Especialistas y organismos civiles piden que Guardia Nacional garantice el respeto a los derechos humanos

*En su participación, la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque resaltó la necesidad de hacer frente de manera efectiva a la inseguridad, sobre todo porque los conflictos al interior de las entidades tienen mayor impacto en mujeres y niñas

| | 11 Ene 2019

En la séptima mesa de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional se abordó el tema de la seguridad humana; intervinieron representantes de Onu-Mujeres, México Unido Contra la Delincuencia, Consejo Coordinador Empresarial, Observatorio Nacional Ciudadano, así como diversas asociaciones civiles y especialistas en el tema, quienes subrayaron que es fundamental que el organismo que se pretende crear garantice el respeto a las garantías individuales.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) destacó el compromiso de las mujeres por la defensa de los derechos humanos; por eso, agregó, “daremos la batalla para que la Guardia Nacional tenga modificaciones, pues si bien muchos la aceptan, la mayoría no quiere que se encabece por las fuerzas militares”.

Dijo que estas instituciones son respetables, pero “no puedo aceptar posiciones maniqueas por parte de absolutamente nadie, porque ellas también han cometido muchas violaciones a derechos humanos y tenemos que hacernos cargo de eso y de los agravios de otras fuerzas, como las policías federales”.

Afirmó que se garantizará la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos y los protocolos que sean necesarios en este tema. Además, se le debe dar garantías individuales a las policías y a las mujeres que participan en el Ejército, pues “el acoso y prostitución que se generan en estas instituciones es brutal; tenemos mucho trabajo”.

Del PAN, la diputada Laura Rojas Hernández resaltó el valor de estas Audiencias Públicas y el de los procesos de Parlamento Abierto. “Nos queda claro que el consenso generalizado es la necesidad de que no tenga el mando militar sino civil; me da muchas esperanzas que los diferentes grupos parlamentarios se han manifestado en ese sentido”.

Mencionó que se ha profundizado sobre la naturaleza, el enfoque y el diseño institucional de la Guardia Nacional. “Que no puede investigar delitos del fuero común, tiene que estar acotada en territorio, en tiempo y a ciertos delitos o circunstancias, condiciones, que realmente hagan necesaria su presencia y su actuación como un cuerpo de excepción, y que en lugar de invertir tanto en ella se solucione el problema de fondo.

“Estaremos impulsando este enfoque, en los próximos días en el periodo extraordinario de sesiones, la siguiente semana, para discutir este tema; esperemos podamos construir entre todos los grupos parlamentarios un mucho mejor dictamen, que atienda la emergencia, pero con el compromiso de atender los temas estructurales para poder tener mejor seguridad pública en el país”, añadió.

Por el PRI, la diputada Dulce María Sauri Riancho agradeció a quienes han acudido a estas audiencias a efecto de nutrir este dictamen. Posteriormente pidió a algunos de los participantes que detallaran sus respuestas, en especial respecto de los requisitos para quienes integrarán la Guardia Nacional.

Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada del PRD, sostuvo que lo que se propone con esta Guardia Nacional es la continuidad de la guerra contra el narcotráfico y afirmó que se requiere una estrategia integral que abarque todos los niveles; en donde haya repuestas y se utilicen todos los recursos, en acompañamiento con la sociedad para alcanzar una paz sostenible y duradera.

La diputada de MC, Julieta Macías Rábago resaltó que los militares y marinos no son policías y tienen una formación y funciones distintas. Pidió conocer de ex militares el panorama que se visualiza en caso de aprobarse la Guardia Nacional en los términos actuales, en donde se plantea una intensa participación e involucramiento del Ejército y la Marina.

En su participación, la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque resaltó la necesidad de hacer frente de manera efectiva a la inseguridad, sobre todo porque los conflictos al interior de las entidades tienen mayor impacto en mujeres y niñas.

A pesar de la poca disponibilidad de datos oficiales en el país, se tiene suficiente evidencia para afirmar que las mujeres y las niñas son especialmente objeto de violencia sexual; niñas y adolescentes representan la mayoría de personas desaparecidas menores de 19 años, y el desplazamiento forzado afecta de modo desproporcionado a este género, particularmente en zonas indígenas y rurales.

