El palomeo de funcionarios municipales en Sinaloa

Los presidentes municipales entrarán en funciones el primero de noviembre. Algunos repetirán tras ser reelectos en la pasada jornada electoral. El proceso de designación de los futuros empleados de los ayuntamientos pasará por el tradicional “palomeo” del gobernador Rubén Rocha Moya y de personajes “del otro Poder”, el del Sinaloa violento.

En Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil -el “nene consentido”-, quien carece de credibilidad social, dejará que el nuevo gabinete municipal o la ratificación de algunos funcionarios se realice directamente en el Tercer Piso del Gobierno Estatal para no incomodar a tirios y troyanos. El alcalde culichi no tiene voz ni alma propia.

En Mazatlán, convertido en el mismo infierno, el horno no está para bollos. Allá, un fantoche, Moisés Ríos Pérez, alardea de que es el poder atrás y enfrente de el trono y presume que él designará a varios de los colaboradores de la futura alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, a la que cataloga como una política sin experiencia, incapaz de tomar decisiones de gran calado.

El gobernador quizá no tenga la información completa sobre los antecedentes y alcances de Moisés Ríos, a quien lo premió con su amistad y lo nombró Subsecretario de Turismo y al que mandó a apoyar en la jornada electoral mazatleca a Estrella Palacios, pero agarró aire y ahora se jacta de marcarle la agenda municipal y tener la suficiente influencia para nombrar funcionarios.

Moisés Ríos dejó malas cuentas en la Universidad Politécnica de Sinaloa en la que en 2018 fungió como contralor interno y brazo derecho de la entonces Rectora Alma Hortencia Olmeda Aguirre, año precisamente en que se descubrió una “estafa maestra” en la institución, por un monto superior a los 30 millones de pesos, oculto mediante convenios de compras y servicios “fantasmas”.

En Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien repetirá en el cargo, exigió a todos sus funcionarios que presenten su renuncia, y valora despedir a unos y ratificar a otros de acuerdo a parámetros de desempeño y a la valoración de las denuncias que fueron acumulando durante el ejercicio de sus funciones.

Con amplia experiencia en la función pública, Vargas Landeros sopesa la idea de echar a la calle a Enrique López Miranda, director de Inspección y Normatividad del ayuntamiento, sobre quien pesan acusaciones graves de corrupción planteadas por directivos de organizaciones civiles y de directivos de la Canaco y Canirac.

En El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega -electo presidente municipal por segunda vez-, aunque mandará la lista de funcionarios para que se la “palomee” Rubén Rocha, se jacta en cada borrachera que se pega que hará lo que le venga en gana, pues cuenta con el apoyo de Dios y del Diablo y mantiene contento a los hombres del poder asignándole las principales obras que se ejecutan en el municipio.

MAZATLÁN, CASO ESPECIAL

Por el empoderamiento de Moisés Ríos Pérez en la vida política de Mazatlán, ahí, la designación de funcionarios se tornó un caso especial, pues el fantoche repite y repite que a Estrella Palacios le falta colmillo, agarró pleito con medio mundo, al grado de despotricar contra Fernando Puchera, Alejandro -El Diablo- Higuera, y representantes del sector hotelero y restaurantero del puerto.

Ríos Pérez trae el estigma de su paso por la UPSIN que le ocultó a Rubén Rocha. En el 2018, junto con la Rectora de esa Universidad Politécnica, Alma Hortencia Olmeda Aguirre, fue vinculado por la Auditoría Superior de la Federación, en su calidad de Contralor Interno, al desvío de millones de pesos destinados a esa institución en una operación similar a la de la “Estafa Maestra”.

La Auditoría Superior de la Federación detectó que Conapesca pagó 31 millones 577 mil 117 pesos a la UPSIN por servicios para los que no tenía la capacidad técnica, material, humana y financiera para prestarlos, y ésta a su vez subcontrató a siete empresas que no tenían personal ni tampoco capacidad.

Durante la auditoría la UPSIN y Conapesca no pudieron acreditar que los trabajos se realizaron. La Universidad tampoco pudo acreditar el gasto de otros 4 millones de pesos en la realización de eventos y programas de emprendedores.

Según la Auditoría, de los 31 millones de pesos que Conapesca pagó a la Universidad, la institución pagó 21 millones 254 mil 780 pesos a siete empresas subcontratadas, 4 millones 264 mil 465 pesos a personal de la institución; y en los 6 millones 57 mil 870 pesos restantes, no acreditó el destino.

Las empresas subcontratadas son Asociación de Profesionales de la Tecnología y las Ciencias del Mar, A.C., Proservicios Corporativos Globales, S.A. de C.V., Solufidex, S.C., Ixma Sistemas TI, S.A. de C.V. , Redes Atarashi, DG Asesoría Integral, S.C. y Stai y Asociados DPM, S.A. de C.V.

