Ticos cierran la puerta a dos narcos mexicanos

Habitantes de una colonia de San José impiden que se les aplique arresto domiciliario

Agencias . | San José, Costa Rica | 20 May 2011

Decenas de habitantes de una colonia de la capital de San José, en Costa Rica, impidieron que dos mexicanos ligados con el narcotráfico que están bajo proceso penal fueran arraigados en un domicilio.

El hecho es prácticamente inédito en México, pero en Costa Rica, el caso mantuvo altamente activos a vecinos y a los principales medios del país durante todo el jueves.

En el caso están involucrados los dos mexicanos que fueron detenidos tras el accidente de una avioneta en el cañón del río Torres que transportaba 177 kilos de cocaína en octubre del 2010. Los mexicanos Rubén Martínez Trujillo y Elvis Mendoza Rivera.

Decenas de vecinos de Guadalupe, en el cantón de Goicoechea (en el sector norte de la capital) levantaron barricadas y amenazaron con oponerse por la fuerza al ingreso de los mexicanos a su barrio, donde su abogado les había alquilado una vivienda.

Los vecinos declararon que con la llegada de los mexicanos, la colonia se exponía fuertemente a un posible atentado de otro grupo criminal o un intento de rescate de algún bando del crimen organizado.

En Centro América, Los Zetas y el Cártel de Sinaloa se disputan el trasiego de drogas que vienen desde Colombia y otras partes de Sudamérica.

El lunes, la jueza Kattia Jiménez ordenó, por un periodo de cuatro meses, la casa por cárcel para los mexicanos.

La Fiscalía de Costa Rica aún no formula la acusación tras siete meses de investigación.

Desde octubre pasado los sujetos, Martínez Trujillo y Mendoza Rivera, se encontraban en prisión preventiva.

El jueves tendrían que haber dejado ese estatus, pero la presión de los medios y la población forzó a las autoridades judiciales a remitirlos de nuevo a la prisión.

Un Juez Penal resolvió mantenerlos en el centro penitenciario La Reforma, hasta tanto no se pueda señalar un domicilio que cumpla los términos solicitados por un juzgado distrital.

La fiscalía argumentó que la vivienda propuesta para el arresto domiciliario no reunía las condiciones de seguridad para que la policía vigilara adecuadamente a los sospechosos de narcotráfico. Además estas condiciones ponían en riesgo a los imputados, vecinos y miembros de la Fuerza Pública, de acuerdo con La Nación de Costa Rica.