SFP da carpetazo al 92% de denuncias contra superdelegados

De acuerdo con información obtenida vía ley de transparencia,181 expedientes de investigación concluyeron por acuerdo de archivo, es decir, que la autoridad no encontró los elementos suficientes para acreditar la falta administrativa.

En 11 expedientes, la SFP determinó que no era competente para conocer de los hechos, mientras que 16 más se encontraban todavía en investigación en el Órgano Interno de Control (OIC) radicado en la Secretaría de Bienestar, que depende de la Función Pública.

El único expediente donde la SFP reportó que había logrado una sanción fue el del delegado federal que despachaba en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Sonora antes de diciembre de 2018, es decir, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los titulares de las delegaciones estatales de programas para el desarrollo tuvieron un papel relevante, ya que fueron los encargados de coordinar y promover los programas sociales federales. Muchos de ellos, después de ostentar este cargo, buscaron alguna gubernatura o un escaño en el legislativo.

En los 32 estados del país hubo denuncias por la forma de operar los programas sociales. La entidad federativa con más quejas fue Aguascalientes, con 17 reclamos entre octubre de 2019 y marzo de 2022. En ese lapso estuvieron como delegados Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, Nora Ruvalcaba Gámez y Silvia Licón Dávila. Consultada al respecto, Licón Dávila dijo que nunca recibió alguna notificación por parte del OIC.

En las dos centenas de expedientes de investigación que abrió la Función Pública tras las denuncias recibidas hay acusaciones por desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y de funciones, inscripción a programas sociales de forma condicionada, solicitud de dádivas o dinero a cambio de la prestación de un trámite o servicio, conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto, entre otros señalamientos.

Para este reportaje se obtuvo una base de datos con las investigaciones que iniciaron los OIC de la SFP en las 32 entidades del país, pero el gobierno clasificó como reservado el nombre de los delegados al considerar que darlos a conocer afectaría la imagen y el derecho a la intimidad de los servidores públicos. La medida fue avalada por el INAI tras un recurso de revisión interpuesto. Los nombres se obtuvieron al cruzar el estado, el cargo y el periodo de servicio.

Reclamos desde el interior

También se obtuvo una decena de expedientes de investigación donde se aprecian los escritos que originaron las denuncias y los estados donde se suscitaron los hechos. Muchas de éstas provienen de los servidores de la nación o empleados de la Secretaría de Bienestar inconformes con las irregularidades observadas dentro de las dependencias.

En una de las quejas, por ejemplo, una denunciante narró que renunció a su trabajo en la Secretaría del Bienestar a petición de Mauricio Hernández Núñez, quien estaba entonces de “superdelegado” en Guanajuato y a principios de este año asumió el mismo cargo, pero en Querétaro. Cuenta que llegó a un acuerdo con él para hacer campaña en favor de la Cuarta Transformación, a cambio de que él le otorgara un apoyo económico mensual y de que, posteriormente, pudiese ser contratada nuevamente, pero esto último no sucedió.

“Les escribo estas palabras porque fue una injusticia. Salí con un acuerdo que los ya mencionados no cumplieron. No me apoyaron económicamente, no me regresaron mi trabajo y ya no pude apoyar a mi pueblo”, se alcanza a leer en un documento sumamente testado entregado por la SFP.

Esta queja fue presentada en diciembre de 2021, pero tras la investigación que emprendió el OIC se desechó bajo el argumento de que no era competente para conocer sobre este asunto porque era de naturaleza laboral.

“Las cuestiones derivadas de la relación laboral o contractual que haya tenido con la Secretaría de Bienestar son cuestiones en materia de trabajo y, por ende, deberán de ser expuestas y sancionadas ante la instancia correspondiente”, se lee en el acuerdo emitido el 30 de marzo de 2022.

En Puebla, durante la gestión de Rodrigo Abdalá Dartigues y Vida Inés Vargas Cuanalo, quienes fungieron como delegados de los programas para el Bienestar, el OIC recibió diversas quejas por enriquecimiento oculto y conflicto de interés, así como incumplimiento a leyes y reglamentos.

En contra de Abdalá Dartigues, quien ha estado al frente de la delegación de Bienestar Puebla en tres ocasiones, se presentaron cuatro denuncias que concluyeron en acuerdo de archivo en su primera gestión, de diciembre de 2018 a finales de agosto de 2021.

Las quejas contra Vargas Cuanalo comenzaron a llegar a las tres semanas de asumir el cargo, a principios de septiembre de 2021. En uno de los escritos fechado el 20 de septiembre de 2021 se denuncia despotismo y abuso de autoridad.

Según se lee en los escritos, mientras los servidores de la nación tenían que cubrir con sus propios medios los costos del material que usaban en los operativos o jornadas del Bienestar, e incluso tenían que realizar colecta para la gasolina de sus coches particulares, otros funcionarios hacían un uso indebido de los vehículos oficiales.

“Los vehículos son para uso personal de gente de la oficina quienes los usan para fiestas y viajes que no son de trabajo, usando los vales de gasolina que se supone son para el trabajo u operativos”, narró un denunciante.