Una vez que recibieron el pago, las empresas Solufidex, Ixma Sistemas TI S.A. de C.V., Redes Atarais y Stai y Asociados transfirieron 10 millones 596 mil pesos a Balena Medios S.A. de C.V. sin que se haya justificado el motivo.

Las empresas Asociación de Profesionales de la Tecnología y las Ciencias del Mar y Proservicios Corporativos Globales tienen al mismo apoderado legal.

Personal de la ASF visitó las instalaciones de ambas empresas y encontró que no contaban con ningún empleado, contrataron personal por el régimen de asimilados a salarios para prestar los servicios a la UPSIN y las herramientas, mobiliario y equipo que aparentemente fueron utilizados en la prestación de los servicios fue propiedad del personal contratado por las empresas.

En el IMSS las empresas no cuentan con un registro patronal, trabajadores activos, trabajadores dados de baja, total de cuotas ni total de cuotas por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

A las otras cuatro empresas, la ASF intentó practicar visitas domiciliarias, pero no fue posible notificar los oficios de visita domiciliaria, en virtud de no haber encontrado, en ningún caso, al representante legal, apoderado legal o alguna persona con facultades para atender al personal auditor.

Los auditores solo constataron que los inmuebles de las cuatro empresas existen y tienen similitudes en cuanto a que están constituidos dentro de edificios diferentes, en específico, con departamentos de uso habitacional; en la recepción de los edificios, desconocen que haya empresas, negocios o actividades de uso comercial y por lo tanto desconocieron a las cuatro empresas.

Además, los inmuebles poseen la misma infraestructura, toda vez que, en la entrada de cada departamento, se encuentra una pequeña sala de recepción, sólo hay una persona que informó que efectivamente el lugar corresponde a las personas morales buscadas y señaló que no cuenta con identificación laboral referente a la persona moral a la que presta sus servicios, los inmuebles no presentan logos, insignias o algún elemento que haga alusión a la razón social.

En las supuestas oficinas no se aprecia que se lleven a cabo actividades laborales, comerciales o de cualquier otra índole, así como también se carece de la infraestructura requerida, no cuentan con personal, no se aprecia maquinaria, equipos, dispositivos, aparatos, utensilios o instrumentales, entre otros.

En junio de 2019, los auditores acudieron a Conapesca para verificar y cotejar la información y documentación, así como el funcionamiento de los servicios prestados por la UPSIN, pero la dependencia no exhibió la información. Adicionalmente, señala la ASF, sin proporcionar una razón fundada, no se permitió al personal auditor el acceso a los equipos, plataformas y demás herramientas informáticas donde fueron desarrollados, instalados, establecidos y/o actualizados los servicios correspondientes al Convenio para verificarlos.

“La UPSIN, CONAPESCA y las 7 personas morales subcontratadas por la UPSIN no sustenta ni acreditan el ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales que le fueron pagados por la CONAPESCA en el ejercicio 2018 por un importe total de 31,577.1 miles de pesos”, señaló la ASF.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 31, 577,117.00 pesos (treinta y un millones quinientos setenta y siete mil ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.), por no acreditar la prestación de los servicios. En razón de que no tuvo la capacidad técnica, material, humana y financiera para la prestación de los mismos”.

En la misma auditoría, la ASF encontró irregularidades en otros gastos. La UPSIN no pudo comprobar el ejercicio de un millón 40 mil pesos que le entregó la SEP para el Programa de Desarrollo Profesional Docente.

Para la implementación del modelo de diagnóstico de talento emprendedor Pascal-Fábrica de emprendedores, el Instituto Nacional del Emprendedor entregó 2 millones 25 mil pesos para beneficiar a mil 125 jóvenes. Para implementar el modelo, la UPSIN subcontrató a Catalizador Empresarial, A.C., pero no pudo acreditar que se llevó a cabo el diagnóstico.

La UPSIN presentó el convenio con el Inadem suscrito el 15 de octubre de 2018, pero carece de firmas autógrafas de ambas partes; además, lo firman en la Ciudad de México el 15 de octubre de 2018; sin embargo, al calce se señala que la UPSIN lo firmó electrónicamente el 1 de junio de 2018; es decir, cuatro meses anteriores a su celebración y el Inadem lo firmó electrónicamente el 17 de octubre de 2018; dos días posteriores a su celebración, lo cual no guarda un orden lógico en la consecución de eventos, indica la ASF.

La Universidad tampoco pudo acreditar que realizó el evento Sexto Encuentro de Jóvenes Investigadores por el que pagó 370 mil pesos; y en la Cuarta Edición de Activando el Nervio Creativo: Prototipos de Acción, por el que pagó 200 mil pesos.