El gobierno federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios

*Duarte resultó un principiante

| | 19 Abr 2018

Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.

Por eso está en la cárcel.

Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.

Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.

La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.


Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.

Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.

Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.


El gobierno contrata empresas fantasma
y desvía más de 3.4 mil millones de pesos


Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el gobierno federal. “Pero si él sólo hace chambitas de plomería, mire su casa”, dice mientras señala la vivienda que apenas se mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombre, en Villahermosa, Tabasco.

Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno que apenas rebasa los 40 años confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad sólo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad.

Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos que “su empresa” ganó en contratos firmados en poco más de dos años. “Si hubiera tenido todo eso no estaría aquí”. Pero acepta que firmó unos papeles. “Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero (la empresa) era de ellos, y lo de nosotros era prestación de servicio”.

La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.

El desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.

Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza —gobernador electo del Estado de México— al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.

Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.

El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.

Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.

En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de seis meses de Animal Político y MCCI se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados.

Eludir la ley

El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones —que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir—, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado.

Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados : distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.

Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.

Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados. Pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.

¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una grabadora. Sin embargo, personal de las universidades —que hablaron a condición de anonimato— dicen que los funcionarios las “sugirieron”, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas.

Más allá de quién seleccionó, la comisión que cobró cada universidad implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, porque recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.

El desfile de empresas fantasma

De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.

Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.

Un primer ejemplo: Publicidad y Mercadotecnia Infinitum S.A. de C.V. consiguió en 2013 dos contratos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la UAEM por 4 millones 934 mil pesos. La contrataron para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Pero el SAT la tiene catalogada desde julio de 2014 como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas.

El mismo Fondo dio en 2013 un contrato por 17 millones 578 mil pesos a la empresa Impactel S.A. de C.V., aunque ésta ya tenía una investigación abierta por la Procuraduría General de la República porque un año antes había incumplido un contrato con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por 68 millones de pesos.

Otro caso: La empresa Dumago System Solutions, S. A. de C. V. supuestamente se dedica al “comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos le dio un contrato de 33 millones 633 mil pesos para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales. Esta compañía no está registrada ante la Secretaría de Economía, el primer requisito para constituir una empresa legal.

Animal Político y MCCI visitaron más de 100 direcciones de empresas y de supuestos accionistas. Hay ocho firmas que, por ejemplo, nunca estuvieron en los domicilios registrados y en su lugar hay casas particulares ubicadas en la periferia de Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, o Tláhuac, en la capital del país; 12 más que, pese a recibir contratos millonarios, fueron desmanteladas; nueve operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios. Las casas de los accionistas están en colonias populares.

Los contratos irregulares obligaron a la Secretaría de Educación Pública a presentar, el 9 de febrero de 2015, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, según informó a Animal Político y MCCI .

Pero dos años después, la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/050/2015 sigue abierta.

Campesino y trabajadores, los pretextos del fraude
Tener una casa propia es la meta natural de cualquier trabajador y nadie podría criticar que un organismo como el Fondo de Vivienda del ISSSTE simplifique los procesos burocráticos para obtener un crédito.

La Universidad Autónoma del Estado de México recibió 223 millones 87 mil pesos del FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.

Pero la universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15 millones 389 mil pesos.

También contrató a otras tres empresas —Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena Servicios, S. A. de C. V.— que son investigadas desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.

El ISSSTE dijo a Animal Político y MCCI que los servicios sí se realizaron y que “el Fondo de Vivienda recibió en tiempo y forma todos los entregables derivados de la contratación”.

“Fue la propia Universidad quien declaró expresamente que estaba en condiciones y capacidad de realizar las acciones contratadas”. Y añadió: “no es competencia del contratante ( FOVISSSTE) ser auditor del proceso de la prestación de servicios del proveedor (U.A.E.M)”.

Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación encontró lo contrario y concluyó que no hay prueba de que la universidad o las empresas hayan dado los servicios contratados. La ASF explicó que los únicos comprobantes son documentos que “carecen de nombre y firma del personal que elaboró, verificó y aceptó los servicios”, por lo que se realizaron pagos injustificados para servicios que no se realizaron.

Y hay más casos: el programa Proagro debía servir para financiar a productores del campo. El problema es que la Secretaría de Agricultura firmó un convenio por 13 millones 77 mil pesos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que no hizo el trabajo.

Lo que sí hizo esa universidad, sin que hubiera un solo contrato de por medio, fue transferir todo el dinero a siete empresas. Una de ellas fue Comercializadora GEAR, S. A. de C. V., que reportó su domicilio fiscal en Santa María la Ribera, en donde no hay ninguna oficina, sino una casa particular. El inquilino dijo que tiene cinco años viviendo en el lugar y que está “harto” de que personas y el SAT busquen a una empresa que “nunca ha estado ahí”.

El dinero también llegó a Fortalitia, S. A. de C. V., CEO Marne México, S. A. de C. V. y Soluciones Globales Reggan, S. A. de C. V. Ninguna de las tres ha operado en la dirección fiscal que registraron, según se confirmó al visitar los domicilios. Y una más, Grupo Comercializador Cónclave S. A. de C. V., que en abril pasado fue declarada como fantasma por el SAT.

Animal Político y MCCI solicitaron a la Secretaría de Agricultura comprobantes de que los servicios se ejecutaron. Vía transparencia pública se pidieron fotografías, documentos, bases de datos o cualquier prueba sobre los servicios. La Secretaría de Agricultura, en su respuesta oficial, aceptó que no existen comprobantes del servicio.

También los analfabetas

El fraude también involucró apoyos destinados a 4 millones de analfabetas del país. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmó un convenio en 2014 con la Universidad Autónoma del Estado de México por 97 millones de pesos. La contrató para desarrollar una metodología que permitiera la “ubicación de personas de 15 años o más de edad que no supieran leer y escribir un recado en español”.

