El abuso del beneficio de la perspectiva de género en casos judiciales ha abierto un intenso debate en México, luego de que diversas organizaciones y especialistas alertaran sobre el creciente número de denuncias sin fundamentos sólidos que han derivado en afectaciones irreparables para personas inocentes.
En varias entidades del país, las reformas al Código Penal buscan sancionar con penas de prisión a quienes presenten acusaciones falsas de abuso o violencia de género, aprovechándose del marco legal diseñado para proteger a las víctimas reales. Esta medida ha sido impulsada por legisladores y grupos defensores de los derechos humanos que argumentan la necesidad de garantizar un equilibrio en la justicia y evitar que las denuncias infundadas sean utilizadas como herramienta de venganza o presión.
Casos recientes han evidenciado cómo algunas denuncias sin pruebas han llevado a procesos largos y desgastantes para los acusados, quienes ven afectadas sus carreras, relaciones familiares y su reputación, incluso antes de que se dicte una sentencia. En algunos estados, ya se han registrado condenas contra personas que fabricaron acusaciones de abuso, lo que ha puesto sobre la mesa la necesidad de endurecer las sanciones.
No obstante, esta iniciativa ha sido criticada por colectivos feministas y activistas, quienes advierten que la criminalización de las falsas denuncias podría desincentivar a las víctimas reales de abuso a presentar sus casos ante las autoridades. Argumentan que, en un país donde los índices de impunidad en delitos de violencia de género son altos, castigar las denuncias falsas podría generar miedo en las mujeres que realmente necesitan apoyo legal.
El debate sigue abierto y plantea una compleja disyuntiva: ¿cómo garantizar justicia tanto para las víctimas reales como para aquellos que son acusados injustamente?