El 30 de enero de 2023, la SFP desechó la denuncia argumentando que los hechos narrados hacían referencia a manifestaciones “aisladas y subjetivas”.

Vargas Cuanalo dejó el cargo el 31 de agosto de 2022 y éste fue ocupado nuevamente por Abdalá Dartigues, quien estuvo en el cargo hasta finales de septiembre de 2023 cuando renunció para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, la cual no consiguió.

Las quejas contra Abdalá Dartigues no solo se registraron en el papel, sino que llegaron a la escena pública cuando en julio de 2022, el entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acusó a Abdalá Dartigues de usar la estructura de Bienestar para fines electorales.

En una rueda de prensa aseguró que el exdelegado, sobrino político del extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, usaba los programas sociales y a los Servidores de la Nación para obtener posiciones dentro de Morena y poder incidir en la definición de candidaturas del partido.

El mandatario dijo entonces que ya había hablado con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para informarle de esto y enviarle pruebas.

A principios de octubre de este año, en conferencia de prensa, Abdalá confirmó que se reincorporará por tercera ocasión como delegado de programas del bienestar en Puebla.

Para este trabajo se buscaron las contrapartes de todas las personas mencionadas, vía canales directos o institucionales, pero sólo se logró una postura que se incluyó en el texto. También se contactó a personal de la Función Pública para hablar de las 209 denuncias, sin embargo, no fijaron postura.

En el ojo del huracán

Los llamados superdelegados empezaron a sumar quejas unos cuantos meses después de haber iniciado el gobierno de López Obrador. De acuerdo con la información proporcionada por el OIC en la Secretaría de Bienestar, a través de la SFP, los primeros registros son de marzo de 2019, cuatro meses después del inicio del gobierno federal.

En octubre de 2019, durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, la entonces titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó que había 12 denuncias contra 10 funcionarios federales por presuntamente haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.

“Estas denuncias están siendo trabajadas con la autonomía técnica y de gestión que corresponde a nuestros Órganos Internos de Control (OIC). Las más importantes han sido asumidas por su servidora en el seno de la Secretaría de la Función Pública, pero también están en los OIC trabajando para procesar las denuncias que se generan sobre nuestros delegados estatales”, aseguró ante los legisladores.

Uno de los delegados contra los que había investigaciones desde entonces era el de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, que asumió el cargo en diciembre de 2018. En noviembre de 2020 renunció para contender por el partido Morena a la gubernatura.

En agosto de 2021, después de haber perdido en las elecciones de ese año ante María Eugenia Campos, se reintegró como delegado, donde finalmente estuvo hasta noviembre de 2023, cuando renunció para buscar un escaño en el Senado, el cual ganó por Morena.

De acuerdo con la información entregada por la SFP, vía solicitud de información, en el tiempo que estuvo como titular en Chihuahua acumuló 14 denuncias por abuso de autoridad, nepotismo, maltrato en la prestación de trámites e incumplimiento en las funciones encomendadas. Todas terminaron archivadas.

Públicamente también hubo denuncias en medios de comunicación contra Loera de la Rosa. Medios de Chihuahua difundieron testimonios de algunos servidores de la nación que lo acusaban de solapar una red de corrupción que vendía afiliaciones para que ciudadanos radicados en el extranjero pudieran ser beneficiarios de los programas del Bienestar.

Consultado sobre las denuncias, Loera de la Rosa aseguró que nunca se usó la estructura de Bienestar indebidamente y que una de las denuncias que provenía de un exservidor de la nación tenía un tufo político con la intención de manchar el trabajo que se hizo en la delegación.

“Eso es parte del golpeteo político… nosotros recibimos indicaciones del presidente López Obrador de que los delegados y toda la estructura ni opinábamos, ni siquiera participábamos en nuestro tiempo libre como afiliados de Morena”, afirmó.

En Colima se iniciaron siete expedientes de investigación por incumplir leyes y reglamentos, desvío de recursos y conflicto de intereses. Uno de estos era por diversas irregularidades en el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social y Natural, que otorga apoyos económicos a quienes han perdido su patrimonio a causa de un desastre natural.

Otra de las denuncias que terminó archivada fue presentada en noviembre de 2019 en contra de la entonces delegada en Colima y ahora gobernadora, Indira Vizcaíno, por posibles hechos de corrupción y malversación de recursos.

En el escrito obtenido vía ley de transparencia se le acusaba de un manejo delictuoso del padrón de beneficiarios de los programas para el desarrollo y de una “injerencia, inducción y posible coacción en el empleo de servidores públicos a efecto de participar en la realización de actos partidistas y de proselitismo”.

También se le acusaba de hacer un uso indiscriminado de los recursos públicos provenientes de los programas sociales para actos partidistas. Sin embargo, en marzo de 2023, el Órgano Interno de Control dictó “acuerdo de conclusión y archivo por falta de elementos” para continuar con la indagatoria en materia administrativa.