De nuevo, la Universidad se declaró incapaz de hacer la totalidad del servicio y subcontrató a Estrategia Solutions, S. A. de C. V., que ganó 9 millones 558 mil pesos. Además de no estar registrada ante la Secretaría de Economía, en la visita a su domicilio fiscal en Sevilla 30, colonia Juárez, en la Ciudad de México, trabajadores del edificio confirmaron que la empresa no opera ahí, pero cada determinado tiempo acude una persona a recoger correspondencia.

Del resto del dinero —87 millones de pesos— no se sabe nada. Animal Político y MCCI solicitaron, vía transparencia, las pruebas de que el servicio se realizó, pero el INEA respondió que los únicos datos disponibles están respaldados en discos compactos con un “formato inactivo” de lectura, por lo que ya no es posible tener acceso a la información.

Una y otra vez

Los fraudes documentados por Animal Político y MCCI no siempre son iguales. Los casos más simples se resumen en dos pasos: una dependencia del gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta lo transfiere a una empresa fantasma.

Pero hay casos donde el esquema involucra hasta 12 empresas en un mismo contrato. Una o dos empresas realizan el servicio y el resto cobra por no hacer nada.

Por ejemplo, el gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, estaba al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) en 2013, cuando el organismo firmó tres convenios por 491 millones de pesos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la Universidad Autónoma del Estado de México, un fideicomiso público que ofrece asesorías, outsourcing o capacitación, y cuya gestión es independiente de la Universidad.

Para hacer los servicios “de control, operación y soporte” de la red interna de Banobras, el Fondo contrató a dos empresas, una de ellas Intellego Servicios de Consultoría S.A. de C.V., que se quedó con una comisión y que a su vez contrató a cinco más. Todas, excepto una, tienen una constante: irregularidades —como que no tienen ni siquiera dirección fiscal— que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa.

La única localizada, que opera de forma aparentemente legal, fue QUITZE, S. A. de C. V. Recibió 452 mil 500 pesos para realizar los servicios, es decir, el 1.18% del monto original de los convenios firmados por Banobras. Prácticamente nada. Del resto, 490 millones de pesos, no hay rastro.

Intellego Servicios de Consultoría opera en Paseo de la Reforma 1236. Mauricio Barragán, que se identificó como consultor externo de relaciones públicas de la firma, envió por correo electrónico dos cartas en las que confirmó que la empresa subcontrató a otras para los servicios del FONDICT con Banobras.

Pero sobre la legalidad de esas compañías dijo que Intellego “no verifica el registro de sus proveedores ante la Secretaría de Economía” porque no es de su competencia, y agregó que la emisión de facturas les “da plena confirmación de la “existencia legal” de cualquier firma.

Banobras, para probar que se realizaron los servicios, entregó vía transparencia 82 hojas con informes mensuales en los que personal del Banco Nacional describen que las redes de comunicación interna funcionan, pero no se menciona nada del sobreprecio ni del destino final del dinero.

Además respondió a Animal Político y MCCI que “en el presente ejercicio fiscal no se ha suscrito contrato alguno con institución de educación superior” y que “es política de esta administración reducir al mínimo indispensable las contrataciones” usando el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que se violó en este esquema.

Alfredo del Mazo, por su parte, se negó a responder sobre las irregularidades que esta investigación confirma y que ocurrieron durante su mandato al frente de Banobras.

En palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias federales son los responsables aunque los que firman los convenios con las universidades son mandos medios de las dependencias. En el caso de Banobras, la firma estuvo a cargo del subdirector de Recursos Materiales, Luis Efrén Ramírez García; y del gerente de Servicios de Tecnologías de la Información, Gerardo Pavón Luna. Mientras que por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnología (FONDICT) de la UAEM, firmó Erick Harzaín Torres Mulhia, director general.

La estafa documentada por Animal Político y MCCI sumó 7 mil 760 millones de pesos, y fue hecha por 11 instancias del gobierno federal: el Banco Nacional de Obras (491 mdp), el Registro Agrario Nacional (447 mdp), la SEP (278 mdp), FOVISSSTE y SUPERISSSTE (249 mdp), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (138 mdp), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 mdp), la Secretaría de Economía (96 mdp), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 mdp) y la Secretaría de Agricultura (19 mdp).

Las dos dependencias con los mayores desvíos son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que alcanzó los 2 mil 224 millones de pesos, y Petróleos Mexicanos con 3 mil 576 millones. Esos dos casos se desarrollarán en las siguientes entregas de este reportaje.

De la revisión de los convenios y de cada una de las empresas involucradas, se concluye que 3 mil 433 millones de pesos fueron a parar a empresas irregulares; y las universidades públicas se quedaron con mil millones más por ser parte de la estafa, sin realizar un solo servicio.

Para el fraude, los prestanombres como Francisco, el conserje de escuela, son indispensables. La empresa Maheca, S. A. de C. V., de la que era supuesto dueño, fue creada en 2010 en Villahermosa, Tabasco y en los siguientes dos años ganó 502 millones de pesos en ocho contratos con PEMEX-Producción y Exploración.

Aunque la empresa supuestamente se dedicaba a la “prestación de servicios profesionales propios de los licenciados en derecho y en informática”, fue contratada para la “asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste” de la petrolera. Tampoco hay pruebas de que haya hecho el servicio.

Como parte de la investigación, se visitaron 84 direcciones de empresas y 21 de accionistas en cinco entidades: Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Nuevo León, Chiapas y el Estado de México. Se entrevistó a un centenar de personas, entre supuestos dueños, representantes legales y vecinos de los lugares donde debían estar las empresas, pero nadie conocía la existencia de las compañías.

