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Foto: Agencias .
*Como lo hemos hecho hasta ahora, en MUCD reiteramos nuestro compromiso con los derechos de las personas, en particular de las víctimas del delito, y con su correcto acceso a la justicia
México Unido Contra la Delincuencia . | Ciudad de México | 05 Jun 2025
Las fallas de la elección judicial estuvieron ligadas a su diseño y la implementación de la propia reforma al Poder Judicial.
Resulta muy preocupante el registro de fuerzas armadas en el contexto de las elecciones.
Ciudad de México, 4 de junio de 2025. Las elecciones de jueces, ministros y magistrados realizadas este 1 de junio, que contaron apenas con una participación de entre el 12% y 13% del padrón electoral, demuestran que el nuevo Poder Judicial emanado de este proceso no será representativo de la voluntad mayoritaria de las y los mexicanos, pues casi 9 de cada 10 personas de la lista nominal no acudieron a la elección. Además, se registró un 10% de votos nulos.
El sistema implementó imposibilitó una participación ciudadana informada, plural y significativa, y falló al garantizar condiciones básicas para una deliberación pública y robusta, con acceso equitativo e informado a los perfiles y las propuestas. Esto desalentó a la ciudadanía, dando como resultado una baja concurrencia que desnuda la contradicción entre la retórica oficial —que prometía acercar el Poder Judicial a la ciudadanía— y una práctica que vació de contenido la representatividad prometida.
Además de la baja participación, se observaron vicios de origen ligados al diseño e implementación de la propia reforma judicial, que minaron el carácter democrático de este ejercicio, como la aplicación de criterios geográficos que determinaron que algunos puestos de elección ya estuvieran definidos previo a la jornada electoral; la falta de universalidad del voto al excluir el voto extranjero y de personas privadas de la libertad con derechos políticos vigentes, así como falta de accesibilidad para personas con discapacidad o de habla indígena.
Diversas organizaciones de la sociedad civil denunciamos la insuficiencia de candidaturas para algunos puestos o la postulación de candidatos únicos, sobre todo en las elecciones de los poderes judiciales locales. Aunado al alto nivel de dificultad para votar de forma informada con decenas de candidaturas en las boletas. Durango, Nayarit, Baja California, Aguascalientes, Colima y Tabasco tuvieron elecciones de ratificación de candidatos previamente seleccionados por los comités de evaluación locales.
Aunque la elección no registró un número muy elevado de amenazas a la seguridad o hechos delictivos, los estados de Baja California, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Veracruz y Chiapas registraron falta de instalación de algunas casillas por destrucción de material electoral, robo de documentación, detonaciones de armas de fuego, intimidación a representantes partidistas y presencia de grupos armados. Todos, episodios de coacción del voto.
En un contexto de militarización generalizada de la seguridad y la vida pública, resultó también muy preocupante la presencia encubierta de miembros de la fuerza armada permanente, que fue reportada por medios de comunicación sin que las autoridades ahondaran en las razones de su despliegue y menos de su identificación como civiles, preocupó también la presencia de militares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día de la jornada electoral.
Con este equilibrio, es necesario cuestionar la legitimidad del proceso y mantener el seguimiento y vigilancia sobre sus resultados y su impacto en la reconfiguración del Poder Judicial y el acceso a la justicia. A este día, el avance del conteo preliminar perfila ya que la totalidad de personas que se perfilan a integrar la SCJN son afines al Poder Ejecutivo, pues fueron nominadas por éste en lo individual o en conjunto con el Legislativo, una situación que amenaza con vulnerar la división de poderes, característica esencial de una democracia.
Como lo hemos hecho hasta ahora, en MUCD reiteramos nuestro compromiso con los derechos de las personas, en particular de las víctimas del delito, y con su correcto acceso a la justicia. Seguiremos trabajando para visibilizar las fallas de decisiones de poder que lo afectan y proponiendo alternativas para mejorar la seguridad y la justicia en México.
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