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*El Departamento de Estado insta a mantener la calma ante las "crecientes tensiones" por 43 desaparecidos
Agencias . | | 13 Nov 2014
Estados Unidos urgió hoy a mantener la calma México ante las “crecientes tensiones” por la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre pasado, e insistió en que los responsables de ese crimen “atroz y bárbaro” deben ser llevados ante la justicia y sancionados “sin retrasos”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, ante las numerosas manifestaciones registradas a lo largo del país.
“Urgimos a todas las partes a mantener la calma durante el proceso (de investigación). Ha habido informes de crecientes tensiones sobre el terreno”, dijo Psaki durante una conferencia de prensa.
Apenas el 9 de noviembre fuentes del Departamento de Estado habían dicho a la agencia EFE, que instaban “a que los responsables sean llevados ante la justicia y castigados rápidamente, y que el caso se resuelva de acuerdo con el debido proceso y el imperio de la ley”.
La mayoría de las manifestaciones de las últimas semanas han sido pacíficas, aunque se han registrado brotes violentos contra entidades oficiales en Guerrero y Ciudad de México. “Viendo los informes (de la desaparición), no creo que nadie pueda no sentirse increíblemente entristecido no solo por las víctimas, sino por sus familias. Extendemos nuestras simpatías a las familias y los amigos de las víctimas”, indicó la portavoz.
“Este crimen atroz y bárbaro debe ser investigado de forma completa y transparente y los responsables deben ser llevados ante la justicia sin retrasos y castigados de forma consistente con el debido proceso y el Estado de derecho”, añadió Psaki.
La portavoz no aclaró si Estados Unidos respalda una posible asistencia de la ONU para esclarecer el caso de las desapariciones, y se limitó a indicar que “ésa es una conversación que debe producirse entre México y Naciones Unidas”. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha ofrecido a México la ayuda de su oficina para proveer más asistencia y ayudar a que se esclarezcan los hechos y se asuman responsabilidades.
Según la investigación oficial, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos en una noche en la que seis personas murieron en ataques a tiros ordenados por el entonces alcalde, José Luis Abarca, detenido la semana pasada.
De acuerdo con el testimonio de tres miembros del grupo criminal, los jóvenes fueron asesinados e incinerados por órdenes del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien creyó que eran miembros del grupo rival Los Rojos. Sin embargo, los 43 estudiantes permanecen bajo el estatus legal de desaparecidos hasta que las pruebas genéticas a los restos humanos hallados en el municipio de Cocula, vecino a Iguala, confirmen si son los jóvenes de Ayotzinapa.
Los familiares de los 43 estudiantes sostienen que mientras no haya pruebas, seguirán exigiendo la búsqueda de sus hijos vivos, y acusan al Gobierno de torturarlos de “manera descarada”.
Estados Unidos urgió hoy a mantener la calma México ante las “crecientes tensiones” por la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre pasado, e insistió en que los responsables de ese crimen “atroz y bárbaro” deben ser llevados ante la justicia y sancionados “sin retrasos”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, ante las numerosas manifestaciones registradas a lo largo del país.
“Urgimos a todas las partes a mantener la calma durante el proceso (de investigación). Ha habido informes de crecientes tensiones sobre el terreno”, dijo Psaki durante una conferencia de prensa.
La mayoría de las manifestaciones de las últimas semanas han sido pacíficas, aunque se han registrado brotes violentos contra entidades oficiales en Guerrero y Ciudad de México.
“Viendo los informes (de la desaparición), no creo que nadie pueda no sentirse increíblemente entristecido no solo por las víctimas, sino por sus familias.
Extendemos nuestras simpatías a las familias y los amigos de las víctimas”, indicó la portavoz.
“Este crimen atroz y bárbaro debe ser investigado de forma completa y transparente y los responsables deben ser llevados ante la justicia sin retrasos y castigados de forma consistente con el debido proceso y el Estado de derecho”, añadió Psaki.
La portavoz no aclaró si Estados Unidos respalda una posible asistencia de la ONU para esclarecer el caso de las desapariciones, y se limitó a indicar que “ésa es una conversación que debe producirse entre México y Naciones Unidas”.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha ofrecido a México la ayuda de su oficina para proveer más asistencia y ayudar a que se esclarezcan los hechos y se asuman responsabilidades.
Según la investigación oficial, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos en una noche en la que seis personas murieron en ataques a tiros ordenados por el entonces alcalde, José Luis Abarca, detenido la semana pasada. De acuerdo con el testimonio de tres miembros del grupo criminal, los jóvenes fueron asesinados e incinerados por órdenes del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien creyó que eran miembros del grupo rival Los Rojos.
Sin embargo, los 43 estudiantes permanecen bajo el estatus legal de desaparecidos hasta que las pruebas genéticas a los restos humanos hallados en el municipio de Cocula, vecino a Iguala, confirmen si son los jóvenes de Ayotzinapa. Los familiares de los 43 estudiantes sostienen que mientras no haya pruebas, seguirán exigiendo la búsqueda de sus hijos vivos, y acusan al Gobierno de torturarlos de “manera descarada”.
Estados Unidos urgió hoy a mantener la calma México ante las “crecientes tensiones” por la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre pasado, e insistió en que los responsables de ese crimen “atroz y bárbaro” deben ser llevados ante la justicia y sancionados “sin retrasos”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, ante las numerosas manifestaciones registradas a lo largo del país.
“Urgimos a todas las partes a mantener la calma durante el proceso (de investigación). Ha habido informes de crecientes tensiones sobre el terreno”, dijo Psaki durante una conferencia de prensa.
La mayoría de las manifestaciones de las últimas semanas han sido pacíficas, aunque se han registrado brotes violentos contra entidades oficiales en Guerrero y Ciudad de México.
“Viendo los informes (de la desaparición), no creo que nadie pueda no sentirse increíblemente entristecido no solo por las víctimas, sino por sus familias. Extendemos nuestras simpatías a las familias y los amigos de las víctimas”, indicó la portavoz.
“Este crimen atroz y bárbaro debe ser investigado de forma completa y transparente y los responsables deben ser llevados ante la justicia sin retrasos y castigados de forma consistente con el debido proceso y el Estado de derecho”, añadió Psaki.
La portavoz no aclaró si Estados Unidos respalda una posible asistencia de la ONU para esclarecer el caso de las desapariciones, y se limitó a indicar que “ésa es una conversación que debe producirse entre México y Naciones Unidas”.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha ofrecido a México la ayuda de su oficina para proveer más asistencia y ayudar a que se esclarezcan los hechos y se asuman responsabilidades.
Según la investigación oficial, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos en una noche en la que seis personas murieron en ataques a tiros ordenados por el entonces alcalde, José Luis Abarca, detenido la semana pasada.
De acuerdo con el testimonio de tres miembros del grupo criminal, los jóvenes fueron asesinados e incinerados por órdenes del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien creyó que eran miembros del grupo rival Los Rojos.
Sin embargo, los 43 estudiantes permanecen bajo el estatus legal de desaparecidos hasta que las pruebas genéticas a los restos humanos hallados en el municipio de Cocula, vecino a Iguala, confirmen si son los jóvenes de Ayotzinapa.
Los familiares de los 43 estudiantes sostienen que mientras no haya pruebas, seguirán exigiendo la búsqueda de sus hijos vivos, y acusan al Gobierno de torturarlos de “manera descarada".
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