El equipo de investigación hizo 350 solicitudes de información a las dependencias y universidades sobre los convenios y contratos que realizaron entre ellas y con las supuestas empresas. Las respuestas sobre los comprobantes de los servicios fueron de dos tipos: que“no existe evidencia” del servicio contratado; o documentos que dicen “sí se dieron los servicios”, pero sin ningún elemento que lo pruebe.

El rastreo de cada una de las 186 empresas incluyó, además, la revisión en el Registro Público de Comercio, Compranet, el Registro Único de Proveedores del Gobierno, el Sistema Empresarial Mexicano, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el directorio de Proveedores y contratistas sancionados y en los Portales de Transparencia de las dependencias.

También la relación de empresas fantasmas del SAT, donde se enlista a empresas falsas, que no reportan ingresos o que no cuentan con empleados, pero que aun así fueron contratadas por las dependencias. Y finalmente, en todos los casos, la Secretaría de Economía proporcionó un informe, donde se consigna los nombres de las empresas que ni siquiera tienen registro legal.


Sedesol: ¿Dónde quedó el
dinero para los más pobres?


La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.

Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.

Únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.

Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.

En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.

Las universidades, que no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, “solo” se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.

Pero el resto del dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.

Durante varios meses, Animal Político y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.

La investigación arrojó que los recursos se entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; a otras tres que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro ante la Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar.

Solo una es legal.

La Sedesol, sin embargo, se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de nada.

ESGER: El sospechoso mayor

Si bien en este proceso participaron 20 empresas, hay una que destaca: ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., que solo cuenta con un pequeño despacho contable ubicado en la Ciudad de México, y que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio.

ESGER fue creada en 2011 para ofrecer servicios de construcción, según el acta constitutiva con folio 438926-1. Sus oficinas están en un edificio oscuro de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, cuya entrada es fácil de franquear, porque no hay recepcionista ni señal de que sea la sede de una empresa con contratos millonarios.

Los accionistas son Esteban Cervantes, que tenía 25 años cuando fundó la empresa, y el contador público Gerardo Casas. Ninguno fue localizado en las tres visitas realizadas a la empresa. Tampoco atendieron las llamadas telefónicas que se hicieron a lo largo de dos semanas.

También se les buscó en sus domicilios particulares. Esteban Cervantes registró como su casa el domicilio de una empresa llamada RAGER, en la colonia Navidad, en la que en realidad fue empleado en 2013. Ahí declararon que no han vuelto a saber de él desde entonces. Gerardo Casas asentó como domicilio un edificio en Cuajimalpa, donde los vecinos dijeron que no lo conocían.

De acuerdo con la declaración de impuestos que la empresa realizó ante el SAT en 2013, de la que Animal Político y MCCI tienen copia, ESGER solo declaró ese año ingresos por 408 millones de pesos y reportó gastos por 407 millones de pesos. Pero “olvidó” declarar el dinero que recibió de la Sedesol: 698 millones.

El mecanismo que involucra a ESGER es enredado: el primer paso fue la firma de tres convenios entre Sedesol y las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México por mil 385 millones de pesos, en 2013. El objetivo de estos convenios era “sensibilizar” a las comunidades sobre la alimentación sana, instalar ventanillas de atención para jornaleros, distribuir material en zonas marginadas y “eficientar la operación a través de la automatización de procesos”.

Las universidades se quedaron con 102 millones 745 mil pesos de comisión y se desentendieron de los convenios. Subcontrataron a 11 empresas para supuestamente dar los servicios.

Las empresas contratadas fueron Servicios Administrativos Zulma, Inteligencia y Tecnología Informática, Symmetrix Architecture, Grupo Comercializador Cónclave, Advanced Computer Knowledge, Prodasa, Dumago Systems, Meve Soluciones, Evyena Servicios, S&C Constructores de Sistemas y Asesorías Nacionales Expanders.

Las 11 empresas están entre las que tienen irregularidades: tres fueron catalogadas como fantasma por el SAT en 2015, seis no tienen antecedentes ante la Secretaría de Economía y dos más ya fueron desmanteladas.

No todo el dinero se quedó en estas empresas. Cinco se quedaron con una comisión y, a su vez, “contrataron” a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que esta última empresa no dio ningún servicio y solo se quedó con el dinero.

En otro caso, una empresa más, llamada Evyena, también le dio el dinero a ESGER, pero antes se lo envió a otra empresa intermediaria, que también se quedó con una comisión: Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, que a su vez se lo entregó a ESGER.

Es decir, el dinero dio tres y cuatro vueltas hasta que quedó en manos de ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V.

Al ser consultada por estas irregularidades ocurridas entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social se deslindó de las contrataciones e informó el pasado 30 de agosto que, al firmar convenios con las Universidades, éstas declararon que contaban “con la capacidad para colaborar en los tres proyectos en los términos y porcentajes señalados en cada uno de los anexos técnicos recibidos”.

La Sedesol añadió que “los actos celebrados con la administración pública se presumen de buena fe, sin que puedan exigirse mayores requisitos de los que marque la ley”.

Es decir, según la dependencia, la carta del rector de la universidad afirmando por escrito que la institución educativa contaba con la capacidad para cumplir con los contratos es suficiente para deslindarse de las irregularidades que derivaron de los convenios firmados: la violación a la Ley de Adquisiciones con la subcontratación de empresas que realizaron el 92% de los servicios, el hecho de que no hayan dado los servicios para las que fueron contratadas y que, además, resultaran fantasma e ilegales.

Una investigación del Órgano Interno de Control, que depende de la Secretaría de la Función Pública federal, dio por concluidas las averiguaciones sobre los contratos de la dependencia con la Universidad del Estado de México, pese a que no existen pruebas de que se hayan dado los servicios y de que la ASF continúa con la investigación porque el convenio derivó en presuntas irregularidades.

