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*Exigimos a las autoridades mexicanas llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos y, en su caso, a llevar a aquellas personas sospechadas de responsabilidad penal ante tribunales, en juicios justos
comunicado oficial . | Ciudad de México | 25 Jun 2016
Amnistía Internacional expresa su enérgica condena a la agresión ejercida por personas no identificadas en contra de integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, el pasado 22 de junio del presente año.
La agresión con armas de fuego provocó el fallecimiento de José Jesús Jiménez Gaona y dejó gravemente herida a su esposa Francisca Vázquez Mendoza. Ambos se unieron a la brigada para realizar la búsqueda de su única hija Jenny Isabel quien desapareció el 25 de mayo del 2011 en Poza Rica, Veracruz.
Cabe destacar que, el pasado 15 de junio, el señor José Jesús Jiménez y la señora Francisca Vázquez representaron a su colectivo en una reunión con funcionarios federales y estatales para exigir una estrategia de atención ante los casos de personas desaparecidas en Veracruz.
En esa reunión, José Jesús Jiménez fue designado como observador de las actuaciones de la Fiscalía estatal relacionadas con la investigación y búsqueda de personas desaparecidas en la región de Poza Rica.
De manera preocupante se observa una vez más actos en contra de los familiares de personas desaparecidas, entre los que ya hemos observado actos de intimidación y presión indebida sobre los familiares de las víctimas.
Exigimos a las autoridades mexicanas llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos y, en su caso, a llevar a aquellas personas sospechadas de responsabilidad penal ante tribunales, en juicios justos.
Igualmente llamamos con urgencia a las autoridades para que lleven a cabo todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Francisca Vázquez Mendoza.
Recordando a las autoridades que tienen la obligación de respetar los derechos de las víctimas y la labor legítima de los defensores y defensoras de sus derechos humanos.
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