Además, precisó que dentro del contexto de inseguridad, en el 2017 ocurrieron 3 mil 314 defunciones femeninas con presunción de homicidio en México, lo que implica que un promedio de nueve mujeres fueron asesinadas por día; por ello, es importante que la estrategia de seguridad garantice la plena protección de las mujeres y las niñas, aseveró.

Respecto de la propuesta que crea la Guardia Nacional, recomendó establecer expresamente que las funciones de los cuerpos de seguridad se desarrollen con perspectiva de derechos humanos y de género. Asimismo, señalar que la integración de las corporaciones se haga de forma paritaria y se establezcan medidas afirmativas para su consecución.

Recomendó que en el diseño, elaboración y evaluación de las tareas de los cuerpos de seguridad participen organizaciones y movimientos de mujeres. Finalmente, establecer el subsecuente desarrollo de protocolos específicos para la prevención y atención de la violencia contra mujeres y niñas.

Lisa María Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, estimó que aunque a la Guardia Nacional se le doten de capacidades constitucionales y jurisdiccionales para investigar delitos y coadyuvar con ministerios públicos, todos aquellos casos que logren llevarse al sistema de justicia llegarán a un “penoso embudo que es incapaz de resolver transgresiones que se cometen”.

Señaló que la guardia no cambia la estrategia de prevención, persecución y sanción del delito, pero sí logra la creación de una corporación cuyas atribuciones y limitaciones en materia de funciones, objetivos y entrenamientos quedan poco claras.

“La propuesta presenta problemas como la falta de subordinación efectiva al mando civil, reclutamientos imposibles que, incluso, saltan los requisitos tradicionales de la seguridad pública, como los controles de confianza, evaluaciones de desempeño y las obligaciones de transparencia”, comentó.

El general de división retirado, Luis Garfias Magaña, explicó que las policías militar y naval no son igual a las corporaciones de afuera. “Las fuerzas castrenses tienen funciones muy diferentes a las que realizan los policías de la calle”.

Sin embargo, sostuvo que “las policías civiles son totalmente, o casi inútiles. Es importante decir que hay más policías que soldados, pues son más de 300 mil, por 250 mil soldados y marinos. Pero preguntó para qué sirven, cuando todos los días vemos robos y asesinatos”.

“Y no habrá que mezclar al Ejército ni a la Marina con la población civil. Cada quien en su lugar. Y la policía nacional, como está en Francia y otros países, ahí está y es una institución admirable, respetable profundamente”, agregó.

Lilian Chapa Koloffon, investigadora de Wordl Justice Project México, dijo que si el diseño de la Guardia Nacional se aprueba tal y como está en el dictamen, la señal enviada desde el gobierno federal será la de renunciar a formar corporaciones civiles de seguridad pública.

Subrayó que la guardia no sería una policía, sino una fuerza militar con funciones que le son ajenas. “Tan no es una corporación policiaca, que en los requisitos para el reclutamiento no está el control de confianza”.

Añadió que el mando y naturaleza de las fuerzas armadas es salvaguardar la integridad y continuidad del Estado mexicano, pero la seguridad pública es una función para proteger libertades, derechos y la integridad de la ciudadanía.

Jaime Domingo López Buitrón, representante del Consejo Coordinador Empresarial, mencionó que la Guardia Nacional por sí misma no va a resolver el grave problema de inseguridad del país, pero consideró delicado y preocupante que esta propuesta no contemple el fortalecimiento del nuevo sistema penal acusatorio, a la creación de una clave única de identidad ciudadana, la profesionalización policiaca, ni robustece las capacidades del Estado en materia de inteligencia financiera y combate del crimen organizado.

Enfatizó que la Guardia Nacional tiene que estipular la participación permanente de la sociedad civil y clarificar las definiciones sobre seguridad nacional, pública, interior, exterior, privada, humana, así como la defensa nacional y exterior, e incluso ciberseguridad.

Erubiel Tirado Cervantes, especialista en Seguridad Nacional, destacó que la Guardia Nacional implica un riesgo para la democracia y la consolidación de la transición en materia de respeto a los derechos humanos.

Indicó que en el país nunca ha habido una supremacía civil plena, desde el momento que las políticas de defensa, la organización castrense y los presupuestos siempre han sido definidos por los militares, por lo tanto el nuevo modelo debe definir la función del Congreso en los mecanismos de control y supervisión.