En ningún caso las firmas de los convenios involucran a funcionarios de primer nivel. La “contratación” de las universidades se la dejan a cargo de mandos medios. Por ejemplo, los convenios de Sedesol para servicios al programa de Adultos mayores, fueron firmados por el director general de Atención a grupos prioritarios. En 2013 el puesto era ocupado por Ramiro E. Ornelas Hall y en 2014 por Héctor Eduardo Zelonka Valdés.

Pero en palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias son los responsables. En ese periodo, la secretaria de Desarrollo Social era Rosario Robles y el Oficial Mayor, Emilio Zedabúa.

Un concierto de 75 millones

Otro ejemplo: en abril de 2013, Sedesol firmó con la Universidad Autónoma del Estado de México un primer convenio de 159 millones de pesos con tres objetivos: organizar un concierto, entregar despensas y realizar una feria con organizaciones de la sociedad civil.

La institución educativa contrató a S&C Constructores de Sistemas por 75 millones de pesos. Esa empresa organizó en abril de 2013, en la Ciudad de México, el concierto “Compartamos música, erradiquemos el hambre” de la Cruzada contra el Hambre.

S&C Constructores de Sistemas se quedó con 61 millones y le entregó 14 millones a ESGER, aunque la Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que ésta última haya participado en la organización del evento.

Un caso similar ocurrió con las empresas Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, que fueron contratadas por las universidades para un servicio de “redes nutricionales”, es decir, reparto de despensas.

Estas dos firmas comparten oficina en un edificio con número 162 de la calle de Liverpool, localizado entre un restaurante coreano y una tienda de helados en la Zona Rosa.

Entre las dos, en un año firmaron contratos por 101 millones de pesos.

De esos contratos transfirieron 52 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., aunque no existe constancia documental de los servicios que esta empresa prestó ni la razón de la transferencia.

Cuando se solicitó a la Sedesol constancias de que se dieron los servicios contratados, solo entregó las facturas pagadas a las empresas Advanced Computer y Dumago como “prueba”.

En la dirección de estas dos empresas, Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, es imposible hablar con una persona. Los accionistas, encargados de despacho o representantes legales nunca están ahí, como se confirmó tras varias visitas al domicilio. Los teléfonos están fuera de servicio. Las actas constitutivas de éstas firmas no existen en la Secretaría de Economía.

Hasta Nuevo León

Más casos: cuatro empresas regiomontanas —Evyena, Comercializadora Integral de Servicios Villaregia, Femexport y Grupo Industrial y Servicios Yafed— participaron en licitaciones o efectuaron trabajos con la Universidad Autónoma de Morelos por un total de 276 millones de pesos.

Una quinta empresa regiomontana, Icalma Servicios y Consultoría, recibió pagos de la Universidad Autónoma del Estado de México por realizar trabajos para Fovissste.

La sede de estas cinco firmas es el mismo despacho en la colonia Palo Alto en San Pedro Garza, Nuevo León, en el número 305.

En una visita de campo, un joven de unos 30 años que se presenta como el encargado de la oficina confirmó que todas las empresas se encuentran en esa dirección. Aseguró que no hay más empleados y los dueños únicamente se comunican por teléfono.

En esa dirección están tres empresas más —Constructora Yapo, Comercializadora Rivercruz y Constructora Bofil—, las cuales tienen investigaciones abiertas en Sinaloa, y en Monterrey, Nuevo León, por incumplimiento de contrato.

La oficina que ocupan las ocho empresas no es suficiente para colocar ni siquiera un escritorio pequeño. En horario de oficina la puerta está cerrada y solo se ven cajas con registros contables que se identifican con letreros de papel.

Las cuatro empresas regiomontanas que recibieron recursos de Sedesol, vía la Universidad Autónoma de Morelos, no solo comparten oficina. También tienen la constante de que le entregaron dinero a ESGER: 81% de los 276 millones de pesos que recibieron en contratos.

Todas esas transferencias fueron detectadas por la ASF durante los peritajes que se realizaron durante las auditorías forenses. Se revisaron las cuentas y las transferencias de las empresas involucradas en las presuntas irregularidades.

De la última visita que el equipo de investigación de Animal Político y MCCI realizó a las oficinas de ESGER, solo se consiguió una negativa rotunda a dar cualquier tipo de información tanto de la empresa como de los accionistas.

Sin registros y sin investigación

Todos los convenios que firmó Sedesol con las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México derivaron en distintas operaciones para desviar los recursos.

Para un servicio de evaluación de actividades, la Autónoma de Morelos lanzó en 2014 una licitación para contratar proveedor. Solo concursaron dos empresas: Grupo Industrial Yafed y Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos (Consersa). La primera es una empresa fantasma y la segunda, que resultó ganadora, es investigada desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones ilegales.

El 9 de octubre de 2014, la misma universidad entregó 158 millones de pesos a Consolidación de Servicios. Un día después, ésta transfirió el 87% del dinero a otra empresa, Comercializadora Integral de Productos Villaregia, que también es investigada por el SAT desde septiembre 2016. Ésta última compañía, a su vez, le entregó 138 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., sin siquiera firmar un contrato.

Se hacían las transferencias, pero se incumplía con los servicios. Por ejemplo, la Sedesol pagó 22 millones de pesos por “un sistema de administración y seguimiento a los programas sociales con reglas de operación del gobierno federal” que, según el convenio, debía tener un padrón de beneficiarios unificado.

Lo que se entregó fue un sistema que incluyó solo el padrón del Programa de apoyo comunitario y no el de los 70 programas sociales restantes del gobierno federal. Sin embargo, la Sedesol argumentó que el sistema funcionó al momento de la entrega.

