, es decir, ICEL se cotiza a sí misma, se aprueba sus propios gastos y se autofactura.

Algo que no cuadra es dónde quedó el dinero para la construcción de los call center, pues se encontró la autofacturación de cuando menos tres trimestres en los que se pagó la renta de ese servicio de llamadas para la atención de los mexicanos con ilusiones de volverse empresarios.

Y para aderezar toda esta historia, por los pasillos de la dependencia se supo del despido de Iván Rivas Rodríguez, quien se desempeñaba como coordinador de Asesores de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, y de Gerardo de la Peña, que fungía como director general de Capacitación Tecnológica. Ellos se manifestaron en contra de seguir solapando la opacidad en el gasto de los recursos destinados a estos órganos y a todos esos turbios manejos de dinero.

¿Quién deja pasar tantas irregularidades?