Héctor Larios Santillán, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que hoy más que nunca es necesario encontrar la solución que permita abatir los índices de violencia e inseguridad, esto sólo se logrará mediante un esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad.

Enfatizó que el dictamen que dará origen a la Guardia Nacional debe incluir los organigramas de las instituciones de la seguridad, la procuración de justicia y del sistema penitenciario y estipular acciones de la prevención del delito; además, plasmar la responsabilidad directa de los gobiernos estatales y municipales de proveer la seguridad de los ciudadanos, a través de la profesionalización de sus corporaciones policiales.

Dolores González Saravia, directora de Serapaz, consideró que sí es necesario diseñar una estrategia integral de seguridad de largo alcance con un enfoque de seguridad humana; es decir, que atienda los diversos componentes de la democracia.

Enfatizó que el nuevo modelo de seguridad debe impulsar el desarrollo humano y la paz, fortalecer el Estado de derecho, con apego a los derechos humanos, con transparencia y rendición de cuentas y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Georgina Alejandra Bujanda Ríos, diputada local de Chihuahua por el PAN, expresó que es la oportunidad de definir la política pública de seguridad y justicia más importante del país, y pidió tomar en cuenta las opiniones para enriquecer el dictamen, así como “lograr la seguridad y la paz que tanto anhelamos y que nos merecemos las y los mexicanos”.

Indicó que la Guardia Nacional debe estar diseñada como parte de un sistema, no como para neutralizar riesgos y amenazas. Planteó construir una seguridad concretamente ciudadana, con carácter democrático de derecho, en donde las instituciones tengan un mando civil, claridad, definición funcional, sistema, controles democráticos y respeto al federalismo.

La directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres, Isabel Erreguerena, resaltó que un estudio de la población penitenciaria de mujeres en 2016, denunció que el 41 por ciento de las mujeres violadas en la detención fueron por la Marina, 21 por ciento por el Ejército y 13 por ciento por elementos policiacos.

La siguiente afectación documentada es la desaparición forzada, donde nueve de cada diez personas que buscan desaparecidos son mujeres; es decir, que este sector se enfrenta al sistema de justicia ineficaz. “Ante este panorama nos parece insuficiente lo que establece el tercero transitorio respecto a la formación de perspectiva de género”.

Ixchel Cisneros, directora de la iniciativa “El Día Después” subrayó que la estrategia militar en materia de pacificación del país no ha funcionado. En principio se tienen 250 mil personas muertas y 37 mil desaparecidas.

“Con la Guardia Nacional no gana la ciudadanía, las víctimas de la violencia, las bases de las fuerzas armadas que no quieren estar en la calle enfrentándose a los criminales; sólo ganan las élites militares, a quienes se les da presupuesto y poder constitucional. Este nuevo modelo no resuelve los problemas y aunque les duela es sólo darle continuidad a la estrategia de las administraciones pasadas”.

Samuel Ferrer Palacios, presidente del Colegio Nacional de Ciencias Forenses y Deontología Médica, propuso que se cree la universidad de la policía y la seguridad para que al final de cinco o seis años “se tenga la doctrina de la policía de la seguridad nacional”, en los integrantes de la Guardia Nacional.

María de Haas Matamoros, especialista en política y seguridad afirmó que el proyecto de la Guardia Nacional respeta el statu quo del poder político democráticamente elegido y constituido en México; sin embargo pidió a los legisladores revisar el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, así como el 5o y 6o de la Ley Orgánica de la Armada de México, donde se aclara que el Presidente es el mando supremo.

Exhortó al Congreso a atender las causas del delito, que se dote de institucionalidad a las coordinaciones de esta Guardia Nacional y se asegure la cooperación de los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión, pero, sobre todo, de la ciudadanía, en su obligación de mantener la paz social y el orden interno del país.

En el marco de las audiencias públicas se transmitió el documental “Hasta los Dientes”, dirigido por Alberto Arnaut. Participaron con sus comentarios las diputadas de Morena, Tatiana Clouthier Carrillo y Sandra Paola González Castañeda, así como el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce; Martha Tagle Martínez (MC) y María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD). Fungió como moderador el actor y director Diego Luna.