A pesar de que ESGER obtuvo transferencias millonarias y que fue señalada dos años consecutivos por la ASF, no ha sido investigada por el SAT ni por ninguna otra autoridad del país.

Aunque los convenios con las universidades fueron firmados por mandos medios, tanto la titular de la dependencia como el oficial mayor debían conocer de prácticas de desvío, según dice el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. “Ellos no firman, pero son los responsables”.

En este esquema, el oficial mayor es una figura clave: se trata del administrador de los recursos públicos y quien avala cómo se usan. En el caso de la Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles, Emilio Zebadúa ocupó dicho cargo.

Ante el Órgano Interno de control la Sedesol defendió en todos los expedientes el papel del oficial mayor. Jurídicamente argumentaron que las universidades presentaron los entregables suficientes para justificar el pago.

Así como lo hizo Sedesol, en la estafa con universidades públicas también participó Pemex: 3 mil 576 millones de pesos.


Pemex: empresas de
funcionarios y costos inflados

En una oficina de cinco metros cuadrados dentro de una pequeña plaza comercial de Ciudad del Carmen, Campeche, operan oficialmente las empresas E&P Solutions y Energy Oil and Gas. Es un despacho polvoriento, donde no hay mesas, sillas o personal trabajando.

El empleado del despacho contiguo observa el cristal sucio de la oficina, que solo tiene un aparato de aire acondicionado empotrado en la pared, y asegura que no recuerda que en ese cubículo operen esas dos compañías.

“Nunca antes había escuchado el nombre de esas empresas”, dice encogiendo los hombros.

El vecino de despacho no es el único que no conoce a esas dos empresas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tampoco pudo encontrar ni rastro de ellas.

Y no las encontró porque se trata de empresas fantasma, es decir, compañías que no están en donde reportan, no pagan impuestos, usan facturas falsas y no tienen la infraestructura ni el personal necesario para dar servicios. Por eso están en la ‘lista negra’ del SAT.

Quien sí encontró y tuvo tratos con estas empresas fue el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), una universidad pública que en 2013 las contrató por 566 millones de pesos para dar “servicios profesionales especializados en ingeniería” a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta universidad pública de Tabasco no solo contrató a E&P Solutions y Energy Oil and Gas. También a otras dos empresas: Drilling and Completion Services y a Integrated Reservoird Management Services de México.

Las cuatro participaron en el fraude de 566 millones de pesos y tienen en común que comparten socios, representantes legales y comisarios, quienes resultaron ser prestanombres, según se confirmó al entrevistarlos en sus domicilios ubicados en colonias populares y con altos índices de violencia de Tabasco.

No es la única coincidencia. Estas cuatro empresas tienen otro elemento en común: desaparecieron en cuanto recibieron el dinero público, según consta en la fecha que presentan las actas de liquidación entregadas al Registro Público del Comercio y en los datos de los contratos de cada convenio.

Esta es la punta del iceberg. Con ese modus operandi, entre 2011 —con Felipe Calderón en la presidencia y Juan José Suárez en la dirección de la paraestatal— y 2014, Pemex entregó 3 mil 576 millones de pesos a 96 empresas, para lo que contó con la complicidad de seis universidades públicas del sureste del país, con quienes firmó 39 convenios.

A través de la filial Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP), la petrolera firmó esos convenios de colaboración con la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, y las universidades Juárez Autónoma y la Tecnológica, ambas de Tabasco.

Las universidades, aunque declararon por escrito que tenían la capacidad para cumplir con todos los convenios y se quedaron con una comisión de 634 millones de pesos, contrataron a otras empresas, que tampoco podían dar el servicio, por lo que contrataron a unas más. El dinero dio tres vueltas.

La Universidad Popular de la Chontalpa, por ejemplo, declaró por escrito que tenía la capacidad para cumplir con servicios para Pemex-PEP y que “no requería la contratación de ningún tercero”. Era mentira.

El convenio 425102832 entre Pemex y la Chontalpa se firmó por 238 millones de pesos. Pero ese mismo día, la universidad transfirió el dinero a la empresa Maheca S.A. de C.V.

Esta subcontratación se realizó sin que la universidad justificara con un estudio de mercado que contratar a esa empresa significaba mejores precios o mejores condiciones para realizar los servicios.

En otro caso, en el convenio con Pemex-PEP 428811857, la Universidad de la Chontalpa tenía tanta prisa por subcontratar a Maheca S.A. de C.V., que firmó el contrato un día antes de sellar el convenio con la petrolera.

La Universidad de la Chontalpa repitió este modelo en al menos once ocasiones tanto con Maheca S.A. de C.V. como con otras tres empresas: Surface Technology SA de CD, Pro Source S.A. de C.V. y Cantarell Services. Así repartió 861 millones de pesos.

El modelo se repitió una y otra vez hasta sumar 3 mil 576 millones de pesos.

Emilio Lozoya Austin fue director de Pemex los primeros 4 años de este sexenio. Cuestionado sobre estos convenios, respondió a Animal Político y MCCI: “dichos contratos se asignaron a nivel de la regiones, y no desde el corporativo, de tal forma que nunca conocí ni los detalles ni participé en los procesos de adjudicación”.

“Si hubo posibles irregularidades, mi postura es que se investigue y en su caso deslinden responsabilidades. Esto siguiendo el debido proceso y analizando los temas técnicos que estos contratos hayan estipulado”.

96 empresas y exfuncionarios involucrados

Los 39 convenios que se firmaron con las universidades fueron palomeados por altos funcionarios de Pemex-PEP que, lejos de ser sancionados, fueron premiados con un ascenso. Por ejemplo, José Luis Fong Aguilar, como subdirector de Producción Región Sur, firmó el convenio 425102832 con la Universidad Popular de la Chontalpa, lo que significó un desvío de 238 millones. En la actualidad continúa en la petrolera como subdirector, pero ahora del área de Producción Bloques Norte.

Un caso más claro es el de Juan Javier Hinojosa Puebla, quien como subdirector de Desarrollo de Campos de la petrolera firmó dos de estos convenios por un total de 207 millones. Hoy, es director de Pemex-PEP.

Cuando se le pidió a Hinojosa Puebla su versión de lo ocurrido se negó a responder.

La actual administración de Petróleos Mexicanos dijo a Animal Político y MCCI que la petrolera “constató que las universidades e instituciones educativas estatales con las que se celebraron los contratos cumplieran con los requisitos (fundamentalmente consistentes en su capacidad técnica y económica), que en la normativa de la empresa se encontraban establecidos para la contratación de los servicios”.

Y agregó que “en todos los casos, las universidades declararon contar con la experiencia y recursos, así como con la capacidad técnica y financiera para cumplir con la prestación de los servicios objeto del convenio específico”.

En su momento, la Auditoría Superior de la Federación reportó que estos convenios entre Pemex y las universidades públicas fueron ilegales, pues las instituciones educativas no realizaron los servicios y, violando la ley, subcontrataron a empresas.

Medios mexicanos, por su parte, también informaron que distintas dependencias han eludido licitaciones realizando convenios con universidades públicas, los cuáles derivaron en presuntas irregularidades reportadas por la ASF.

Animal Político y MCCI revisaron cada uno de los convenios firmados entre las universidad y Pemex para determinar qué pasó con el dinero público involucrado. La investigación se abocó en confirmar si las empresas contratadas operan legalmente, visitar los domicilios registrados, cuestionar a los socios de las mismas y comprobar si se prestaron los servicios.

El resultado: se confirma que, contrario a lo que respondió Pemex, las universidades no realizaron los servicios y entregaron el dinero público destinado a mejorar la producción petrolera del país a 96 empresas que presentan un amplio ramillete de irregularidades.

Por ejemplo, cinco de las compañías son fantasma, según el SAT; siete no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); seis recibieron millones de pesos a pesar de no contar con folio mercantil —el registro que toda empresa debe tener antes de operar legalmente—; cuatro no existían en la dirección reportada, y 11 fueron desmanteladas tras recibir el dinero de los contratos.

Además, como parte del fraude millonario, Pemex-PEP entregó contratos por 932 millones de pesos a siete compañías que pertenecen, o que tienen entre sus integrantes, a 10 exfuncionarios de la misma filial petrolera.

En algunos casos, incluso, los exfuncionarios violaron la ley de Servidores Públicos al no esperar un año fuera del gobierno para hacer negocios con Pemex-PEP.

Pero para Pemex esto “es normal”, pues dijo que “esos profesionistas cuentan con capacidad y experiencia en el ramo para la efectiva prestación del servicio”.

Uno de los exfuncionarios que presuntamente violó la ley es Héctor Vera Argüelles, quien trabajó como supervisor en el área de Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP hasta que en octubre de 2010 abandonó la petrolera.

Siete meses después de dejar el cargo, Vera Argüelles se convirtió en representante legal de la empresa Maheca S.A. de C.V. y consiguió dos contratos por 127 millones de pesos para dar servicios a Pemex-PEP.

En poco más dos años, esta empresa vinculada al exfuncionario sumó 502 millones de pesos en ocho contratos.

El exfuncionario usó el mismo esquema: Pemex-PEP contrató a Maheca S.A. de C.V. a través de la Universidad Popular de la Chontalpa, para que diera asesorías petroleras. Esto, a pesar de que la empresa, según su acta constitutiva, se dedica a asesorías contables e informáticas.

Pero Maheca no fue el destinatario final de todo el dinero. Como no tenía el perfil ni la capacidad para cumplir con los servicios, entonces subcontrató a cinco empresas a las que transfirió 90 millones de pesos de los 342 millones que recibió de tres convenios con la Universidad de la Chontalpa.

De esas, Logistic Peninsular S.A. de C.V. ya fue denunciada por el SAT como empresa fantasma. Construcción, Suministros y Arrendadora Lomax recibió dos contratos pese a no tener folio mercantil, según respondió en una solicitud de información la Secretaría de Economía. Mientras que Pen Comerce S.A. de C.V. y Global Baker Oil fueron liquidadas en el estado de Guerrero, lugar de su sede, una vez que recibieron contratos millonarios.

“Si yo fuera empresario, no trabajaría de conserje”

Maheca ni siquiera tenía socios de verdad: Francisco N., uno de los accionistas fundadores —de los dos que registró la empresa cuando fue constituida en 2010—, es un conserje que labora limpiando el suelo de una escuela ubicada en una ranchería pobre de Tabasco.

Francisco N. admitió en entrevista que se alquiló a un bufete de contadores para aparecer como dueño de Maheca. No dijo cuánto recibió por convertirse en prestanombres, aunque sí aseguró que no vio ni un peso de los millones que le empresa ganó mientras él fue accionista.

“Si yo hubiera ganado algo de ese dinero no estaría trabajando en esta escuela”, dijo el conserje y prestanombres de Maheca.

El cómic

La otra persona que aparece como dueña de la firma, Ofelia del Rosario Arce Medellín, no fue localizada en el domicilio reportado. Tampoco se localizó a Alejandra Pinete Herver, otra accionista. Quien vive en el domicilio negó conocerlas o saber algo de Maheca: “En mi casa vivo yo y no sé nada de esa empresa”.

Otro exfuncionario que se benefició de este esquema es Silvano Torres Xolio, quien de 1993 a 2003 fue superintendente en la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial de Pemex-PEP, y en junio pasado se postuló como candidato a presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el Partido Verde.

Torres Xolio se asoció con Williams Morfín Silva —que tuvo el cargo de subgerente en la subdirección de Seguridad Industrial de Pemex-PEP— para fundar la empresa Cantarell S.A. de C.V.

Las acciones de Cantarell se transfirieron en 2006 a Flor Estefanía Torres Gallardo, hija de Torres Xolio. Mientras que su hermana, Diana Beatriz Torres Gallardo, figura desde ese año como representante legal de la empresa Pro Source S.A. de C.V.

Estas empresas en 2013 ganaron 190 millones en dos contratos entregados por la Universidad de la Chontalpa para trabajar con Pemex. De ese monto, transfirieron 28 millones a una empresa catalogada como fantasma por el SAT y otra más que no existe en el domicilio registrado, tal y como corroboró este equipo de investigación. Apenas 76 millones se entregaron a tres empresas que sí hicieron los servicios y los 113 millones restantes simplemente se desvanecieron.

En los domicilios que registraron Pro Source y Cantarell en los contratos con la Universidad de la Chontalpa, Animal Político y MCCI confirmó que las oficinas están desmanteladas. También se visitó el domicilio reportado por Silvano Torres Xolio, en Villahermosa, Tabasco, pero éste no respondió a la petición de entrevista.

Ante el Registro Público de Comercio, Cantarell aparece liquidada el 6 de julio de 2016. La empresa argumentó que se disolvió porque estaba “agobiada por los gastos operativos”.

Regreso al futuro

A través de la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche (UNACAR), Pemex-PEP entregó en 2012 dos contratos por 86 millones a MC Tecnologies S.A. de C.V. Sin experiencia previa con Pemex, esta compañía recibió contratos millonarios dos años después de que su socio fundador, Benito Javier Criollo Herrada, dejara la petrolera tras 20 años de trabajar como gerente en el área de Perforación-división Norte.

En el acta constitutiva de esta empresa también figura como comisaria Candy Guadalupe Pérez Pérez, quien no solo es empresaria, sino también —y al mismo tiempo— funcionaria de Pemex-PEP en el área de supervisión de contratos.

MC Tecnologies fue contratada para dar servicios a la petrolera en junio de 2012. Sin embargo, el convenio que avaló esta contratación entre UNACAR y Pemex-PEP está firmado en junio de 2013. Es decir, a MC Tecnologies se le entregó el dinero un año antes de que la propia Pemex-PEP supiera que necesitaba esos servicios.

El exfuncionario Benito Javier Criollo no respondió a la solicitud de entrevista.

Animal Político y MCCI buscó al rector de UNACAR, José Antonio Ruz Hernández, pero también declinó hacer comentarios.

Con este esquema, Pemex se suma a la lista de instancias del gobierno federal que firmaron contratos por 7 mil 670 millones de pesos.

En palabras del Auditor Superior de la Federación, el esquema es “un acto de corrupción”.

Y eso, sin contar que hasta el día de hoy, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios iguales con universidades públicas que violan la Ley de Adquisiciones y que involucran 31 mil 668 millones de pesos.


Un empresario de 735 millones
en el ‘Tepito’ de Villahermosa

Sobre el papel son dueños de empresas millonarias. Pero en la vida real son personas que viven en colonias pobres y violentas de Tabasco que dieron su nombre y firma para crear empresas que el gobierno federal usó para operaciones que podrían implicar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos a través de universidades públicas.
***

—¿Un empresario en esta colonia? El taxista frunce el ceño y mira a los reporteros a través del espejo retrovisor, mientras el coche sortea los baches de ‘La Selva’: un fraccionamiento del municipio tabasqueño de Nacajuca, ubicado a escasos kilómetros de la capital, Villahermosa.

En este barrio, donde según datos oficiales más de la mitad de la gente no tiene para comprar alimentos básicos, está la dirección reportada por el señor Gustavo N como su domicilio, según el registro de las empresas con las que ganó contratos con Pemex por 735 millones de pesos.

—No creo que ese señor viva aquí —murmura el chofer, que explica que todo el mundo en Villahermosa sabe que los verdaderos “empresarios de billete” viven en las mansiones del Country Club, y no en esta colonia donde aún hay cientos de viviendas con pisos de tierra. Y además, argumenta simulando una pistola con los dedos de la mano, alguien con ese dinero no duraría mucho en este barrio sin ser secuestrado.

—Estamos en el ‘Tepito’ de Villahermosa —sonríe malicioso, haciendo alusión a uno de los barrios considerados violentos de la Ciudad de México—. Solo que aquí, además de los robos; los secuestros y los asesinatos nos llevan torturando desde hace años.

Según las estadísticas del gobierno, la afirmación no es exagerada: Tabasco fue en 2016 el segundo estado con mayor tasa de secuestros en México, mientras que 2017 va camino de récord de homicidios: 173 en seis meses; 54% más que el año pasado.

El taxi se detiene frente al domicilio de Gustavo. No es una vivienda de techo de lámina, como la del vecino, pero sí tiene la fachada sin pintura y la segunda planta del inmueble es una obra abandonada, las ventanas están tapadas con lonas de plástico y en la entrada no hay coches de lujo. Tan solo un perro callejero que ladra.

La casa tampoco tiene timbre, así que los reporteros se anuncian varias veces, hasta que por el umbral aparece caminando descalza una joven que viste un ajado vestido de flores.

—Aquí es la dirección, pero mi padre no tiene ninguna empresa.

El reportero repite los nombres de Surface Technology SA de CV y de E&P Solutions, de las que Gustavo es accionista según las actas constitutivas, mismas que ganaron contratos con Pemex por 363 millones en solo cinco meses de 2013. Mientras que otras tres empresas vinculadas a las de Gustavo —comparten dirección, representantes legales, y comisarios— ganaron otros contratos por 371 millones.

Con la boca entreabierta, la joven escucha las cifras y esboza una sonrisa tímida, como si le acabaran de contar un mal chiste.

—No señor —encoge los hombros—, le digo que mi papá no tiene ninguna empresa. Nosotros no somos ricos.

A las dos horas de visitar su domicilio, el señor Gustavo llama por teléfono a los periodistas y admite que, contrario a lo dicho por su hija, sí conoce las empresas. Aunque se deslinda de ellas cuando se le cuestiona por los desvíos millonarios que recibieron de Pemex, a través de la Universidad Popular de la Chontalpa y del Instituto Superior Tecnológico de Comalcalco, los cuales hicieron de intermediarios entre el gobierno federal y las empresas irregulares.

—No sé nada de eso. Ya no trabajo ahí desde hace dos años —responde Gustavo, quien antes de cortar súbitamente la llamada insiste varias veces en que ya no labora para las compañías y cuelga sin explicar por qué aparece como accionista.

Millonarios entre la miseria

El señor Gustavo no lo dice explícitamente. Pero el contraste entre los contratos millonarios de sus empresas y la pobreza de su residencia apunta a que se trata de un prestanombres. Una figura que empresas fraudulentas utilizan para ocultar a los verdaderos dueños de las compañías que desvían recursos o realizan otros actos de corrupción, como el lavado de dinero.

Y el caso de Gustavo, desde luego, no es el único.

En la colonia Casablanca, una de las barriadas más deprimidas de Villahermosa, tiene su domicilio Juan, el otro dueño de E&P Solutions; la empresa con la que, al menos en el papel, el señor Gustavo ganó dos contratos con Pemex por 194 millones de pesos.

En su vivienda de paredes podridas por la humedad y una entrada con una vieja lavadora oxidada, tampoco se percibe rastro de que esos millones hayan terminado en el bolsillo de Juan. Ni tampoco en el de su esposa, una señora de unos 50 años que viste una vieja playera roja y cocina tamales en la calle, junto a una vulcanizadora.

A unos cuatro kilómetros de allí, en la colonia Gil y Saenz de Villahermosa, vive Laura N, la accionista de Integrated Reservoird Management Services de México, otra compañía vinculada a la de Gustavo que ganó un contrato con Pemex por 86 millones de pesos.

Las calles de esta colonia están pavimentadas, pero tienen tantos hoyos que los autos se zarandean cada vez que se cuelan en uno. Allí, una señora confirma que su hija Laura, una supuesta empresaria cuya compañía ganó una fortuna, vive con ella en un vetusto vecindario.

—Su hija figura como dueña de una empresa…

—¿Mi hija? No, no —responde la señora encogiendo los hombros y con una sonrisa de cómo si acabara de escuchar un disparate—. No sé quién les haya dado ese dato, pero mi hija no es empresaria.

—¿A qué se dedica, entonces? —se le cuestiona.

—Trabaja, como todo el mundo.

—¿En dónde, en Pemex?

—No, ¡ojalá! —Exclama la mujer, que ríe de nuevo—. Trabaja en un despacho como abogada, pero ella es empleada.

Se venden armas, drogas, y empresas fantasmas

Para este reportaje, Animal Político y MCCI visitaron en Tabasco 17 domicilios de dueños de empresas que recibieron contratos millonarios de Pemex, todos ubicados en colonias populares. En 12 direcciones no se encontraron a los socios o no admitieron ser los dueños de las sociedades.

Cuando se habla de esto con un integrante de la Fiscalía de Tabasco que pide no mencionar su nombre, sonríe de medio lado y comenta que el perfil de Laura, Juan, y Gustavo, coincide con lo que ellos ven a diario en la entidad.

—Esas colonias pobres como la Casablanca o Ciudad Industrial, son la mera zona de falsificaciones —explica el agente de la Fiscalía—. Ahí consigues de todo: desde armas y drogas, hasta documentos para poner tu empresa fantasma.

Se trata de colonias factureras, añade, donde despachos de contadores acuden para surtirse de accionistas mediante la compra, por unos pocos pesos, de recibos de agua, luz o de teléfono. Y con esos documentos, tienen la información suficiente para constituir las compañías con las que lavan dinero mediante la emisión de facturas.

—Por eso, gente que vive en zonas muy pobres y violentas son en el papel dueños de empresas millonarias —dice el elemento del Ministerio Público, quien subraya que, a diferencia de las ‘Empresas Fantasma de Veracruz’, en estos casos los prestanombres son conscientes del fraude, aunque tampoco reciben casi nada de las ganancias.

Las empresas fantasma de Veracruz

Este modus operandi de alquilar personas pobres también fue confirmado de manera oficial por la Fiscalía de Tabasco a Animal Político y MCCI. Fernando Valenzuela, fiscal estatal, explicó que al menos desde 2009 el uso de prestanombres y la creación de empresas fantasma es una práctica común en Tabasco para cometer delitos y se está investigando. No da más detalles.

No obstante, este modelo no es exclusivo de Tabasco ni del sureste del país. En el Estado de México, por ejemplo, este equipo de investigación también documentó que la socia fundadora de la empresa LV Deips, misma que ganó contratos con Pemex por 69 millones de pesos, es una señora adulta mayor que vive en una colonia popular de Nezahualcóyotl, donde atiende un local en el que vende aretes, pulseras y baratijas.

—Si yo tuviera esos millones viviría a todo dar —dijo la señora entre carcajadas—. Pero créanme que no he visto nunca nada de ese dinero.